Quedó firme la condena a Juan José Canosa y debe dejar la función pública

Juan José Canosa debe prepararse para dejar su cargo de asesor jurídico en la Cámara de Diputados de la provincia. El 14 de junio, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un nuevo recurso de queja interpuesto por sus defensores, contra la confirmación de su condena por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez pretendían que les abrieran el camino de la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario federal.

La última decisión de la Sala Penal confirmó la condena a Canosa y, de ese modo, deberá dejar su función en la Cámara baja, tal como se contempló con la sentencia dictada en 2018. El vocal que emitió su voto en primer lugar fue Miguel Ángel Giorgio, sostuvo: “El recurrente insiste con reeditar el planteo, ya receptado y tratado en las instancias anteriores, de la arbitrariedad de sentencias; pretensión que basa en la no fundamentación a la hora de descartar el argumento defensivo consistente en la imputación de un hecho atípico”.

Y agregó: “En esta inteligencia, la defensa sostiene una ausencia de motivación, pasando por alto el tratamiento dispensado por el Sr. Vocal que comanda el acuerdo casatorio, quien -como ya afirmamos en oportunidad de rechazar el Recurso de queja incoado- ha argumentado sólida y suficientemente sus conclusiones; por lo que los agravios defensivos se traducen en una clara disconformidad con las respuestas dadas, propia de su particular interés y de inconcebible discusión en esta instancia”, publicó el portal Análisis.

Los vocales Claudia Mizawak y Martín Carbonell, a su turno, adhirieron al voto de Giorgio. De ese modo, denegaron la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por los defensores técnicos de Canosa, contra la sentencia dictada por esta Sala Nº 1 en lo Penal en fecha 9 de febrero del corriente año.

 

La condena                               

 

El ex presidente de Sidecreer fue condenado en septiembre de 2018 a tres años de prisión, de cumplimiento condicional. También fue inhabilitado especialmente para ejercer cargos públicos, de manera perpetua.

El tribunal que arribó a la sentencia en primer término estuvo compuesto por Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Alejandro Cánepa. Los jueces de primera instancia, coincidieron con la hipótesis fiscal en cuanto a la condición de Canosa como funcionario público. Ese fue un punto clave de discusión en el debate, porque Canosa terminó condenado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La Fiscalía había pedido cinco años y medio de prisión al entender que mientras fue presidente de la tarjeta con participación mayoritaria de dos empresas del Estado provincial (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social -IAFAS- e Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos -IAPSER-), Canosa incurrió en un delito por beneficiar con contratos a empresas de familiares y amigos.

Puntualmente, la acusación pública le achacó al abogado tres hechos:

1) Desde el 21 de diciembre de 2007 hasta el 10 de diciembre de 2015, siendo presidente del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer S.A), Canosa compró insumos informáticos a su cuñada Alicia Susana Cuestas (pareja de Carlos Alberto Canosa); a la hermana de ésta, María José Cuestas; y a su esposo, Diego Aníbal Urba, a través de la firma Excelcom SA.

2) Desde el 21 de diciembre de 2007 hasta el 10 de diciembre de 2015 Canosa dispuso la compra de indumentaria a Mirta Graciela Gueler, suegra de su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la firma Texmer.

3) Desde el 21 de diciembre de 2007 hasta el 10 de diciembre de 2015 Canosa contrató con la empresa constructora “JDR Construcciones”, de José Daniel Romero quien se encuentra casado con María del Carmen Paul, hermana de la madre del ex titular de Sidecreer, a fin de realizar distintas obras de construcción, electricidad, pintura y/o carpintería.