.
Terraplén km 43: ¿Es un cambalache la gestión ambiental del Delta?
.
Por Jorge Daneri (*)
El terraplén o los terraplenes que se ubican a la altura del kilómetro 43 de la ruta-puente que vincula Victoria con Rosario, comienza a visualizarse como la nueva Bema Agri del Delta (1), quizás el mayor emprendimiento agrícola de pampeanización del sector norte del Paraná inferior, para otros en transición entre el Paraná medio e inferior. La Justicia de Entre Ríos dictó una sentencia ejemplar en el caso de dicha iniciativa liderada por esta empresa de capitales de los Países Bajos.
Esta sentencia judicial firme es plenamente aplicable al caso del kilómetro 43 (2). ¿Cuáles son las razones para que la impunidad perdure y sea más duradera que el intento de protección de la sustentabilidad y libertad del río que la constitución provincial reformada dispone?
La Constitución de Entre Ríos ordena: “Artículo 85º. Los recursos naturales existentes en el territorio provincial corresponden al dominio originario del Estado entrerriano, que ejerce el control y potestad para su aprovechamiento, preservación, conservación y defensa. … El Estado propicia por ley la creación de áreas protegidas, sobre la base de estudios técnicos. … El agua es un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas… La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados. El Estado asegura la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las selvas ribereñas y de las especies autóctonas, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica”.
Ilegales
La Municipalidad de Victoria, por medio de su asesoría letrada ha emitido por lo menos ocho dictámenes que demuestran la ilegalidad de la obra de endicamiento del área del kilómetro 43. También realizado denuncias por la presencia de maquinaria pesada en plena pandemia y violando la resolución de la Justicia Federal que, en el escenario de los mega incendios, los prohíbe.
Es un dato no menor destacar que este terraplén en construcción fue detectado por la Delegación de Islas de Victoria durante el año 2012. El expediente iniciado en dicha instancia, estuvo guardado bajo más de una llave, escondido, “olvidado”, descansando, dormido, oculto, no se sabe bien su proceso de paz interior, hasta que, durante el año 2018, fue rescatado por la renovada asesoría legal de la Municipalidad.
Los dictámenes expuestos, en el marco de los ocho expedientes administrativos, fueron elevados hace dos años a la Secretaría de Ambiente de la Provincia, donde se solicita concretamente que la Provincia disponga la demolición inmediata de éste como otros terraplenes que se ubican dentro del Ejido de Victoria en la región insular.
Los textos del área legal de Victoria exponen que se violan ocho leyes provinciales y la autoridad de aplicación de las mismas, es atribución y por lo tanto responsabilidad del Estado Provincial. El Municipio expone que ha tenido una actitud dinámica y proactiva frente al emprendimiento ilegal del Kilómetro 43, como en el contexto del conjunto de los terraplenes privatizadores de las aguas públicas provinciales. No sucede lo mismo en los ámbitos provinciales de la gestión de gobierno. Nada hasta el día de la fecha, nada notorio, nada que tenga la publicidad y transparencia del agua cada día más ausente en el gran valle de inundación de nuestro delta. Más aún en el sistema de humedales violado en su esencia e identidad por los señores feudales de los muros apropiadores de ríos, riachos y arroyos públicos, es decir, del pueblo todo (3). Es que estos riachos, arroyos van reconfigurando su propia esencia en función de las bajantes y crecientes. De lo que no existe duda es que están en el valle de inundación del gran río y que son parte del dominio público de la provincia de Entre Ríos, como tan claramente lo detalla en toda la normativa aplicable, la Sentencia del caso Bema Agri, siempre una pieza jurídica inapelable, cada vez que debemos volver sobre estos delicados e impunes asuntos.
Lo sorprendente en este cambalache vigente hasta la fecha es que el área de humedales que nos ocupa es un área natural protegida reconocida por lo menos por dos leyes. ¿Y entonces?
La autora de la última de ellas, la Ley provincial Nº 10.671 que específica el sector sobre el ejido municipal de Victoria, es la actual vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta. Iniciativa relevante para profundizar su protección ambiental como su sustentabilidad; más aún después de las graves consecuencias que el área experimenta producto de los impactos negativos del viaducto realizado sin estudios serios de impacto ambiental previos a la obra de mega ingeniería vial durante el Menemismo, entre otros impactos ecológicos y sociales.
¿Cuáles son las razones para que los procesos de demolición no se inicien? ¿Cuáles son las razones para que los cursos de agua no sean liberados? ¿Cuáles son las causas que impiden que los pescadores, los ciudadanos, puedan circular libremente por los mismos? O será que el “Señor Privatizador del Delta”, es decir el fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, ¿no tiene interés alguno en que esos procesos se resuelvan de inmediato?
Seguramente el “Señor súper fiscal” tiene más interés en los puertos en manos de las corporaciones del agronegocio y de las mismas sobre el delta y la hidrovía, que, en procesos de recomposición ambiental del delta y su perdurabilidad en los tiempos, eso que algunos doctrinarios y nuestras constituciones denominan la protección de la equidad intergeneracional.
No, no, la mirada es cortita. Tiene el color de los dineros de pocos. El Delta podría ser un espacio fantástico para una reforma agraria agroecológica a escala humana liderada por las juventudes.
El Delta podría ser una celebración de la Pachamama con textura de aguas y esperanzas de cooperativas de pescadores, decenas, de gestión de cuencas desde la democracia participativa en su máxima plenitud. Podría ser un paraíso de unidades productivas de línea de dignidad.
El Delta no es para unos pocos productores de arroz, soja o carne y con los puertos en sus manos y asociados al mega agronegocio de exportación. El delta es un escenario para una política activa de justicia social y ambiental. Podría ser una revolución en paz, un ejemplo para Sudamérica.
Ahora está en manos de apropiadores de aguas públicas y una Fiscalía de Estado que no representa ni defiende el programa constitucional provincial sobre ambiente y sustentabilidad.
Existe sí, una esperanza en observación. La nueva conducción de la Secretaría de Ambiente a cargo de la ingeniera Daniela García, una profesional competente y conocedora de la gravedad de los procesos denunciados, y la gestión profesional y política del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS) desde la coordinación ejercida por el Ministerio de Ambiente de la Nación. De igual manera, los tiempos se acortan de una manera casi efecto cascada, sin olvidar los casos judiciales en trámite en el más alto Tribunal de la República.
¿Será que al gobernador le pueda caer la ficha aquí? ¿Será necesario que la vicegobernadora pueda conformar una conversación política de alta escuela con el mismo, para que la dignidad del Delta y sus diversidades culturales y ecológicas vuelvan al lugar que la madre tierra le ha legado? Que así sea, por favor, que así sea.
(*) Jorge Daneri es abogado ambientalista, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) Fundación La Hendija.