El testimonio del sepulturero que en dictadura debió enterrar cadáveres NN en Entre Ríos

El cementerio de Villa Paranacito está rodeado de agua por su frente. Es el Arroyo La Tinta que lo abraza en su recorrido hacia el río Uruguay. Por allí ingresan los visitantes que vienen en lancha; los que llegan por tierra, entran por atrás.

Es chiquito, austero. Tiene dos pequeños edificios con nichos y uno más pequeño aún con dos habitaciones, donde años atrás funcionó una morgue. Las tumbas se distribuyen en dos sectores: el “alto” y el “bajo”. Todo en referencia al agua. La distribución de las tumbas es cronológica, según se observa en casi todas. Porque una decena carece de fecha y de nombre; en algunos casos hasta de señalización. Son enterramientos NN que, desde hace algunos meses, se convirtieron en la pista más fuerte para dar con restos de vuelos de la muerte de la última dictadura cívico militar eclesiástica. Y están por ser exhumados, consignó Página /12 en una crónica publicada el domingo pasado.

“Yo no me voy a llevar esto conmigo”, dice Román Venencio, sacudiendo el dedo índice de una de sus manos. La otra sostiene la gorra celeste que un rato atrás cubría su cabeza de pelos lacios y duros, y le protegía del sol la cara, de piel dorada y surcos profundos. Es isleño desde siempre y trabajador del cementerio jubilado desde hace algunos años. Lo que no quiere llevarse consigo son esos muertos que enterró entre los 70 y los 80, sin saber “absolutamente nada”. “Yo cumplía órdenes, pero siempre me dieron no sé qué, por eso les ponía una cruz. No tengo idea de qué pasó con esa gente, pero yo digo lo que sé, que están acá”, aclara una y otra vez. Está nervioso, pero “aliviado de poder contar” aquello que vivió hace tantos años y que nunca olvidó.

Venencio tiene 77 años y acompaña a la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta; al director de Derechos Humanos de Gualeguaychú, Matías Ayastuy, y a este diario en una recorrida por el cementerio de Villa Paranacito. El objetivo es ubicar las tumbas NN que, en las próximas semanas, serán exhumadas y analizados los restos que haya allí por el Equipo Argentino de Antropología Forense. El pedido lo realizó Minatta al juez federal Pablo Seró, que tiene a cargo la investigación sobre aviones, helicópteros y barcos que “descartaron” en las aguas del Delta entrerriano cuerpos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.

La pista es la más firme que hay, por el momento, en la pericia judicial que comenzó con la denuncia de un policía local en 2003 y recién tomó impulso, por voluntad de Minatta, hace un año. Había inhumaciones NN en los cementerios de Gualeguaychú y de Ibicuy; había certificados correspondientes registrados en los municipios de cada lugar. Sin embargo, esos restos fueron pasados a osario hace dos años. “Llegué tarde”, se lamentó la fiscal.

 

El mapa

 

“Estos cuerpos llegaron en el lanchón de Prefectura”, confirma Venencio. Dice que a él le daban “órdenes” de enterrarlos. No llegaron todos juntos, pero todos más o menos igual: en bolsas negras que permitían adivinar de qué lado estaban los pies del cuerpo y de qué lado la cabeza. También, al manipularlos, notó que los pies de los cuerpos estaban atados. Los fue enterrando uno al lado del otro. Cuando vio que eran “varios” decidió armar un mapa del cementerio “para poder identificar bien en dónde quedarían luego”. Jura y perjura que ese mapa lo terminó y lo entregó al Municipio.

La fiscal Minatta solicitó documentación a las autoridades, con Gabriel García al frente de la intendencia. Solo lograron encontrar un “libro de tapas azules” que tiene el registro de las inhumaciones, pero recién a partir de 1984 y “de una manera muy confusa”. Villa Paranacito es municipio desde ese año. Antes, la ciudad fue gestionada por una junta vecinal que, durante la dictadura, fue conformada por militares. El cementerio, en aquellos años, era administrado por una comisión de vecinos. Venencio era “empleado” precario de esa comisión y hacía de todo: “Era encargado, sepulturero, cuidador, hacía de todo”, indica Minatta. Luego fue “blanqueado” por la comuna. Como sea, ese mapa ya no está. Se sospecha que se perdió o está “escondido” en las alturas del edificio de Obras Públicas local, una costumbre que abrazaron pobladores y pobladoras de la ciudada para no perder información en las inundaciones.

“En el mapa está todo, todo, todo”, insiste Venencio, que se enoja con su memoria al no poder situar los hechos en un año certero. Siguen la línea de sepulturas identificadas y fechadas entre 1975 y 1980, lo que, acorde a la indicación de la historiadora local, permite inferir que fueron realizadas en tiempos de secuestros y desapariciones. El sepulturero puede, eso sí, acomodar en una línea de tiempo esos enterramientos de los otros que realizó en la época. Porque hubo más.

 

La importancia de los cuerpos

 

Es “fundamental” el hallazgo de cuerpos, dice la fiscal, que logró recoger decenas y decenas de testimonios de pobladores del delta que recuerdan o oyeron a familiares contar acerca de aviones y helicópteros arrojar “bultos” a los ríos y montes; acerca de cuerpos flotando en el agua o trancados en muelles u orillas. De hecho, la convocatoria lanzada por la Dirección de Derechos Humanos de Gualeguaychu para dar con más relatos y algún indicio de enterramientos clandestinos en la zona sigue vigente. “Además de determinar el destino de un desaparecido o una desaparecida para su familia, que tanto esperó Justicia, un resto puede decirnos de dónde venían las demás víctimas, dar con más víctimas, identificar responsables, seguir aportando verdad”, apunta.

El cementerio y el centro de Villa Paranacito están recostados a la vera del Arroyo La Tinta, manso, de cauce pequeño comparado con el Paraná Guazú, el Paraná Bravo, el Río Sauce, los ríos que atraviesan al pueblo --que supo tener 20 mil habitantes y hoy tiene poco más de cuatro mil-- y por donde aparecieron los cuerpos en los 70 y 80. “Están más adentro, son aguas más caudalosas, correntosas, profundas y con desembocadura al Río Uruguay. Son aguas que se llevan todo”, asegura Silvia Mahl, que suma: “Es como si hubieran sabido que debían tirarlos por esa zona para que no aparecieran”.

El expediente que maneja Minatta, y que cuenta con la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación --representada por Lucía Tejera-- reunió decenas y decenas de testimonios de pobladores de aquella época y de familiares de pobladores que comparten recuerdos de cuerpos aparecidos en el agua, en el monte, colgando de los árboles, en tambores. Además de la exhumación, se espera que en las próximas semanas tenga lugar una excavación en la zona del Río Paraná Bravo donde, según el testimonio del ex policía Jorge Guardia, la familia Figueira enterró un tambor de 200 litros ahí mismo donde apareció para generarles estupor: contenía un cuerpo humano trabado con cemento.

En tanto, están avanzadas las conversaciones con Ricardo Perciballe, fiscal de Montevideo especializado en crímenes contra la humanidad de Uruguay, para armar un equipo conjunto de investigación que vuelva a repasar testimonios y hallazgos de restos en las costas del país vecino.