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Diario El Argentinoviernes 29 de marzo de 2024
Policiales

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Presentaron pedidos de jury contra el Procurador General y la Adjunta

Presentaron pedidos de jury contra el Procurador General y la Adjunta

Jorge Amílcar García y Cecilia Goyeneche.


Los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron ante el Jurado de Enjuiciamiento sendos pedidos de jury -con la accesoria de apartamiento temporal de sus funciones mientras dure la investigación- del Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y de la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche.

Goyeneche ya tiene una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento formulada por el abogado Carlos Reggiardo, que ya intentó, sin éxito, remover al Procurador.

En un texto de 100 páginas, Pagliotto y Mulet desarrollan sus cargos contra el Procurador y la Procuradora Adjunta, a quienes reprochan mal desempeño, incumplimiento de deberes funcionales y graves desórdenes de conducta, lo que también podría llegar a constituir, eventualmente, conductas tipificadas en el Código Penal, lo cual abriría la posibilidad de iniciar una Investigación Penal Preparatoria a ambos altos funcionarios.

A Goyeneche le endilgan su participación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, siendo a la vez socia de uno de los investigados. “Concretamente se acusa a la Dra. Cecilia Andrea Goyeneche por las causales previstas en el art. 15º inc. 6 y 9 de la Ley Nº 9283 y al Dr. Jorge Amílcar Luciano García  de estar encuadrado en la causal del art. 15º inc. 4° y 9° de la citada ley -falta de vigilancia del movimiento general de la causa a cargo de su subalterna, y de no ejercer los inexcusables deberes a su cargo al no apartarla para que continuara con la investigación” de la causa Contratos, expediente “del cual objetivamente surgía que tenía intereses y como se desarrolla más abajo en este memorial, comportamiento omisivo que también encuadra en mal desempeño en sus funciones, a tenor del inc. 9 del art. 15º de la ley de enjuiciamiento”, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

La acusación dice: “En fecha 7/12/2018, en ocasión de llevarse a cabo ante la jueza María Carolina Castagno la audiencia pública y videograbada para tratar el recurso de apelación deducido por las defensas técnicas de los ciudadanos imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure con motivo de haberse dictado la prisión preventiva de ambos por parte de la jueza de Garantías Marina E. Barbagelata, la Procuradora Adjunta Cecilia A. Goyeneche, fungiendo a unísono de Fiscal Anticorrupción (designada por el propio Procurador General, obviando la clara manda constitucional local del art. 208º), enfáticamente niega, a la vista y oídos de todos, tener vínculos comerciales o societarios de ninguna naturaleza con el imputado en esa causa, Cr. Pedro Eduardo Opromolla, a raíz de una nota publicada en fecha 05/12/2018 en el matutino El Diario de Paraná (escrita por el periodista Néstor Bellini) en la que se daba cuenta de que el aludido encartado y la referida Procuradora Adjunta, eran condóminos o copropietarios de un inmueble (departamento) sito en calle 9 de Julio Nº 165 de la ciudad de Paraná, lo que la Dra. Goyeneche atribuyó enfáticamente a una furibunda campaña de desprestigio montada contra los investigadores de este caso por parte de las defensas y ciertos medios de prensa, habiendo usado en la ocasión la estridente frase: ´Es falso su señoría´, discurso que es de público y notorio conocimiento y que se acompaña como prueba con este memorial de promoción de Jury”.

Pagliotto y Mulet sostienen en su escrito que “se pudo acreditar que la mendaz y negadora Procuradora Adjunta, no será socia, copropietaria o condómina en una sino en dos propiedades, con lo cual, al inmueble de calle 9 de Julio Nº 165 se le sumaba un departamento del fideicomiso Baucis, emplazado en calle La Paz, lo que quedó palmaria y apodícticamente demostrado con prueba instrumental e informativa, suministrada por el propio Registro de la Propiedad Inmueble al responder un pedido de inhibición o embargo promovido por Fiscalía”.

Cabe recordar que a raíz de esa relación con respecto a lo que se denuncia, Goyeneche decidió el año pasado apartarse de la causa de los contratos truchos.

 

Pedido de remoción

 

En el escrito, piden “la remoción contra la Dra. Cecilia Andrea Goyeneche y el Procurador General Dr. Jorge Amílcar Luciano García, solicitando se le dé trámite y dada la relación de dependencia funcional y jerárquica, además de haber sido designados por fiscales en actividad por el Dr. García, se los excluya de actuar como Procurador General subrogante y se proceda a requerir al Superior Tribunal de Justica que designe un Procurador General para asumir el cargo y actuar en el trámite de esta causa en el Jurado de Enjuiciamiento, el que se deberá sortear de la lista de abogados de la provincia, de modo público y ante notario, a fines de aventar cualquier sospecha de parcialidad hacia determinada abogada o abogado del foro”.

También, plantearon la recusación como integrante del Jurado de Enjuiciamiento de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, ya que, dicen, “fuimos, con otras ciudadanas y ciudadanos, promotores del Juicio Político contra la vocal aludida; en otras varias oportunidades, mantuvimos públicas y difundidas polémicas, como que también, antes de todos estos sucesos, con un grupo importante y muy representativo de colegas (algunos de ellos ex magistrados y magistradas), impugnamos formalmente y ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, a la Dra. Claudia Mónica Mizawak, oponiéndonos a que se le diera acuerdo”.

También recusan al diputado Gustavo Zavallo, porque, señalan, “entendemos que podría llegar a comprometer la sensación de objetividad e independencia de su rol de juzgador, el hecho de que el mismo haya ocupado una banca en la Cámara de Diputados dentro del período investigado en la iconográfica mega causa, popularmente evocada como la de los contratos truchos de la legislatura, donde a juzgar por la profusa y variopinta prueba colectada, los legisladores, al menos algunos de ellos en ambas Cámaras, no estarían excluidos de responsabilidad debido a la directa y dirimente participación que les cupo en las contrataciones, sobre todo en los de obra”.

 

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