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Presentan cuatro iniciativas legislativas para fortalecer las políticas educativas
La Ley de Tecnología Educativa implica convertir a las políticas de conectividad y de equipamiento digital y del uso de las tecnologías en las escuelas.
El cómo mejorar la calidad educativa, favorecer la igualdad, establecer nuevas metas de inversión y fomentar la formación y la carrera docente de cara a los próximos años es lo que contemplan las iniciativas que presentó el Ministerio de Educación de la Nación ante las 24 jurisdicciones del país.
Entre Ríos estuvo presente en la formulación que hizo el Ministerio de Educación de la Nación de cuatro iniciativas que buscan garantizar el derecho pleno a una educación de calidad: Justicia educativa, Formación docente, Tecnología educativa y Educación superior.
La presentación se realizó en el marco de las jornadas federales, denominadas “El 2030 como horizonte de transformaciones para la educación argentina”, contaron con la participación del gabinete educativo nacional, encabezado por el ministro Nicolás Trotta y los ministros de las 24 jurisdicciones del país que debatieron acerca de cómo mejorar la calidad educativa, favorecer la igualdad, fomentar la formación y la carrera docente y establecer nuevas metas de inversión de cara a los próximos años.
En referencia a las jornadas, el titular de la cartera educativa provincial, Martín Müller dijo: “Desde la provincia consideramos muy relevante el debate de estas dos jornadas, el nivel de discusión, de diálogo y consensos entre todas las provincias” y agregó “destacamos la voluntad del gobierno nacional de construir una propuesta que sea federal en los hechos y no solamente en las palabras”.
“Demostrar que para nuestros gobiernos la educación es realmente importante y plantearnos un piso más alto, sobre todo en el sistema educativo obligatorio para la salida de la pandemia”, manifestó el funcionario.
Por otro lado, "la Ley de Tecnología Educativa implica convertir a las políticas de conectividad y de equipamiento digital y del uso de las tecnologías, vinculado a nuestras propuestas educativas para la construcción de un nuevo modelo híbrido en las escuelas también es fundamental, porque lo va a convertir en una política de Estado, creemos que la educación tiene que profundizar en ese camino", explicó.
Por último, "la ley central de estas tres es la de formación y carrera docente porque creemos que es la transformación de un sistema y la posibilidad de hacer realidad los desafíos que tenemos. Se va a hacer realidad si abordamos los grandes temas que tenemos en torno a la formación docente, a la mejor calidad de formación, la mejora de nuestros institutos formadores”, afirmó Müller.
Las iniciativas legislativas son:
Justicia Educativa: en un país federal con profundas desigualdades, resultan trascendentales las definiciones sobre la estrategia de financiamiento educativo. Regular la inversión educativa comprende definiciones de planificación estratégica en el gobierno que son fundamentales en la construcción de un modelo social más igualitario.
Formación Docente: norma específica que encuadre y otorgue relevancia al carácter sistémico de la formación de las y los docentes; visibilice y establezca la vinculación entre ésta, la organización institucional del trabajo y la carrera docente; y disponga la puesta en funcionamiento de mejores condiciones materiales y simbólicas para el sector.
Tecnología Educativa: orientado a dar respuesta a las desigualdades en el acceso a la conectividad, las computadoras y los recursos digitales que profundizan y cristalizan la injusticia educativa, multiplicando los déficits de oportunidad de las familias más pobres. En este sentido, se propone trabajar en el acceso a la conectividad y a la tecnología en los hogares de las y los estudiantes, como también garantizar el acceso al equipamiento y la infraestructura de las escuelas argentinas y la revisión de las prácticas de enseñanza.
Educación Superior: define a la Educación Superior como un bien público y un derecho humano, personal y social, garantizado por el Estado, siendo responsabilidad del mismo ofrecer educación superior a todas y todos los ciudadanos que quieran acceder a la misma, en condiciones de gratuidad, cercanía y con acceso a becas que faciliten la continuidad y finalización de los estudios. El Estado garantizará el acceso a las instituciones estatales de Educación Superior a todos los habitantes de la Nación, así también su gratuidad y financiamiento.