.
Juicio por corrupción a Allende: el abreviado llegó en queja a Casación
La defensa de José Ángel Allende pretende evitar el juicio oral y a toda costa quiere que las causas se resuelvan a través de un juicio abreviado.
La Cámara de Casación Penal ingresó, el lunes pasado, un recurso de queja, impulsado por la Procuración y la defensa del exdiputado provincial del PJ y actual secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, una vía excepcional por la cual se busca insistir con un acuerdo de juicio abreviado que ponga fin a las cuatro causas penales que tiene abiertas en la Justicia el dirigente que fue presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
El recurso de queja sobrevino luego de dos decisiones: el 5 de agosto, el juez de juicio Elvio Osir Garzón rechazó el acuerdo de juicio abreviado impulsado por los fiscales Álvaro Piérola, Laura Cattáneo y Leandro Dato y los defensores de Allende, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini.
El miércoles 18, además, el magistrado rechazó la apelación que había presentado contra esa resolución la Procuración y la defensa del exlegislador peronista. En 2020 un tribunal colegiado ya había rechazado el abreviado, y entonces el caso llegó a Casación, que anuló esa decisión y mandó realizar una nueva audiencia. Esa nueva audiencia se hizo ante Garzón, que dictó un segundo revés.
José Ángel Allende acumuló cuatro investigaciones penales en la Justicia. El fiscal Leandro Dato tramitó la denuncia por amenazas en contexto de violencia de género por parte de la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el fiscal Álvaro Piérola, la denuncia por amenazas que le hizo a Allende el periodista Martín Carboni; y la fiscal Laura Cattáneo llevó adelante las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucró a Allende, su pareja Adriana Sattler, su ex esposa Diana María Cristina Traverso, y sus hijos, Julio, Victoria y Carolina Allende, consignó el portal Entre Ríos Ahora.
Un primer intento por cerrar los compromisos judiciales de Allende con un juicio abreviado había derivado en un fiasco. El 22 de octubre de 2020 un tribunal conformado por los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa declaró inadmisible el acuerdo de juicio abreviado para el exdiputado acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, amenazas y coacciones.
La resolución fue apelada por la Procuración, que acudió ante la Cámara de Casación Penal. El 30 de diciembre último ese tribunal de alzada declaró la nulidad de la audiencia de juicio abreviado y habilitó una nueva instancia, que empezó el jueves 29 de julio ante el juez de juicio Elvio Osir Garzón.
El acuerdo entre Fiscalía y defensa establecía que Allende reconoce su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputaron, y con las características que les fueron reprochados, y acepta la pena impuesta: dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de tres millones de pesos, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. También, el decomiso de dos propiedades, una en calle Laprida al 100, que sería destinada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género; y el palacete de calle Alberti, en la zona del Parque Urquiza, que iría para el Consejo de la Magistratura.
Al rechazar el abreviado, el juez Garzón reprochó por “errónea” la calificación como amenazas simples que efectuó el fiscal Leandro Dato a la causa que la ministra de Salud, Sonia Velázquez, le inició a Allende por actos de violencia de género e intimidación de la que fue víctima desde el inicio de la gestión.
Ahora, la suerte del abreviado lo tiene otra vez la Casación, aunque no podrán intervenir los jueces que integran el tribunal de Paraná, que ya resolvieron sobre el caso Allende.