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La Justicia Federal allanó el Regimiento de Gualeguaychú por un supuesto abuso sexual
Un escándalo moral, judicial e incluso de política de Defensa envuelve y jaquea al Regimiento de Caballería de Exploración 12 “Dragones Coronel Zelaya” de Gualeguaychú, tras un operativo de allanamiento y requisa que ordenó el juez federal de Primera Instancia de la jurisdicción, Hernán Viri.
Los procedimientos son realizados por personal de la Prefectura Naval Argentina bajo las instrucciones del fiscal Nicolás Juan Aníbal Riolfo.
Todo se desencadenó cuando una soldado voluntaria realizó una denuncia por supuesto abuso sexual sin acceso carnal contra un suboficial que presta servicios en esa unidad militar y, sin dilaciones se inició una actuación cuyo curso derivó en este allanamiento, que se concentró en la oficina personal del acusado.
Fuentes vinculadas con la investigación confirmaron a EL ARGNTINO que la medida fue pertinente y oportuna porque entre las pruebas recolectadas se secuestró el teléfono celular del supuesto agresor y cuyo peritaje será determinante para colaborar con el esclarecimiento del hecho.
La investigación que se desarrolla en el Juzgado Federal a cargo de Viri es emblemática, porque hay que considerar que la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas no sólo ha sido uno de los hechos más trascendente desde la recuperación de la democracia en la conquista de derechos, sino que también implica un desafío de los tres Poderes del Estado para custodiar sus garantías y desarrollo profesional y humano.
No se trata de un delito de abuso sexual simple que ocurre en ámbitos privados, sino en una estructura como una unidad militar (que depende del Estado), con cadenas de mando muy rigurosos, con espacios vigilados y custodiados y dentro de una propiedad del propio Estado contra una persona que se sumó a esa estructura para servir a la Patria y a la sociedad.
La adaptación de las Fuerzas Armadas a la incorporación de las mujeres en absoluto podría agotarse en adaptaciones a infraestructura, sanitarios y vestuarios para ellas,
como solía escucharse en un análisis superficial en los inicios de esta experiencia. Por el contrario, implica romper con el paradigma de una organización que es claramente vertical y rígida, que debió adaptarse a la presencia de las mujeres, resguardando sus derechos y evitando ser vulneradas en su integridad y, simultáneamente, con esa adaptación crecer en fortaleza institucional como en la representatividad de la sociedad.
La comunidad de Gualeguaychú, que en su momento se movilizó para evitar el traslado o cierre del Regimiento. Por eso, las autoridades militares como del Ministerio de Defensa deben ser conscientes que esta comunidad no merece el silencio corporativo que alimenta la cultura de la impunidad y lesiona los anhelos de justicia.