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Megajuicio por corrupción a Urribarri: las huellas de la cartelización y el cuñado
Juan Pablo Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri y Pedro Báez.
Gustavo Pereyra brindó ayer un pormenorizado testimonio en el megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, y detalló de qué modo operaban, con una lógica cartelizada, según la acusación de la Fiscalía, las firmas Cinco Tipos, Formato Urbano, Tep SRL y Next SRL, todas que se adjudican a Juan Pablo Aguilera, cuñado del extitular del Poder Ejecutivo, en la contratación de publicidad estática en vía pública otorgada por el Estado provincial. Pereyra es empleado del Partido Justicialista (PJ) en el área administrativa, y desde ese lugar trabó relación con las empresas de publicidad, y él mismo se lanzó a ese negocio.
Entre 2014 y 2017, Pereyra tuvo una agencia de publicidad, Publicitar, y utilizó su lugar privilegiado de empleado administrativo del PJ, encargado de pagar las contrataciones de campaña, para ofrecer sus servicios publicitarios a los municipios. Pero también dio un dato llamativo: fue empleado de Cinco Tipos, la empresa predecesora de Tep SRL y Next SRL, y compartió uno de los locales donde funcionó su firma, en calle Irigoyen 885 de Paraná, para que sus “competidoras” en el negocio de la publicidad estática en vía pública la convirtieran también en su cuartel general, consignó el portal Entre Ríos Ahora.
Incluso, admitió que Juan Pablo Aguilera, quien ha sido sindicado por la Fiscalía como el verdadero dueño de Tep SRL y Next SRL, pagó parte de los gastos de los servicios de ese local de calle Irigoyen donde funcionó su empresa Publicitar antes de mudarse a calle Monte Caseros. Al tratar de explicar el porqué de sus redes de contacto con Cinco Tipos, la antecesora de Tep SRL y Next SRL, mencionó que todo se origina en la relación que el Partido Justicialista tenía con el estudio contable Ferreyra. En ese estudio contable se desempeñaba como pasante Corina Cargnel, luego convertida en contadora de las empresas Tep SRL y Next SRL.
El eje
El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: el N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
Coimas
Los secuestros llevados adelante en las oficinas de Tep SRL y Next SRL, en bulevar Racedo al 400 de la capital provincial, en agosto de 2016, permitieron incautar material y documentación que probarían, según la Fiscalía, el modus operandi de la organización y el pago de los sobornos. Lo más relevante resultó la información hallada en la oficina de la contadora. “Corina Cargnel estaba al tanto de los pagos del Ministerio de Cultura. Y le indicaba a Bustamante cómo debía presentar las facturas. A raíz de ese hecho, de saber cuándo Cultura abonaba las facturas a las empresas, apenas salía un pago, Corina Cargnel se comunicaba con Bustamante para que éste efectúe los retornos a la empresa de Aguilera. Ellos le denominaban el sistema de compensación”, detalló.
Las coimas que pagaba Bustamente a las empresas de Aguilera eran mediante la presentación de facturas por prestaciones “ficticias”. Dijo el fiscal Badano que las coimas no sólo iban a las cuentas de Tep SRL y Tep SRL, sino también a las de los proveedores de éstos.
La estructura de funcionamiento de ese mecanismo de pago de coimas quedó probada, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal, a partir de mails y comunicaciones vía WhatsApp, publicó el portal Entre Ríos Ahora.
La logística implicaba que, por ejemplo, Bustamante dejaba en las oficinas de las empresas de Aguilera hojas membretadas en blanco, con su firma, para que la contadora Cargnel las completara, y presentara la oferta ante el Ministerio de Cultura en una determinada contratación que se sabía de antemano que iría a cualquiera de los tres participantes.
Las pericias contables llegaron a determinar que entre 2010 y 2015 la empresa de Bustamente recibió contrataciones de publicidad en vía pública del Gobierno por un monto superior a los 6 millones de pesos, pero de esa cifra total, 3,3 millones de pesos habría sido pagado en forma irregular. Aunque al aceptar su participación en los ilícitos, el empresario publicitario sólo deberá hacer frente al pago de una multa de 90 mil pesos, en cuotas de 15 mil pesos.
Para determinar esas maniobras fue clave la información hallada en un disco rígido que fue eje de la audiencia del último martes.
Pero, ayer la relevancia estuvo en el testimonio del empleado del Partido Justicialista.