Megajuicio por corrupción: el fantasma del cuñado de Urribarri y sus empresas

Sergio Daniel Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, actual embajador argentino en Israel, está sentado en el banquillo de los acusados desde el lunes 27 de septiembre por la tramitación de un megajuicio que abarca tres grandes causas de supuestos hechos de corrupción ocurridos durante sus dos administraciones, entre 2007 y 2015.

Esas tres grandes causas unificadas en un único expediente: son los N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y la N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.

Hasta ahora, en el megajuicio se debatió sobre una de las causas, la que salpica al cuñado de Urribarri, el funcionario del Senado entrerriano Juan Pablo Aguilera, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Mediáticamente se la conoce como la “causa de la vaca”, por una intervención del fiscal Santiago Brugo en una de las tantas audiencias judiciales: dijo que se habían truchado las certificaciones de las publicidades en rutas, mediante el Photoshop: se cortaban y pegaban escenarios y siempre aparecía la misma vaca pastando.

Esta causa revela la posición privilegiada que tuvieron durante la administración Urribarri las empresas Cinco Tipos, Formato Urbano, Tep SRL y Next SRL, los nombres sucesivos que han adquirido firmas, en la captación de las órdenes de publicidad en vía pública contratadas por el Gobierno entrerriano

Para el Ministerio Público Fiscal -representados por la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano-, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Pedro Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.

En la tramitación de la causa, la Fiscalía ha relatado de modo pedagógico la conformación de una organización delictiva para la captación de forma exclusiva de la publicidad oficial en vía pública entre Tep y Next, de Aguilera, más Bustamante y Montañana, que ello sucedió así entre 2010 y 2015, y que para garantizar la permanencia en ese círculo cerrado era condición sine qua non el pago de sobornos. Señala que en ese período se perpetró una “maniobra irregular”, “sorteando la libre competencia”, y que el Estado pagaba contra la presentación de “ficticias constataciones” del trabajo realizado. O sea: se pagó por publicidad que jamás se hizo, y que se justificó su realización con, por ejemplo, fotos trucadas.

 

La investigación

 

En la Investigación Penal Preparatoria (IPP), dijo el fiscal, quedó comprobado que Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos mediante la contratación de publicidad que se direccionaba hacia Aguilera, Bustamante y Montañana. Esta maniobra se realizó por medio de una organización cuyo fin era beneficiar a Aguilera y a sus testaferros. Las empresas Tep SRL y Next SRL se atribuyen a Aguilera. Encontramos evidencia suficiente para sostener que son de Aguilera”.

Pero, la participación de Bustamante y Montañana en esa distribución direccionada de la publicidad entre 2010 y 2015 se hizo mediante un acuerdo previo: el pago de retornos. “Montañana y Bustamente se comprometieron a retornar parte del dinero que ganaban al señor Aguilera. Para eso tuvo intervención directa Corina Cargnel, que es contadora de Aguilera. Cargnel era el nexto entre el Ministerio de Cultura y las distintas empresas”, aseveró Badano.

Los secuestros llevados adelante en las oficinas de Tep SRL y Next SRL, en bulevard Racedo al 400, en agosto de 2016, permitieron incautar material y documentación que probarían, según la Fiscalía, el modus operandi de la organización y el pago de los sobornos, resaltó destacó el portal Entre Ríos Ahora.

Lo más relevante resultó la información hallada en la oficina de la contadora. “Corina Cargnel estaba al tanto de los pagos del Ministerio de Cultura. Y le indicaba a Bustamante cómo debía presentar las facturas. A raíz de ese hecho, de saber cuándo Cultura abonaba las facturas a las empresas, apenas salía un pago, Corina Cargnel se comunicaba con Bustamante para que éste efectúe los retornos a la empresa de Aguilera. Ellos le denominaban el sistema de compensación”, detalló.

Las coimas que pagaba Bustamente a las empresas de Aguilera eran mediante la presentación de facturas por prestaciones “ficticias”. Dijo el fiscal Badano que las coimas no sólo iban a las cuentas de Tep SRL y Tep SRL, sino también a las de los proveedores de éstos.

 

El coach y el contrato

 

Carlos Alberto Ramírez fue el primero de los tres testigos de la audiencia de ayer. Actualmente se dedica a la rotulación publicitaria en forma particular, pero antes tuvo trabajos en relación de dependencia. En 2005, ingresó a Cinco Tipos, predecesora de Formato Urbano, y que luego daría lugar a Tep SRL y Next SRL. Ingresó por su amistad con Alejandro Almada –cuñado de Aguilera- a quien conoce de la infancia. “Alejandro era el dueño de Next”, reveló.

Luego, aclaró: Next SRL era de Maximiliano Sena y Alejandro Almada. Y Tep SRL de Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada –esposa de Aguilera-; a Aguilera supo verlo por la empresa, que funciona en Racedo al 400, pero no supo precisar qué rol cumplía. Le pagaban medio jornal en blanco, y a modo de favor, Alejandro Almada, funcionario de la Cámara de Diputados, le consiguió un contrato en la Legislatura por lo cual se inscribió como monotributista. Entre 2008 y 2012 realizó tareas de mantenimiento en la Cámara baja, en horario vespertino.

Después, se presentó la contadora Alejandra Levand, empleada del área Contable de la Secretaría de Comunicaciones –ex Ministerio de Cultura y Comunicación-, que explicó cómo funcionan los mecanismos administrativos de certificación de pauta publicitaria, de qué manera se hacen las reservas presupuestarias para pagar esos servicios y quién autoriza qué cosa en esas tramitaciones.

La última testigo del día fue la empresaria Leticia Vieyra, dueña de la agencia Urbana Vía Pública, que supo ser subcontratada por Formato Urbano para la instalación de cartelería publicitaria.

El megajuicio tendrá continuidad mañana, para cual se esperan los testimonios de Hugo Berthet, Maricel Brusco, Juan Pablo Dimier y Mariela Teruel.