Cuando todavía no concluyó la votación de los siete jurados, ya hay cinco votos que se inclinan por abrir causa a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche.

Esa decisión se da en el marco del pedido de jury en su contra planteado, primero, por el abogado Carlos Reggiardo, y, luego, por los letrados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, estos últimos también involucraron en su denuncia al Procurador General Jorge Amílcar Luciano García.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por siete miembros: el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell; los vocales del STJ Daniel Carubia y Claudia Mizawak -ellos tres ya votaron por abrir causa contra Goyeneche-; y también lo hizo el senador Armando Gay (Frente Crer). En cuanto a los miembros del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos rechazó la denuncia, mientras que su colega Sonia Rondoni votó por dar curso favorable la presentación. Todavía resta el voto del diputado Gustavo Zavallo (Frente Creer). De este modo, ya hay cinco votos que se inclinan por someter a jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Después de que se resuelva la votación -y que luego de eso se defina si Goyeneche es suspendida de su cargo mientras se tramita el jury, un punto muy discutido y sobre lo que no hay acuerdo-, el Jurado de Enjuiciamiento tratará, por separado, el caso del Procurador: lo que debe resolver es si es competente para juzgar el desempeño de García o su caso debería ser tratado en un proceso de juicio político. Precisamente, esa duda fue planteada por el Procurador en su descargo, en el que afirmó que hay una “laguna jurídica” al respecto.

 

Antecedentes

 

El 30 de julio último se conoció la presentación de Pagliotto y Mulet ante el Jurado de Enjuiciamiento con sendos pedidos de jury -con la accesoria de apartamiento temporal de sus funciones mientras dure la investigación- del Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y de la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche.

Para entonces, Goyeneche ya tenía una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento formulada por el abogado Carlos Reggiardo, que ya intentó, sin éxito, remover al Procurador.

En un texto de 100 páginas, Pagliotto y Mulet desarrollan sus cargos contra el Procurador y la Procuradora Adjunta, a quienes reprochan mal desempeño, incumplimiento de deberes funcionales y graves desórdenes de conducta, lo que también podría llegar a constituir, eventualmente, conductas tipificadas en el Código Penal, lo cual abriría la posibilidad de iniciar una Investigación Penal Preparatoria a ambos altos funcionarios.

La acusación contra Goyeneche dice: “En fecha 7/12/2018, en ocasión de llevarse a cabo ante la jueza María Carolina Castagno la audiencia pública y videograbada para tratar el recurso de apelación deducido por las defensas técnicas de los ciudadanos imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure con motivo de haberse dictado la prisión preventiva de ambos por parte de la jueza de Garantías Marina E. Barbagelata, la Procuradora Adjunta Cecilia A. Goyeneche, fungiendo a unísono de Fiscal Anticorrupción (designada por el propio Procurador General, obviando la clara manda constitucional local del art. 208º), enfáticamente niega, a la vista y oídos de todos, tener vínculos comerciales o societarios de ninguna naturaleza con el imputado en esa causa, Cr. Pedro Eduardo Opromolla, a raíz de una nota publicada en fecha 05/12/2018 en el matutino El Diario de Paraná (escrita por el periodista Néstor Bellini) en la que se daba cuenta de que el aludido encartado y la referida Procuradora Adjunta, eran condóminos o copropietarios de un inmueble (departamento) sito en calle 9 de Julio Nº 165 de la ciudad de Paraná, lo que la Dra. Goyeneche atribuyó enfáticamente a una furibunda campaña de desprestigio montada contra los investigadores de este caso por parte de las defensas y ciertos medios de prensa, habiendo usado en la ocasión la estridente frase: ´Es falso su señoría´, discurso que es de público y notorio conocimiento y que se acompaña como prueba con este memorial de promoción de Jury”.

 

Descargo

 

En su descargo, Goyeneche pidió rechazar el planteo de Pagliotto y Mulet.

Según pudo reconstruir el portal Entre Ríos Ahora, la funcionaria judicial planteó que la denuncia está plagada de datos falsos e inexactitudes, y que el fin de la presentación es intimidar a los integrantes del Poder Judicial que investigan delitos de corrupción. Se trata de uno de los argumentos que también esgrimió el 5 de agosto el Procurador García durante un acto de jura de fiscales.

Además, sostuvo que nunca tuvo una relación comercial con el imputado en la causa de los contratos en la Legislatura Pedro Opromolla y que éste tuvo un vínculo de amistad con Luis Sebastián Orlando Bertozzi, su esposo, a fines de los noventa. También explicó que participó de dos fideicomisos de construcción en los que estaba el contador Opromolla, pero que no se trató de una relación comercial.

Por otro lado, negó haber tenido un trato diferencial entre Opromolla y otros acusados de la causa Contratos y recordó que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry piden seis años de cárcel para el contador en el escrito de remisión de la causa a juicio. Asimismo, rechazó la acusación de que amenazó al abogado Miguel Ángel Cullen (defensor de Gustavo Pérez, exadministrador del Senado, imputado en la causa Contratos) durante una audiencia celebrada el 7 de diciembre de 2018.

En tanto, el Procurador General calificó de “falacia” la denuncia por mal desempeño que formularon en su contra los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Lo hizo en su descargo ante el órgano que se encarga de evaluar el desempeño de funcionarios judiciales, según pudo reconstruir Entre Ríos Ahora a través de fuentes tribunalicias. En el extenso escrito, de más de 70 páginas, el Procurador se explayó sobre cuestiones jurídicas y también incluyó una chicana, cuando consideró que los denunciantes añoran un juez que saque a los imputados en pijama de sus casas, como le sucedió al exvicepresidente Amado Boudou.

En su respuesta a las acusaciones, García planteó dos cuestiones: en primer lugar, sostuvo que no es competencia del Jurado remover al Procurador, sino que el procedimiento adecuado es el Juicio Político a través de la Cámara de Senadores y Diputados; en segundo término, solicitó se rechace in limine (sin siquiera analizar) la denuncia, por no contener argumentos serios y estar plagada de inexactitudes.