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En Costa Uruguay Sur: Productores apoyaron a la familia Robles en su pedido de justicia
El campo de la familia Robles que fuera usurpado por cuatro maleantes el viernes 12 de noviembre, y sus legítimos propietarios tuvieron ayer un fuerte respaldo político institucional y de vecinos de Costa Uruguay Sur.
Más de 50 personas se convocaron ayer frente a la tranquera del campo, en la que hay un cartel que dice “no pasar propiedad privada”, además de cambiarle el candado que era del abuelo de los cinco hermanos Robles.
En la asamblea estuvieron el senador nacional Alfredo De Ángeli, el diputado provincial Nicolás Mattiauda, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú, Domingo Veronesi, el director de la Sociedad Rural Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, quien vino acompañado por su hermano el ex ministro de Agricultura de la Nación Luis Miguel Etchevehere.
También estuvieron el director de la Federación Agraria Entre Ríos Matías Martiarena, y el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú Sergio Dalcol.
La familia Robles
pide justicia
La denuncia ya fue realizada por Rosana Valenzuela, Ana María y Néstor Ricardo Robles ante la fiscal Eliana Ghiglioni, quien ya inició una investigación y se está a la espera de que la causa se eleva a una audiencia, para que el juez de Garantía, Ignacio Telenta, tome una determinación en base a toda la documentación reunida por la abogada de la familia Robles.
Ayer integrantes de la familia colocaron un candado en la cadena que pusieron los “ocupas”, para que ellos no puedan abrir la tranquera desde adentro del campo.
La propiedad está ubicado en Costa Uruguay Sur a unos 25 km del puente del Arroyo el Cura.
Cuenta de 125 hectáreas y fue dividido en parcela de un poco más de 20 hectáreas y se realizó la mensura para dividirlo entre los cinco hermanos, pero cuenta con un acceso en común que fue cerrado con una cadena y un candado nuevo, por los usurpadores.
Frente a la tranquera, en un día de intenso sol, unos 50 productores y representantes de las entidades del campo realizaron una asamblea y pidieron por la defensa de la propiedad privada y la “ausencia del Estado” para la resolución de este tipo de conflicto.
Al finalizar la breve asamblea, el productor ganadero Raúl Sobredo, propuso hacer una nota a la Justicia respaldada por todas las entidades del campo para solicitarle al juez de Garantía Ignacio Telenta, tome una determinación en base a toda la documentación reunida por la abogada de la familia Robles y de la orden a la Brigada de Abigeato a que efectúe el procedimiento de desalojo.
Mientras la asamblea se desarrollaba, a lo lejos en el interior de la propiedad usurpada, se vieron dos vehículos una camioneta y un auto que se aproximaron a unos 150 metros de la tranquera, a modo de amedrentar y observar el movimiento de los productores que estaban fuera de la tranquera reclamando por “el pronto desalojo”.
“Pedimos que el juez tome medidas urgentes para que salga el desalojo”, explicó a EL ARGENTINO Rosana Valenzuela una de las afectadas.
“Nos enteramos que nos habían usurpado por el arrendatario de mi cuñado, que cuando llegó al campo se dio cuenta que le habían cambiado el candado y habían colocado un cartel que decía no pasar propiedad privada”, expresó.
“El dueño de este campo era el abuelo de los que lo usurparon, pero el abuelo de mi marido lo compró hace 51 años, ellos dicen que se lo dejó de herencia, pero no presentan ninguna documentación y nosotros tenemos toda la documentación en regla que consta que somos los legítimos propietarios. Ya se hizo la sucesión y el campo se dividió en partes iguales”.
Rosana, agregó que: “Ya presentamos toda la documentación al juez y desde el sábado 13 de noviembre no nos pudimos comunicar más con la fiscal que está a cargo de la investigación. La policía ingresó al campo, identificó a los usurpadores y nos dijeron que ellos estaban armados”.
En tanto agregó que: “Salen y entran del campo cuando quieren. Le pedimos a la Fiscalía que nos pusiera una guardia permanente, pero nos dijeron que no podían porque tienen poca gente y cuando yo la llamaba no me atendía, quería denunciar las amenazas que me hicieron a mí y a mi hijo en el campo. Me dijeron que no me convenía entrar a la propiedad, en mi casa tengo cosas de valor y quería saber si aún están. Ellos me gritaron, me amenazaron y la policía me dijo que hiciera las cosas por vía legal”, explicó.
“Esta gente ya ha usurpado otros campos, tienen antecedentes y los quiero lejos de mi vida”, manifestó.
El apoyo a la propiedad privada
El diputado provincial Nicolás Mattiauda, mantuvo un contacto con la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, para que interceda ante el juez y acelere el proceso de desalojo, “pero la ministra me contestó que lo canalizara por la policía y la justicia”, manifestó el diputado.
El senador nacional De Ángeli manifestó que: “Condenamos esta usurpación y pedimos que el juez actúe lo más rápido posible. Este campo está usurpado hace diez días, vinieron pusieron rompieron el candado, pusieron un cartel y se hicieron dueños, cuando la familia Robles tiene la escritura para acreditar que son los legítimos propietarios. No entiendo qué es lo que hacen la fiscal y el juez que no autorizan el desalojo”.
EL ARGENTINO le consultó al senador si estaba bien que la justicia tenga que actuar bajo presión, tras la movilización de los productores, De Ángeli dijo que: “Nosotros venimos a hacernos solidarios con la familia Robles, no venimos a presionar a la justicia, le estamos diciendo que actúe, de la misma manera que sucede cuando la gente va al Congreso y nosotros la tenemos que escuchar. Lo que vemos aquí es que la justicia no está actuando y hay muchos jueces que le deben una explicación a la sociedad”.
En tanto Luis Miguel Etchevehere expresó que: “Venimos desde Paraná, primero haciendo lo que corresponde, acompañando a la gente que la está pasando mal, a nosotros nos tocó vivir una situación similar, en Santa Elena el año pasado, y los que vivimos este problema nos ponemos en el lugar de la familia Robles porque sabemos por qué están pasando. Están angustiado y con mucha impotencia frente a una usurpación.
Lo que debe suceder aquí es que la justicia desaloje rápidamente a esta gente y después ver y analizar la documentación que tiene cada una de las partes y en base a eso la justicia resuelva. Lo que no puede pasar es que esto se dilate en el tiempo, porque en el medio está la angustia de la familia que es dueña de esta propiedad”.
En tanto se mostró preocupado por “la falta de estado, en nuestro caso la usurpación fue alentada por el Gobierno nacional y el Gobierno de Entre Ríos, e incluso dentro de la toma había funcionarios nacionales y provinciales. Cuando el Estado está ausente, no se le da importancia a la justicia, y la justicia no resuelve con prontitud este tipo de causas, somos los ciudadanos que tenemos que salir a respaldar a las personas afectadas y los que la están pasando mal”, concretó.