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El proyecto de transición presidencial
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Por Sabrina Ajmechet
El último domingo, Chile actuó con normalidad: hubo elecciones presidenciales, un ganador y un perdedor. Nadie ganó perdiendo. Y, como si fuera poco, el perdedor felicitó al ganador al conocerse los resultados. Desde Argentina mezclamos admiración y sorpresa frente a esa situación. Boric recibió la felicitación de Kast y, luego, Boric y Kast se encontraron a conversar. Estas escenas se dieron en un contexto político sumamente inestable y delicado, en medio de un proceso de reforma constitucional y en una elección en la que compitieron dos candidatos ubicados en extremos ideológicos. Pero no fue la única señal de convivencia institucional: luego se vio un encuentro entre el presidente saliente y el entrante, costumbre que en Chile viene ocurriendo ya hace varios mandatos presidenciales y entre políticos de distintos espacios ideológicos.
Como muestra Chile, la democracia, además de un régimen político, es un conjunto de tradiciones y rituales que no están escritos. En muchos aspectos funciona como un contrato social implícito que nos rige y ordena. A lo largo del tiempo, el traspaso presidencial en Argentina estuvo comprendido dentro de estas prácticas no regladas que los dirigentes solían respetar. ¿Qué pasó para que, después de 38 años de práctica democrática, en 2015 hayamos necesitado por primera vez en nuestra historia una ley que regule las transiciones presidenciales? Spoiler: es el kirchnerismo, estúpido.
Cristina Fernández de Kirchner tuvo que entregar el poder a Mauricio Macri y su manera de hacerlo fue mostrar su desprecio por las instituciones y la convivencia republicana. Esa experiencia nos enseñó que hasta las mejores prácticas pueden romperse con conductas antidemocráticas y que, por lo tanto, tener una ley que regule el proceso de traspaso (no solo al momento de asumir y entregar los atributos, sino todo lo que significa en cada una de las áreas del Estado) se torna una necesidad en la Argentina actual.
A lo largo de nuestra historia democrática, nunca había sido necesario que nos dijeran la hora en la que terminaba un mandato; los acuerdos entre el Presidente saliente y el entrante siempre habían permitido desarrollar con normalidad la ceremonia de traspaso. Pero en 2015, en el fallo “Macri, Mauricio y OTRO s/ Fórmula Petición-Medida Cautelar de No Innovar”, la Justicia Nacional Electoral intervino frente a la negativa de Cristina Fernández de Kirchner de acordar el traspaso. Servini de Cubría decidió que el mandato de Fernández finalizaba el 10 de diciembre de 2015 a las 0 horas y que al día siguiente se produciría la asunción de Mauricio Macri. Durante la noche, Federico Pinedo -el presidente provisional del Senado- quedó a cargo del país y fue finalmente quien se encargó de otorgar los atributos al nuevo presidente.
Aquella escena que se vio en televisión en Argentina y en el mundo tuvo su réplica en las diferentes áreas del Estado: no hubo ningún tipo de traspaso. Esto significó que los funcionarios salientes no entregaron información de su gestión. Tampoco se tomaron el trabajo de explicar su proyección presupuestaria ni lo planificado para los programas en marcha en cada dirección, en cada secretaría, en cada ministerio.
Años después, al escribir “Sinceramente”, la ex presidenta defendió su actuación: “Quien se asumía como representante y significante de lo nacional, popular y democrático le entregaba el gobierno a quién había llegado en nombre del proyecto neoliberal y empresarial de la Argentina (...). Muchas veces, después del balotaje, pensé en esa foto que la historia finalmente no tuvo: yo, frente a la Asamblea Legislativa, entregándole los atributos presidenciales a… ¡Mauricio Macri!”.
Declaraciones como esta de Cristina Fernández de Kirchner son parte de una tradición política del peronismo que se cree la única fuerza que representa la voluntad general. El capítulo más reciente fue esta misma semana, con las declaraciones de Wado de Pedro: “Hace algunos años tocaban la puerta de los cuarteles, hoy se presentan a elecciones, compiten, en algunas ganan, en otras no, eso es un avance, ahora falta que tengan un proyecto y se lo digan a la gente”. Toda vez que una de las fuerzas políticas más importantes del país se concibe a sí misma como la única con legitimidad para gobernar, se hace necesario obligar por ley a aquello que, hasta hace poco, se daba en el marco de las buenas costumbres.
Desde 1963 Estados Unidos tiene una ley de transición presidencial. Brasil la sancionó en el 2002, al igual que Puerto Rico, y Bolivia en el 2005. Nuestro proyecto se enriquece de estas experiencias y propone, en principio, tomar el día de proclamación de la fórmula ganadora como el inicio del proceso de transición. A partir de allí, se creará un comité de transición de gobierno, que funcionará ad honorem, coordinado por el Jefe de Gabinete de Ministros y con participación de 5 miembros del gobierno saliente y 5 representantes del recién elegido.
El proyecto define la realización de reuniones de transición entre los presidentes y la elaboración de informes de gestión en todas las áreas, que también deberá ser rendido ante el Congreso. La experiencia nos ha enseñado la necesidad de definir horario y lugar de la toma de posesión y juramento del presidente electo; también dejar expresamente prohibido, durante el período de transición, tomar crédito público, contratar, ascender y recategorizar personal, otorgar pensiones especiales, suspender pagos de compromisos u obligaciones vigentes que tengan asignación de fondos e iniciar licitaciones o contrataciones que excedan los compromisos ya establecidos.
En la Argentina hay una inflación de leyes de todo tipo y no todo lo que legislamos tiene sentido que esté regulado hasta el último detalle. Lamentablemente, este proyecto es fruto de una derrota cultural. Pero es también una muestra de las defensas republicanas a las que podemos recurrir cuando tenemos enfrente a un partido que ha demostrado su voluntad hegemónica y su desinterés en apoyar políticas de Estado que trasciendan su control del gobierno.