Piden que la causa por las muertes de la cocaína adulterada vaya a la Justicia Federal

La fiscalía que investiga las 24 muertes y más de 80 intoxicaciones que produjo la semana pasada el consumo de cocaína adulterada en los partidos bonaerenses de Tres de Febrero, San Martín y Hurlingham planteó la incompetencia, para girar el expediente a la justicia federal, con el argumento de que se afectó a la salud pública y que ese fuero tiene más recursos para desarticular toda la organización, informaron ayer fuentes judiciales.

El planteo de declinatoria de competencia fue presentado ayer por el fiscal Germán Martínez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, ante el juez de Garantías 3 de ese departamento judicial, Mariano Grammatico Mazzari.

El juez ya le corrió vista a las defensas de los seis imputados detenidos en este expediente para que brinden su opinión, y luego definirá si coincide con el planteo y envía el expediente por las muertes e intoxicaciones a los juzgados federales de Morón o Tres de Febrero, que ya tenían otras causas que pueden estar ligadas a la misma organización criminal.

En el dictamen -al que tuvo acceso Télam-, el fiscal argumenta que “la pluraridad de intervinientes de al menos seis personas con desarrollo de distintos roles dentro la organización delictiva, como ser vendedores, custodios que ofician de ‘seguridad’, los denominados ‘satélites’ que alertan la presencia policial, los encargados de la guarda y ocultamiento de gran cantidad de droga fraccionada en nylon termosellado (más de 3.700 entre ambos lugares); dan cuenta de una organización compleja”.

Martínez describe una “estructura articulada y con eslabones superiores que participaron en la elaboración, estiramiento y/o adulteración, fraccionamiento, distribución y venta del material estupefaciente altamente nocivo, la cual va más allá del último eslabón de la cadena del narcotráfico” que, según la Ley de Drogas, es el único estadio donde puede intervenir la justicia ordinaria.

Definió a la droga que la banda comercializaba en el asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero como un “arma letal” y sostuvo que “la investigación de los homicidios cometidos no pueden escindirse de la competencia federal originaria sobre la Ley 23.737”.

Si bien Martínez indicó que las pericias químicas “se encuentran en pleno desarrollo” y “no se tienen certezas aún sobre la sustancia que contiene la droga ilícita”, en este caso “se encuentra comprometida en la presente la Salud Publica Provincial y/o Nacional, ya que si bien no se puede asegurar que el estupefaciente ilícito letal este distribuido en otras jurisdicciones, menos puede descartarse”.