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Pidieron absolución de Aguilera en una causa y la agenda volvió a correrse
El abogado Marcos Rodríguez Allende pidió la absolución de Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada en la causa por corrupción conocida como el tramo “imprentas”. Su alegato defensivo continuará el próximo lunes con la causa parador de Mar del Plata. De modo que el cronograma previsto hasta ayer en el megajucio, volvió a modificarse.
La audiencia se reanudará el lunes para que concluya Rodríguez Allende. El martes seguirán los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez que defienden al exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri. En tanto, las réplicas y dúplicas comenzarían el jueves de la semana que viene; y para la semana del 21 al 25 de marzo, finalmente, quedarían las últimas palabras de los imputados.
Más temprano, cuando se reanudó la audiencia de ayer, el abogado Miguel Cullen concluyó su defensa por los imputados Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Alejandro Almada y Gustavo Tórtul. Pidió la exclusión probatoria de informes de empresas telefónicas y reclamó que se respete la Constitución.
A su turno, el abogado Marcos Rodríguez Allende alegó en defensa de Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada y expresó: “Nadie pudo decir que Aguilera era dueño de las empresas”. Y advirtió al inicio de su exposición que nunca trató a los fiscales “con falta de objetividad, ni arbitrios”, pero destacó que en las causas que involucran a sus defendidos “hay graves irregularidades”.
Ubicó la primera denuncia que originó la investigación penal en una publicación de la Revista Análisis -aunque sin nombrar a ese medio gráfico-, en diciembre de 2015, por presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Sergio Urribarri y su grupo familiar, incluyendo a Juan Pablo Aguilera.
Recordó que dos abogados hicieron una presentación espontánea en la Procuración y, entonces, comenzó la investigación que derivó en una serie de allanamientos el 1° de agosto de 2016. Cuestionó fundamentalmente los procedimientos llevados a cabo en las instalaciones principales de Tep y Next y alrededores. “Yo no puedo decir que el disco extraíble fue plantado o no fue plantado. Lo que puedo decir es que hubo muchas irregularidades e incongruencias que no se aclararon con los testigos en el debate”, indicó según publicó el portal Análisis Digital
Rodríguez Allende analizó la investigación de la causa imprentas a través de “un esquema privado” y “un esquema público”. En ese sentido, evaluó los testimonios en grupo, aquellos vinculados a los allanamientos del 1 de agosto de 2016 en primer lugar; en segundo lugar, los relatos vinculados a las empresas Tep y Next; después los vinculados al ámbito del desparecido Ministerio de Cultura y Comunicación; en cuarto lugar, los testimonios relacionados al ámbito del Ministerio Público Fiscal, es decir profesionales a cargo de informes; y por último los testimonios que refuerzan la teoría de las defensas.
“La mejor declaración que escuché”
En otro tramo, retomó las declaraciones de testigos de la esfera pública. Revalidó dichos de funcionarios o empleados jerarquizados del ex Ministerio de Cultura y Comunicación como Pablo Dimier, Mariela Teruel y Maricel Brusco. Aseguró que no se pudo probar que ni el exgobernador Urribarri como el exministro Pedro Báez se hayan interesado en direccionar publicidad a Tep y Next. “Lo que Fiscalía considera como irregularidades administrativas está dentro de los mecanismos legales previstos” y así lo informaron los organismos de control. Agregó que el descargo del exministro Báez fue, a su gusto, “la mejor declaración que escuché desde el aspecto técnico y desde su rol como ministro”. Apuntó que en los años investigados la comunicación en Entre Ríos se transformó “para bien”.
Retomó la testimonial de la empleada Florencia Della Ghelfa y descartó su vinculación con Aguilera. “Ella colaboró con Tep, Montañana y Bustamante, en el marco de su actividad, pero eso no significó que estaba bajo órdenes de Aguilera o respondía a órdenes de Báez en esa colaboración que prestaba”, deslizó.
“Nos encontramos con procedimientos adecuados. No hay irregularidad de fondo, en ninguna publicación, publicidad del Estado, en transmitir la gestión pública y mucho menos pudieron demostrar que Báez y Urribarri hayan desviado el poder, hayan superpuesto su interés particular por el de administración pública. Menos demostraron que haya habido alguien que actuaba bajo una suerte de presión, algún acto en el cual Urribarri o Báez indujeran a algunos miembros del Ministerio de Comunicación”, alegó.
Exclusión probatoria
Otro capítulo de su alegato estuvo relacionado al desempeño de funcionarios del Ministerio Público Fiscal a cargo de distintos informes. Así retomó las críticas y cuestionamientos al trabajo desarrollado por bioingenieros sobre dispositivos electrónicos como computadoras, celulares y el disco extraíble. También lamentó que Fiscalía haya pedido a empresas de telefonía que informe sobre titularidad de líneas y cruce de llamados sin pedir autorización judicial, publicó el portal Análisis Digital.
Fue duro cuando habló del informe del contador Héctor Enrique del Ministerio Público Fiscal. Aseguró que tiene “errores grandes”.
“Es un informe que no arriba a conclusión, es intrascendente para Fiscalía y defensa, no beneficia a nadie. Hay grandes errores de porcentajes, sumatorias, no se tiene en cuenta la libre competencia, se habla de montos anualizados, pero no tiene en cuenta órdenes de publicidad que no fueron pagadas por el Estado ¿Cómo se hubiese solucionado esto? Con una perica contable elaborada por algún contador del Superior Tribunal de Justicia”, se quejó.
Refirió a los alcances del título de bioingeniero y apuntó “ejercicio ilegal de la profesión”. Recalcó que no fue notificado cuando iba a realizarse una pericia. Habló de “violación a la privacidad” cuando se expusieron mensajes privados de sus defendidos. “Efectivamente Aguilera no era el dueño. Que sí podía tener interés en que le vaya bien a los amigos y a la señora, pero no tuvo interferencia, no hubo conducta que demuestre que efectivamente Aguilera tenía vinculación entre los expedientes administrativos y las órdenes de publicidad”, valoró y concluyó: “Podemos afirmar que no se acreditó que Urribarri y Báez se hayan interesado en cualquiera de las formas o modos a favor de las empresas cuestionadas, nada que se parezca. El 95 por ciento de las pruebas es tratar de vincular a Aguilera con Tep y el esfuerzo debía volcarse en otro contexto. En caso que Tep fuera de Aguilera, no está demostrado que se interesó y menos el peculado”.