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El 7 de abril habrá veredicto en el megajuicio por corrupción

El 7 de abril habrá veredicto en el megajuicio por corrupción

Imagen de archivo del mayor juicio por corrupción que se haya desarrollado en la provincia.


Finalmente, concluyó ayer el megajuicio que tuvo como principal acusado al exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri. Ayer, el Tribunal -integrado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- escuchó las últimas palabras de un grupo de imputados y anunció que el adelanto del veredicto se dará el jueves 7 de abril, a partir de las 8.

El juicio se inició el 27 de septiembre de 2021 y tuvo un total de 49 audiencias, en las que se exhibieron una gran cantidad de documentos y se escuchó a muchos testigos a favor y en contra de los 13 acusados. Las jornadas fueron por lo general maratónicas, con audiencias que duraban entre cinco y siete horas. En el medio del debate se dio el fallecimiento de Hugo Céspedes, acusado en la causa por una contratación para la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná durante el 2014.

Ayer, los imputados tuvieron la oportunidad de decir sus últimas palabras antes del veredicto. Sin embargo, no todos hablaron. Quienes optaron por no agregar nada a lo dicho en su declaración de imputados, fueron los hermanos Luciana y Alejandro Almada, los empresarios Maximiliano Sena y Germán Buffa y los funcionarios Gustavo Tortul y Gustavo Tamay.

En cambio, quienes sí ejercieron su derecho a decir sus últimas palabras antes del veredicto fueron el embajador Urribarri; su cuñado y empleado legislativo, Juan Pablo Aguilera; los exministros de Turismo y Comunicación y Cultura, Hugo Marsó y Pedro Báez, respectivamente; la contadora Corina Cargnel y los empresarios Emiliano Giacopuzzi y Gerardo Caruso, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

En el juicio se discutieron tres grandes expedientes: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del  Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la segunda la “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas -Tep SRL y Next SRL-, que se adjudican al cuñado de Urribarri, se quedó durante cinco años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y la megacausa del “Sueño Entrerriano”, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitres; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó 14 millones de pesos en ese entonces; y el pago a la productora Nelly Entertainment de 28 millones de pesos para difundir tres spots en apariencia para divulgar la Cumbre del Mercosur de 2014.

 

Los imputados

 

El primero en hablar fue Urribarri, quien sostuvo: “Creo que esto, además, es una clara muestra de cómo se llevó este proceso adelante. Se llegó a esta instancia de debate a fuerza de arbitrariedades, atropellos y violaciones de garantías constitucionales que nadie discute, y por supuesto se llegó también con una fuerte presión mediática”.

“No hubo en el proceso racionalidad, no hubo en la investigación objetividad, lo cual ha quedado muy en evidencia a lo largo de este largo juicio. Se construyó una investigación en base al sesgo confirmatorio de culpabilidad –aseveró-. En esa línea, la Fiscalía ha hecho sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba excluyente de responsabilidad contra esa mirada sesgada. No tuvo en cuenta las declaraciones de las personas imputadas, que dieron sobrados fundamentos. Pero además pruebas, cuando yo declaré observé que la doctora (Patricia) Yedro se retiró. Todo un gesto”, agregó.

A su tiempo, Juan Pablo Aguilera dijo: “He sido objeto de una construcción jurídica y mediática, un relato, promovido por un medio y dos o tres seguidores, más los abusos y arbitrariedades del Ministerio Público”, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

“Ha quedado demostrado el modo en que se hicieron los allanamientos, la descontextualización de muchas comunicaciones, en donde se vio trastocado el derecho a la intimidad”, añadió.

En esa línea, sostuvo: “Tengo enormes expectativas en la decisión que vaya a tomar este tribunal, en orden al Estado de Derecho y a la Constitución. Ojalá sea un punto de inflexión para que a nadie más le pasen las cosas que me han pasado a mí. Y que no se dirima la disputa política en los tribunales”, cerró.

 

Otras declaraciones

 

En tanto, el exministro de Turismo, Hugo Marsó, afirmó: “Hoy me toca estar acá y siento mucha vergüenza. Soy una persona de bien y me da vergüenza transitar en mi ciudad (Colón). No es fácil estar en títulos de diarios diciendo que robé. Lo que han hecho conmigo es una barbaridad”.

“Me han producido un daño inconmensurable. Espero que se haga justicia, pero el dolor y amargura no se lo deseo ni al peor enemigo”, concluyó.

En tanto, Gerardo Caruso, titular de la firma “El Juego en que Andamos”, que instaló el parado en Mar del Plata, manifestó que su defensor demostró “mi inocencia y en contraposición ha dejado en evidencia el vacío de pruebas en mi contra que la Fiscalía ha formulado”.

“Ni una sola prueba presentaron que me incrimine. Hubo un montón de hechos que me han sorprendido. Una de mis grandes sorpresas fue cuando escuché que piden 5 años de prisión para mí, sin haber demostrado nada”, aseveró.

En ese punto, cuestionó no haber tenido el mismo trato que tuvo Jorge ‘Corcho’ Rodríguez en la causa por la contratación de la firma Nelly para la difusión de cuatro spots durante la Cumbre del Mercosur en 2014. “Era una causa calcada, del mismo modus operandi, dijo la Fiscalía. La Fiscalía pidió consentimiento para que al ‘Corcho’ Rodríguez le dieran la probation y el pago de 150 mil pesos y a mí se me ha negado ese consentimiento”, dijo.

A su turno, el empresario Emiliano Giacopuzzi, imputado en la causa Imprentas, dijo: “Han sido seis años duros, violentos e injustos. Quiero decirles a los señores fiscales que soy tan humano y terrenal como ustedes, han sido violentos con mi persona. Me han acusado de cosas que no han podido probar”.

Por su parte, la contadora Corina Cargnel para quien la Fiscalía pidió ocho años de cárcel, manifestó que la Fiscalía no pudo probar las acusaciones. “Solo me acusan de hacer cosas propias de mi profesión. Ha sido muy difícil todo este tiempo”, aseveró.

“Me han tratado de manejar la caja negra de la corrupción y lo único que pido es que se haga justicia y que a nadie más le pase esto. Esto fue una clara guerra para saber quién es más poderoso, y en el medio quedo yo que soy una madre, profesional y necesito volver a tener mi vida de antes. La condena social ya está y va a ser difícil sacarla”, cerró.

Por último, habló el exministro de Comunicación y Cultura de Urribarri, Pedro Báez. “No voy agregar nada a lo que expresé en mi declaración en la etapa instructoria y en ese recinto. No voy a abusar de la paciencia del tribunal. Solamente decir que en estos larguísimos seis años y medios siempre tuve la seguridad de que finalmente encontraríamos el ámbito adecuado para dilucidar las graves acusaciones que nos formulaban”, afirmó.

“Con satisfacción debo reconocer que creo que lo estamos consiguiendo. Tengo la esperanza de que este proceso constituya una bisagra en la historia institucional en el Poder Judicial de Entre Ríos, despejando definitivamente la rémora que convertían en letra muerta las garantías constitucionales”, añadió.

El jueves 7 de abril, a partir de las 8, se conocerá el veredicto del Tribunal. Sea cual fuere, se asegura que habrá apelaciones y esto continuará como ocurre siempre en estos casos, un extenso recorrido por el laberinto de la Justicia y la paciencia del tiempo.

 

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