Causa contra Urribarri: Una alianza de organizaciones conservadoras junta firmas en respaldo a Goyeneche

La Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (REJIA) inició una petición en la plataforma ChangeOrg en apoyo a la fiscal adjunta Cecilia Goyeneche, quien está a las puertas de un jury por mal desempeño de sus funciones.

REJIA inició el viernes una colecta de firmas con tres fines: para que cese el jury de enjuiciamiento, para que la restituyan en su cargo y le normalicen el pago de la totalidad de su salario.

Hasta el cierre de esta nota, la recolección de rúbricas estaba a siete mil firmas de alcanzar las 35 mil que se había propuesto como meta. Para motorizar la campaña, REJIA utilizó Change.Org, una plataforma que en la Argentina está ligada al PRO. Su directora local, Aisha Lebrón, fue nombrada funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Mauricio Macri.

La Red está integrada por una serie de ONGs: Cadal; el Colegio de Abogados de Buenos Aires; Contadores Forenses; Directorio Legislativo; Fores; Jubi Jueces; Profesores Republicanos; Será Justicia y Usina de Justicia.

Muchas de estas entidades, como Cadal, son financiadas en forma directa por el Departamento de Estado norteamericano, el Congreso de Estados Unidos o en forma indirecta a través de entidades vinculadas al sistema de seguridad estadounidense como la NED (National Endowment for Democracy). Otras fuentes de financiamiento a las que apelan estas entidades son Think Tanks (usinas de pensamiento) del ala más conservadora del Partido Republicano de EE.UU:

El Colegio de Abogados de Buenos Aires, por su parte, es una entidad civil conformada por representantes letrados de las principales empresas argentinas y extranjeras con presencia en el país. Muchos de ellos fueron defensores de ex militares condenados por delitos de lesa humanidad. El Colegio cobró notoriedad por haber iniciado la causa que terminó con la reconfiguración del Consejo de la Magistratura tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia. No debe confundirse con el Colegio Público de CABA, que es una entidad pública que regula la matrícula de los profesionales del derecho.

 

 El petitorio

 

En el escrito que acompaña la petición, REJIA incorporó una descripción que no se condice con los datos reales o que, en última instancia, se corresponden con los argumentos defensivos que ha formulado en distintos medios la fiscal Goyeneche.

“En la provincia de Entre Ríos, el ex gobernador Sergio Urribarri ataca a la Fiscal Anticorrupción por cumplir con la obligación de investigar sus delitos”, aseguró la Red. En la sentencia hay una definición ajustada a la visión de Goyeneche y un dato erróneo.

En primer lugar, el jury contra la Procuradora Adjunta fue promovido por dos abogados radicales: Guillermo Mulet y Rubén Paglioto. No hubo ninguna presentación de Urribarri ni de sus abogados. Tampoco intervino el gobernador Gustavo Bordet, como deslizó la funcionaria judicial suspendida en un primer momento.

Por otro lado, Goyeneche no ocupó nunca el cargo de Fiscal Anticorrupción. Por mandato constitucional ese cargo debe ser concursado ante el Consejo de la Magistratura local, cosa que la Procuradora nunca hizo. Sólo recibió una investidura a través de una resolución administrativa del Procurador General, Jorge García, en la que le encomendaba la tarea de seguir en forma exclusiva delitos contra la administración pública.

“Urribarri cometió diversos delitos que ocasionaron perjuicio económico a la provincia, equivalentes a 53 y a 9 millones de dólares, en solo dos causas penales. La primera sentencia dictada por un tribunal, condenó al ex gobernador a ocho años de prisión. Sin embargo, persisten los ataques contra la fiscal”, prosiguió el escrito de REJIA.

Corresponde en este punto marcar que una de las predicciones de Goyeneche al momento de su suspensión no se cumplió. La Procuradora Adjunta había asegurado que se buscaba lograr impunidad en el Megajuicio y en la denominada causa de los Contratos, que investiga presuntos desvíos de fondos a través de contrataciones ficticias de personal.

Pero Fiscalía pudo acusar en el Megajuicio al ex mandatario sin cortapisas y el Tribunal de Juicio emitió una sentencia que resultó condenatoria en algunos casos y absolutoria en otros. Y de la causa “Contratos” Goyeneche no fue separada por el Jury ni por acción de Urribarri, sino por decisión de su superior inmediato, Jorge García, cuando quedó embargada en esa misma investigación por poseer inmuebles en copropiedad con uno de los imputados, Pedro Opromolla. Este es uno de los elementos que sostiene la acusación en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento.

“Primero, la separaron de su cargo y le redujeron su salario, ahora le inician un jury de enjuiciamiento para destituirla, con jurados que simpatizan con el funcionario condenado”, agregó la Red.

En esta afirmación doble hay dos inexactitudes más. Goyeneche no fue separada de su cargo y luego se le inició un jury. Fue suspendida en sus funciones por resolución del Jurado de Enjuiciamiento luego de considerar la denuncia y el descargo de la Procuradora Adjunta, algo que ocurre en todos los casos en que se decide someter a proceso a un funcionario judicial.

Esto en modo alguno perjudica su desempeño posterior. El Jury sólo puede destituir o absolver a quien se acusa. En el primer caso debería dejar el cargo, en el segundo lo retoma sin ningún cuestionamiento como ocurrió con el juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi, sometido a un jury por haber liberado a quien resultara ser el femicida de Micaela García.