.
Viejos y nuevos desafíos para la libertad de prensa
María del Carmen Alva en el frontis del Parlamento.
El experto en comunicación política reflexiona sobre la libertad prensa y el derecho de acceso a la información, pilares fundamentales del sistema democrático que se deben proteger.
Por Juan Ramón Zolla
María del Carmen Alva, la presidenta del Congreso peruano, no es la primera ni será la última funcionaria pública que intente limitar el derecho ciudadano de acceder oportunamente a la información que está en poder del Estado. Tras su encontronazo de la semana pasada con los cronistas parlamentarios, la señora dejó en evidencia la vieja práctica de entorpecer el trabajo periodístico valiéndose de cualquier pretexto.
A pesar de las dos décadas de gobiernos civiles y cierta continuidad democrática, el poder siempre ha buscado, con diferentes estrategias y propósitos, la manera de eludir la vigilancia de la prensa independiente. Eso sucede porque el buen periodismo representa un obstáculo para la opacidad con que se mueve la clase política. Así que, enfrentados a la obligación de rendir cuentas por sus actos, no sorprende que algunos actores políticos se muestren incapaces de manejar el escrutinio público y terminen recurriendo al exabrupto y a la obstaculización frontal de la labor periodística. Por ello, hacen muy bien los gremios profesionales en levantar la voz y exigirle a la mandamás del Congreso el respeto de un derecho fundamental.
También existen otro tipo de desbarres menos flagrantes, aunque igualmente deshonestos con la opinión pública. Lo vemos desde el Palacio de Gobierno, donde la estrategia de comunicación los primeros meses de gestión consistió en evitar durante el mayor tiempo posible las comparecencias públicas, creyendo quizás que al esconderse de las cámaras y los micrófonos se acallaban las críticas como por arte de magia. Luego, como era de esperarse, se recurrió a las siempre seguras vallas metálicas y a los guardaespaldas para imponer distancia donde debió primar la empatía.
En otras esferas de poder también surgen desafíos importantes para el periodismo independiente. Formas más sofisticadas de controlar la información son las que se derivan, por ejemplo, de las aparentemente inocuas adquisiciones societarias. Una modalidad que se recuesta sobre las reglas del libre mercado y cumple con determinados requisitos que la ley exige para después, desde cuartos de mando distintos a los de una mesa de edición, terminar liquidando la pluralidad y construyendo agendas editoriales funcionales a intereses particulares.
De esto tenemos modelo en Perú, donde el Grupo El Comercio, principal referente mediático del país, se hizo del 80% del mercado de diarios impresos el año 2013 con las consecuencias que ahora todos conocemos. Hace un año, tras un largo proceso legal, un juez de primera instancia resolvió disolver esa concentración mediática por considerarla “violatoria del derecho constitucional de libertad de expresión e información-pluralismo informativo”. Aunque el litigio continúa por aspectos procesales, la argumentación del magistrado sobre el fondo del asunto se mantiene intacta.
Como si todo esto no fuera suficiente, a las amenazas externas de políticos y poderosos se suman también otras de origen interno que son resultado de la impronta antiética que carcome por dentro el espíritu de no pocos profesionales. Llevamos varios lustros registrando el deterioro sostenido de la calidad del producto informativo por la pérdida del rigor profesional.