En este marco, lo instaron a aplicar una reforma impositiva progresiva para que paguen más los que más tienen: “El Estado provincial tiene cómo recaudar, pero no lo hace por decisión política y por ineficiencia”, manifestaron. “Contra el rumbo del Poder Ejecutivo Provincial, que prioriza a corporaciones económicas por sobre los intereses de los trabajadores y de los Pymes, reclamamos una urgente recomposición de 400 pesos al salario básico”, señalaron desde ATE en un comunicado enviado a esta Agencia. ATE cuestionmó “las constantes razones esgrimidas por el gobernador Uribarri y sus Ministros, cerrando la posibilidad de otorgar aumento en el marco de crisis que soportan las finanzas provinciales, argumentando que debemos conformarnos solamente con mantener la fuente laboral”. Y las tildaron de “expresiones nostálgicas de la infame era menemista de los `90”. Más adelante, manifestaron su preocupación por “la aplicación sistemática de políticas neoliberales y por ceder ante la Nación autonomía política, dependiendo cada vez más de los recursos nacionales”. “Los recursos provinciales están muy lejos de aquel 60 por ciento en que se asentaban nuestros presupuestos, ya que hoy no alcanzan al 20; dejando como expresión declamativa de campaña electoral ‘El Federalismo Entrerriano’”, manifestaron, y afirmaron que “esto tiene una lógica política” que implica que “los Gobiernos se despreocupen de enfrentarse con las corporaciones económicas locales en la necesidad de aplicar una progresividad impositiva”. En tal sentido, recordaron que “no se ha aplicado el Inmobiliario Rural ni el impuesto a los pool de siembra; tampoco el Ingreso bruto a la actividad primaria (un zapatero paga 3%); los hipermercados pagan solo el 3% de Ingresos Brutos (un almacenero también el 3%), esto deja claramente demostrado lo injusto de nuestro sistema tributario”. “Un ama de casa, un almacenero ó zapatero debe pagar sus impuestos mientras que los ingresos brutos por las operaciones millonarias de la bolsa, los sistemas de televisión por cable casi siempre en manos de una sola empresa, el arrendamiento de campos con valores subvaluados y el impuesto inmobiliario de las miles de hectáreas tapizadas de eucaliptos, hoy NO pagan un sólo peso”, criticaron desde ATE. Sobre la costa del Uruguay ante el boom turístico ha crecido enormemente la oferta de servicios, donde una gran cantidad de construcciones para estos negocios son nuevas y aún figuran como terrenos baldíos (no pagan ni impuestos inmobiliarios, ni Ingresos Brutos), comentaron. Otro ejemplo: “en Paraná solo se tributan 400 bultos de mercadería diarios cuando una sola empresa de transporte ingresa más de 10.000 bultos”. “Los millones de pesos que se llevan de la provincia las empresas privadas como producto de los contratos de Alquiler y Concesión de Maquinas Tragamonedas que se verá agravado si se aplica la Ley de Turismo, ya que estas serán absolutamente concesionadas con el perjuicio económico para la provincia”, remarcaron. En este marco, el gremio considera que “el Estado provincial tiene cómo recaudar, pero no lo hace por decisión política y por ineficiencia”. “Podemos llegar a entender lo de la crisis mundial, también las situación financieras de las provincias, pero quien ha pagado siempre todas las crisis a sido el trabajador, la variable de ajuste ha sido el salario del trabajador”, sostuvieron desde ATE. Por ello, exigen una “una urgente recomposición salarial como argumento estrictamente social y justo”. “No podemos permitir el estado de pobreza que padece hoy un importante sector de los trabajadores del estado, quienes desde el mes de agosto del 2008 no hemos recibido ninguna mejora en nuestro salario; es más, a principio del 2009 fuimos la única provincia del país que se nos redujo salario mediante la aplicación del presentismo”, expresaron. “A esto debemos sumarle también la precariedad de las condiciones laborales de más de cinco mil trabajadores que hoy trabajan en la provincia bajo la figura del “Contrato de Obra”, que ante la nueva Constitución, corren el peligro de ser echados de la Provincia produciéndose un nuevo mecanismo de despidos, como las recordadas Leyes “8706” o “9235”. “También se hace imprescindible exigir al Gobierno un comportamiento austero, eliminando gastos superfluos e innecesarios ante la situación de crisis actual. Los gastos deben derivarse por las áreas del estado correspondientes, eliminando los subsidios del Ejecutivo y del Poder Legislativo, donde de gobierno a gobierno se han ido transformado en verdaderas “cajas negras”. Por ello consideraron que “la nueva Ley de Ministerios no debe ser solo para más cargos políticos y burocráticos que no condice para nada con la necesidad de un Estado al servicio de su Pueblo”.