El Gobierno criminalizó la protesta social de la Asamblea y se presentó como querellante

De esta forma, el Gobierno finalmente desistió de ordenar el desalojo del corte de ruta en el kilómetro 28 de la ruta internacional 136 y decidió presentarse como querellante en la causa que se sustenta en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, además de denunciar penal y civilmente a los asambleístas “con nombre y apellido”, aunque por el momento no nominó a ninguno.

Así lo informó ayer por la tarde el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante una exposición ante la prensa con el ministro de Justicia, Julio Alak, en la Casa Rosada; pero como es habitual sin que la prensa formulara preguntas.

Fernández adujo que el fallo de un tribunal entrerriano para desalojar el corte es de “cumplimiento imposible” y remarcó que “sería en vano” notificar a los asambleístas de un hecho que “no se van a notificar”, por lo que el Gobierno decidió presentarse como querellante en la causa y denunciar a los ambientalistas.

La denuncia fue presentada en el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por el Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.

“No hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas la han convertido de cumplimiento imposible”, sostuvo Aníbal Fernández, que eligió criminalizar la protesta social de Gualeguaychú a pesar de que fueron incapaces de encontrar una solución al conflicto que embarga a la comunidad contra la ilegal y contaminante Botnia-UPM.

Fernández sostuvo que “en lugar de notificar vanamente a quienes no se van a notificar, en lugar de poner a las fuerzas de seguridad a presionar hasta que tener que reprimir cuando nuestra política es no reprimir”, se decidió este camino.

La denuncia penal “con nombre y apellido” de asambleístas, según Fernández es por una serie de figuras que abarca la sedición, la intimidación pública, el encubrimiento, el atentado y la resistencia a la autoridad, entre otros.

También la presentación inicia una demanda civil contra los asambleístas por los perjuicios que causó el corte a comerciantes, el turismo y al comercio exterior; a pesar de que su propio gobierno siempre sostuvo que el corte en Arroyo Verde jamás perjudicó en ese sentido a la economía.

La conferencia de prensa fue seguida en Arroyo Verde, que despertó bronca e indignación. Las primeras reacciones fueron de sorpresa, repudio y denunciaron al Gobierno nacional “porque no han hecho lo que tienen que hacer como Estado. No sólo que no resuelven el problema, sino que lo agravan poniéndonos a nosotros como enemigos de la población hermana de Uruguay”, dijo una asambleísta.

En esa línea, otro manifestante denunció que la administración de Cristina Kirchner “omite decir que el gobierno uruguayo ha violado el Estatuto del Río Uruguay” y acusó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de “no” tener vergüenza al sostener una mirada parcial del conflicto.

La Asamblea no tiene líderes ni dirigentes, es horizontal y apartidaria por lo que somos todos representantes y responsables de la decisión de sostener el corte de ruta.

Para el senador nacional, Guillermo Guastavino: “Nunca compartí el corte de ruta como metodología, pero comparto la lucha contra la ilegal Botnia. Y no estoy de acuerdo con la denuncia del Gobierno nacional, porque entiendo que no se puede judicializar un problema político. Así que esa es mi postura”, explicó a EL ARGENTINO.

El intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, prefirió no realizar declaraciones “por una cuestión de prudencia y quiero aguardar un par de horas para analizar esta situación que es de por sí muy compleja”, se excusó.

Gualeguaychú reaccionó primero con sorpresa y estupor ante la denuncia Penal y Civil del gobierno nacional, pero inmediatamente expresó su bronca e indignación. 

En ese marco, se reconoció que no esperaban una denuncia de este tenor, pero por otro lado indicaron que seguirán firmes en su resistencia pacífica.

El asambleísta Martín Alazard le respondió al jefe de Gabinete al asegurar: “No me parece justo lo que dijo (Aníbal) Fernández cuando se habla de que somos responsables, son ellos desde 2006 los que no están haciendo nada por nosotros. Lo que pasó es realmente desconocer los propios estudios de Argentina, lo que ha dicho (la embajadora Susana) Ruiz Cerruti, nuestro canciller (Jorge Taiana) sobre la empresa ilegal contaminante no tiene nombre. Y no solucionar el monitoreo dentro de Botnia es una trampa”.

Una asambleísta expresó lo que muchos sintieron ayer en Arroyo Verde cuando siguieron por televisión la conferencia de los ministros nacionales: “Siento que este gobierno no nos representa” y “que nos abandonan”.

Lo otro que llamó la atención es que desde el Gobierno se haya insinuado que a raíz del corte de ruta en Arroyo Verde no se puede llevar adelante la vigilancia ambiental, cuando las camionetas de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) pasan todos los días sin ningún inconveniente hacia el puente internacional, lo mismo que el vehículo oficial de la Vigilancia Ambiental que se implementa con la Municipalidad.

 

El día ayer comenzó temprano, con el acampe de varios asambleístas a la espera de la, famosa notificación del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que finalmente nunca llegó.

En una mañana fría, Arroyo Verde comenzó a poblarse de móviles de canales de televisión y periodistas que llegaron desde diferentes medios nacionales y locales.

Las primeras informaciones indicaban que Gendarmería Nacional iría a notificar a los asambleístas entre las 9:30 y las 10; pero al no pasar nada de nada, los horarios se iban corriendo.

Simultáneamente, se sabe que el jefe de Gendarmería con asiento en Gualeguaychú estaba a la espera de una orden superior y así se pasó una mañana que se caracterizó por el frío y la incertidumbre.

Los mates iban y venían entre los asambleístas y las hipótesis se tejían en cada rueda de diálogo.

El nuevo horario para la notificación se corrió para el mediodía, pero al igual que la mañana, tampoco pasó nada de nada. A esta altura, los asambleístas comenzaron a realizar comentarios con humor, dado que prevaleció la sensación de que no se animarían a venir.

El desconcierto también se adueñó de la siesta, que seguía siendo fría y apática en Arroyo Verde. Los móviles de la televisión nacional tenían que salir al aire y más de uno tuvo que inventar situaciones para salir de la monotonía de una espera que había pasado de la tensión inicial a la distensión.

“Esto es un papelón nacional. Está claro que los políticos no saben cómo reaccionar”, fue la síntesis que realizó un asambleísta para augurar que “Gendarmería no va a venir”.

A media tarde, se corrió la voz de que alrededor de las 18, los ministros Aníbal Fernández (Jefe de Gabinete) y Julio Alak (de Justicia).

Los asambleístas ganaron reparo del frío en el salón de Arroyo Verde y se sentaron frente a la pantalla de la televisión para oír una voz oficial, tan esperada desde la mañana temprano.

Cuando el ministro Fernández terminó de exponer las razones por las que el gobierno nacional se constituía en querellante en contra de la Asamblea, la sorpresa fue la primera reacción. Pero duró pocos segundos, la indignación y la bronca fue el sentimiento que prevaleció en la comunidad.

Lo que vendrá es parte de una historia tan digna como heroica y que lleva adelante la comunidad de Gualeguaychú. Esta vez, con un gobierno nacional que se sacó la máscara y que no da garantías de confianza ni de firmeza en sus principios ambientales. Gualeguaychú de pie sigue más firme que nunca expresando NO a las papeleras y SI a la vida. El gobierno nacional aún no comprende lo que significa defender la vida, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, a peticionar a las autoridades y a evitar que sigan poniendo a la República de rodillas frente a enclaves como la ilegal Botnia-UPM.