Los vecinos que recibieron la comunicación son Jorge Omar Fritzler, Sira Nidia Muñoz, Osvaldo Daniel Fernández, Juan Antonio Ferrari, Ana María Acosta, Paola Soledad Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella y José Gómez a quienes en un principio se los relacionaba con delitos penales que tenían que ver con homicidio culposo, amenazas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública, resistencia a la autoridad y encubrimiento Respecto de la denuncia originaria, el magistrado federal subrogante entendió que el único delito que podría considerarse es una infracción del artículo 194 del Código Penal, y que fue en el marco de una protesta social legítima, según expresó en declaraciones radiales el abogado y asambleístas Luis Leissa. Sin embargo, esa decisión judicial de no investigar a los ciudadanos fue apelada por el Ministerio Público y ahora el juez decidió citarlos para que se presenten a declarar antes de que venza el plazo la semana próxima, de acuerdo con los plazos que habría impuesto Pimentel. Antes, y ajustándose al código de procedimientos, los ciudadanos señalados por el Ejecutivo Nacional deberán designar un abogado defensor. Con la notificación en la mano, la Asamblea Ciudadana Ambiental decidió no dar ninguna declaración pública para no perjudicar los tiempos judiciales, pero por lo bajo algunos entienden que esta nueva embestida de la administración Kirchner vuelve a instalar un “clima de exacerbación al que no queríamos regresar”. Es que la notificación llega en medio de la tregua de los ciudadanos para que los Estados avancen en el control a Botnia y al río Uruguay. Quienes luchan por la vida, como respuesta recibieron otra estocada de un gobierno que se muestra fuerte con los débiles, pero es impotente con poderes siniestros como los de Botnia, y hasta coquetea con multinacionales como la Barrick Gold, que explota minas en el sur del país. Contra ciudadanos que defienden la vida, se muestra duro e implacable, pero contra Botnia es débil, lo mismo que la gestión de Mujica, que pone al Estado de rodillas ante las “potencialidades infinitas” de una planta colonialista. Poco importa dinamitar la que en algún momento pareció ser su causa; esa es la lógica perversa que reina entre quienes tienen el poder. Para ilustrar, basta mencionar las palabras de un asambleísta: “Ya estamos acostumbrados a estas marchas y contramarchas del gobierno nacional, que un día se calzan el estandarte de la lucha ambiental y a l oro nos mandan una denuncia penal”.