Así lo anunció en conferencia de prensa en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien precisó que se trata de una “medida cautelar de no innovar ante el proyecto”, hasta tanto el Estado nacional realice estudios de impacto ambiental.
Según explicó, la presentación implica “la paralización inmediata de cualquier obra que se haya iniciado” para esta represa destinada al cultivo de arroz a gran escala.
El jefe de ministros explicó que la decisión fue tomada a raíz de la “omisión” del Gobierno de Ricardo Colombi a los pedidos de información sobre el impacto de la obra y por dos principales motivos: el “daño ambiental irreversible que podría derivarse de la construcción” y “la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes de la Argentina en el Estatuto del Río Uruguay”.
“Se van a inundar 8 mil hectáreas de 77 mil para la siembra de arroz. Nunca aportaron la información para poder ejercer las facultades ambientales del Gobierno para velar con el cumplimiento de la ley a pesar de que fue solicitado en reiteradas oportunidades”, sostuvo Fernández.
La represa lleva el nombre de Ayuí Grande y es promovida por dos emprendimientos privados: uno estaría vinculado al empresario norteamericano George Soros, y el otro a José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín.
Sin embargo, el jefe de Gabinete dijo que “desconocía” si las versiones sobre la presencia de directivos de Clarín en el emprendimiento era cierta y desvinculó la presentación judicial a la dura pelea que el Gobierno mantiene con el grupo multimedio.
“Si le digo que sí es por chusmerío, no porque lo conozca. Se dice que uno de los dueños sería directivo de la firma. Yo no hago conjeturas. No existe revancha. Hay una profunda preocupación ambiental desde el punto de vista internacional”, indicó Fernández.