La audiencia fue fijada para el 15 de octubre a las 8:30 en el Palacio de Tribunales ubicado en 25 de Mayo 256 de Paraná.
Los diez asambleístas convocados a audiencia son: Sira Muñoz, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella, Jorge Fritzler, Juan Ferrarri, Osvaldo Fernández, José Gómez y Juan Veronesi.
El fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Carlos María Álvarez, dio lugar a lo dispuesto por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Daniela Neyra.
Por eso el 15 de octubre los camaristas escucharán en primer lugar al fiscal Álvarez y luego podrán hacer uso de la palabra los diez asambleístas y eventualmente los jueces podrán realizar preguntas a las partes.
El ritual indica que una vez que las partes fueron escuchadas, los jueces de Cámara se retiran a deliberar y dictarán su sentencia, caso contrario tienen cinco días para hacerlo.
¿Qué pueden resolver? Sólo hay dos alternativas:
1) Si rechazan la apelación, el expediente vuelve al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y se confirma la sentencia del juez subrogante Gustavo Pimentel.
2) Si se da lugar a la apelación, el expediente vuelve al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay pero el juez Pimentel quedaría apartado de la causa y se ordenaría seguramente la indagatoria a los asambleístas tal como lo pide la fiscal federal.
Es evidente que con esta convocatoria a audiencia, la querella del Gobierno nacional continúa a un intenso ritmo y es seguida de cerca por el Procurador General de la Nación, Esteban Justo Antonio, un hombre considerado hiper kirchnerista, quien da las instrucciones a los fiscales federales.
Esta querella la promovió el Gobierno nacional, mediante la presentación del Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Joaquín Pedro da Rocha, quien realizó una denuncia por la posible comisión de una serie de hechos que podrían configurar 14 delitos contra una lista de diez asambleístas, solicitando se lo tenga por parte querellante, y haciendo reserva del derecho de constituirse en actor civil.
El juez, en una resolución del 1º de julio de este año, dispone aceptar al Dr. Da Rocha como parte querellante, deja pendiente la investigación respecto de la casi totalidad de los delitos denunciados por falta de hechos y elementos, y se pronuncia solamente respecto de la interrupción del tránsito en la ruta internacional 136, a la altura del kilómetro 28, en el Paraje Histórico y Cultural declarado por la legislatura provincial conocido como Arroyo Verde.
En relación al corte de ruta, el juez Pimentel decide no llamar a declaración indagatoria a los asambleístas por haber obrado en un error de prohibición invencible lo cual constituye una causal eximente de culpabilidad.
Pero esa decisión del juez fue apelada por la Fiscal Ad-Hoc interviniente, Daniela Neyra.
La causa prosiguió su trámite de apelación ante la Cámara Federal correspondiente con sede en Paraná. Ante esto, el Juez Federal de Concepción del Uruguay intimó a los asambleístas denunciados a que constituyan domicilio en Paraná y designen abogado defensor. Trámites que ya fueron realizados por los asambleístas.
El 15 de octubre a las 8:30 se ha fijado la audiencia pública y oral de la que participarán el Fiscal de Cámara, los Jueces de la Cámara, la parte querellante (Gobierno nacional) y los asambleístas y sus abogados defensores. Luego la Cámara Federal debe decidir sobre la apelación. Si la acepta, el expediente vuelve al Juzgado de Concepción del Uruguay, seguramente se apartará al Juez Pimentel (así lo pidió la Fiscal Neyra), y se tendrá que resolver, con nuevo juez, si se llama a indagatoria a los denunciados o se archiva la causa. Si la Cámara rechaza la apelación, la resolución de Pimentel queda firme.
Mientras se despliega la decisión política de perseguir penalmente a la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, y se amenaza con posibles acciones civiles, en el mismo Juzgado Federal de Concepción del Uruguay no se concretan las indagatorias dispuestas para directivos de Botnia en la Causa Nº 56.204 por contaminación en violación de la Ley 24.051. El gobierno uruguayo ordenó impedir que se diligenciaran los exhortos remitidos desde Argentina para citar a esos directivos, en contraposición a lo acordado en el Protocolo de San Luis, que integra los acuerdos del Mercosur en materia de cooperación penal entre los países miembros. Y los ciudadanos de Gualeguaychú se quedan sin el elemental y civilizatorio servicio de Justicia.
Pero eso no es todo. El fiscal de Cámara, Ricardo Carlos María Álvarez, es simultáneamente el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Ambientales (Ufima) en Entre Ríos, pero jamás de los jamases articuló una sola medida contra la pastera Botnia.
Esto ha generado una gran desilusión en Gualeguaychú, dado que la Ufima tiene por misión “generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso, que se vinculen con delitos contra el medioambiente y, en particular, las referidas a los hechos en infracción a la ley de residuos peligrosos (24.051), a aquellos delitos que atentan contra la salud pública vinculados con la protección del ambiente (arts. 200 al 207 del C.P.), a las infracciones a la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre, así como aquellos delitos conexos con la materia”, de acuerdo a su rol institucional.