Vale recordar el largo camino que debimos transitar hasta llegar aquí. Pero más vale saber que los acuerdos alcanzados constituyen un hito en la relación entre los dos países porque incluyen la defensa y protección de la naturaleza, algo esencial para lograr una mejor calidad de vida.
Fue necesario recurrir ante la Corte Internacional de Justicia para que ratificara la obligación de cumplir con el mecanismo de información y consulta previas que establece el histórico Estatuto del Río Uruguay en el que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tiene un rol insustituible y central. En su sentencia, la Corte ordenó a la Argentina y al Uruguay llevar a cabo, a través de la CARU, un monitoreo continuo del funcionamiento de la planta de Botnia-UPM y de sus efectos sobre el Río Uruguay.
La decisión de recurrir a La Haya se originó en el expreso pedido de la ciudadanía de Gualeguaychú, de las autoridades de la Provincia de Entre Ríos, y en la voluntad del Gobierno Argentino de agotar las instancias para encauzar la solución de un conflicto con un país con el que nos une una profunda hermandad.
Fueron necesarias también dos reuniones presidenciales y varios encuentros entre los cancilleres para implementar el mandato de La Haya. En Anchorena (Uruguay) el 2 de junio, los Presidentes acordaron llevar adelante un plan de vigilancia para la Planta de Botnia-UPM. Asimismo, como reflejo de la necesidad de contar con un modelo para cuidar el ambiente en el Río Uruguay, Fernández de Kirchner y Mujica acordaron un plan de control y prevención de la contaminación en toda la extensión limítrofe que tiene el río entre los dos países.
Para implementar estos planes, ambos mandatarios acordaron después conformar un Comité Científico en el seno de la CARU, con la función de monitorear el Río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes en el Río Uruguay y sus áreas de influencia, el que comenzará con la planta de Botnia-UPM y la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay. Éste fue el gran logro y a su vez dejó planteado el principal desafío.
En este marco, la semana pasada los cancilleres adoptamos las Directivas para el funcionamiento del Comité Científico para que pueda dar inicio a sus tareas sin dilación. Se estableció que el Comité comenzará a trabajar de inmediato. Una vez iniciado el monitoreo de la planta de Botnia-UPM, no habrá interrupción alguna en el mismo, al que se irán agregando otros emprendimientos en distintos puntos del Río Uruguay.
Este monitoreo, va a permitir un estándar ambiental elevado, a fin de preservar el ecosistema de la región. También con este mismo fin es que se iniciaron las acciones judiciales tendientes a evitar la construcción de la presa Ayuí Grande, en la provincia de Corrientes. Las mismas buscan evitar, que nuestro país pudiera, eventualmente, incurrir en responsabilidad internacional frente a la República Oriental del Uruguay, por incumplimiento de las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay de 1975.
Como corolario de estos Acuerdos, el jueves 2 de septiembre, se reunió la CARU en Paysandú, sede de este organismo binacional, oportunidad en la que designó a los respectivos expertos argentinos y uruguayos que integran el Comité Científico que funcionará como organismo subsidiario de la Comisión.
Los Acuerdos firmados con el Uruguay a partir del fallo de La Haya están destinados a sentar las bases para un monitoreo integral, que brinde un ejemplo de cooperación en el cuidado de nuestro ambiente, para nosotros y para las generaciones futuras, pero fundamentalmente para todos los vecinos del río Uruguay.

(*) Héctor Timerman es el ministro de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto.