Una huelga de hambre de la que nadie habla
El gobierno nacional hace silencio. Los medios hegemónicos de Capital Federal también. Nadie explica de manera razonable por qué se guarda tanto silencio ante la huelga de hambre que lleva adelante desde hace casi diez días el ingeniero Claudio Lowy.
La medida de protesta la realiza en las mismas puertas del Ministerio de Agricultura de la Nación y tiene como objetivo pedir el cambio de la metodología en la clasificación de los agrotóxicos.
Las organizaciones ambientales de casi todo el país manifestaron su apoyo, lo mismo que la gran mayoría de las universidades y del mundo científico.
Lowy pretende que el Gobierno al menos acepte en cambiar la metodología por la que se clasifican estos agrovenenos, dado que cada día provoca grandes estragos en la salud de los pueblos, especialmente en aquellos que conviven con la agricultura intensiva.
Pese a que esta protesta la está silenciando desde el poder (los agronegocios y el gobierno), Lowy ya cuenta con más de quince mil firmas que lo respaldan y las adhesiones crecen cada día más.
Los agrotóxicos pulverizados en la Argentina generan serios riesgos y daños a la salud a millones de habitantes que viven cerca de las zonas fumigadas.
Entre Ríos es la provincia con más denuncias por daños en la salud provocada por agrotóxicos. No es casual que el gobierno provincial haya convocado hace pocos días al comité de malformaciones del hospital San Roque de Paraná, con la idea de trabajar de manera conjunta en la aplicación de ley que creará el Centro de Referencia Epidemiológico de Malformaciones Congénitas. Hay que saludar esta iniciativa, porque eso permitirá conocer los relevamientos en relación a estas patologías, un tema ardua y largamente reclamado por la ciudadanía.
La huelga de hambre de Lowy no es noticia, de la misma forma que no lo son los innumerables habitantes afectados irreversiblemente por este negocio millonario que genera cáncer y malformaciones, entre otras consecuencias.
“Los agroquímicos pulverizados en la Argentina generan riesgos y daños en la salud de millones de habitantes que viven cerca de las zonas fumigadas”, sostiene Lowy, quien está luchando para que la “clasificación toxicológica de los agroquímicos” considere el conjunto de todos los daños a la salud que pueden generar estos tóxicos, muchos de los cuales están prohibidos en varias partes del mundo por sus consecuencias fatales.
Es hora que frente a los agrotóxicos, los funcionarios apliquen como mínimo el Principio Precautorio en materia ambiental y sanitario. Para los funcionarios provinciales y nacionales distraídos, se le recuerda que el Artículo 4º de la Ley General del Ambiente Nº 25.675, promulgada el 28 de noviembre de 2002, indica sin medias tintas que: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medioambiente”.
El ingeniero Claudio Lowy está llevando una huelga de hambre para que se reclasifiquen estos venenos. No es bueno que quede solo. Porque de suceder eso, entonces no habrá presente ni futuro saludable.
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