Hay que decir No al trabajo infantil

Este es un flagelo que azota a todo el país, especialmente a Entre Ríos y otras provincias ubicadas en el norte.

Organismos oficiales y ONG que trabajan en el rubro, dan cuenta que en la Argentina cerca de 456 mil menores de edad trabajan, ya sea en la ciudad o en el campo, aunque hay otras entidades que elevan la cifra de la vergüenza al millón de menores.

Hay que recordar que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ha realizado intensos operativos, muchos de ellos en Entre Ríos, donde estableció de manera concreta que el trabajo infantil sigue muy vigente a lo largo y ancho del país.

Niños cosechando yerba mate en Misiones. Niños trabajando en los tabacales en Salta. Niños cosechando algodón en Chaco. Niños utilizados para cosechar la cebolla en San Juan, o las peras y manzanas en Río Negro, o los limones en Tucumán. Niños trabajando en los aserraderos, quintas y en campos sojeros de Entre Ríos. Niños trabajando en industrias textiles en Buenos Aires. No hay provincia que no haga abuso de esta explotación, y en la mayoría de los casos con absoluta impunidad.

Por eso, ahora la Cámara Diputados pretende incorporar al Código Penal sanciones más severas para quienes utilicen menores de 16 años de edad para trabajar en provecho propio o de un tercero. Y la idea es encuadrar esta responsabilidad dentro del capítulo vinculado con “delitos contra la libertad”.

La iniciativa establece que aquellas personas físicas que utilicen a un menor de 16 años para trabajar en provecho propio o de un tercero serán reprimidas con prisión de dos a cuatro años. La iniciativa exceptúa aquellos casos de menores que trabajen en empresas familiares, porque entiende que se trata de otra cultura del trabajo que no es nociva. Cada cosa en su lugar y que nadie abuse de casos particulares, es el espíritu que anima a los legisladores.

La otra iniciativa también contempla prisión, aunque más severas, dado que cuando se utilicen menores de 16 años será de uno a tres años y cuando sean menores de 13 años, la pena será de tres a seis.

Como sea, se trata ahora de combatir un delito con prisión, dado que las multas ni siquiera inmutaban a los explotadores de niños.

Más allá de las leyes, es imprescindible que en el siglo XXI se comprenda que el trabajo infantil -en cualquiera de sus condiciones y en cualquier contexto urbano como rural- es un delito muy grave, porque vulnera los derechos del niño y elementales derechos humanos. Con un agravante: generalmente los niños que son explotados provienen de hogares con historias de fragilidad social, exclusión y con derechos vulnerados.

Por último, es necesario recordar que toda iniciativa que se sume para combatir este flagelo será bienvenida. Pero no alcanza con leyes, sino con organismos estatales que sepan estar a la altura de las circunstancias y que actúen con firmeza, porque un niño explotado es una sociedad que estalla en mil pedazos por la injusticia que ello implica.