En Entre Ríos podría pagarse recompensa a quien informe sobre determinados delitos
Un proyecto establece cuáles son los delitos por los que se podría fijar suma de dinero cuando alguien aporte datos de relevancia para una investigación. El texto toma recaudos sobre la posibilidad de un “falso testigo”.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados provincial propone pautas para dar recompensas a quienes aporten información sobre diversos delitos.
La iniciativa establece que es el ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos de la provincia el autorizado a pagar hasta la suma de 100 mil pesos a aquellas personas que “aporten al proceso penal información relevante sobre el ilícito”.
Los delitos por los que se aplicaría la norma son: homicidio simple, homicidio calificado, ilícitos penales contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad calificada, imposición de torturas, sustracción de menores y secuestro extorsivo.
El proyecto se presentó el 11 de febrero de 2008 en la Cámara de Diputados y, según el sitio oficial, el expediente Nº 16.506 no ha perdido estado parlamentario ni ha sido retirado. Se trata de una iniciativa de ley que fija pautas para el pago de recompensas a testigos en el marco de una investigación por delitos penales.
En el artículo 1º de la iniciativa, además del monto a entregar, se menciona que la información deberá aportar “datos de conocimiento incorporados permitan la captura de los autores o partícipes que se encuentran fugados o en situación de rebeldía”.
El proyecto –en su artículo 8°– se refiere a la obligación de denunciar en caso de que “el Ministerio Público Fiscal tome conocimiento de la mendacidad de lo declarado por el testigo”. De ser así se “deberá denunciar la probable comisión del delito de falso testimonio ante la autoridad competente”.
No obstante, si el testigo ya hubiese percibido el pago de la recompensa, el Ministerio de Gobierno como autoridad de aplicación, “tiene la obligación de denunciar la comisión de un delito contra el patrimonio público, o en su caso, ampliar la denuncia ya formulada por el Ministerio Público Fiscal”.
Voces opuestas
Abogados del fuero penal consultados, por su parte, coinciden en que no necesariamente el ofrecimiento de una suma de dinero para que se aporte información acelere la pesquisa para esclarecer el hecho.
Uno de los casos en donde se evidenció lo contraproducente que significó ofrecer una recompensa fue cuando desapareció Fernanda Aguirre.
En ese sentido, un abogado señaló: “Ofrecer un monto dinerario entendiendo que así se agilizará un proceso no es correcto, es sólo una posibilidad. Sucede que la recompensa pasa a ser una disputa de gente que por ganarse el mango puede terminar entorpeciendo la investigación. Por algo en otros lugares no han avanzado proyectos de este tipo”.
Un antecedente a este proyecto es el Fondo Permanente de Recompensas en Buenos Aires, creado en 1998 por el entonces gobernador Eduardo Duhalde. La iniciativa del entonces mandatario bonaerense se había dado en el marco del asesinato del reportero gráfico, José Luis Cabezas. En su momento se ofrecieron 300 mil pesos para quien aportara datos para esclarecer el hecho, publicó El Diario.
La iniciativa establece que es el ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos de la provincia el autorizado a pagar hasta la suma de 100 mil pesos a aquellas personas que “aporten al proceso penal información relevante sobre el ilícito”.
Los delitos por los que se aplicaría la norma son: homicidio simple, homicidio calificado, ilícitos penales contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad calificada, imposición de torturas, sustracción de menores y secuestro extorsivo.
El proyecto se presentó el 11 de febrero de 2008 en la Cámara de Diputados y, según el sitio oficial, el expediente Nº 16.506 no ha perdido estado parlamentario ni ha sido retirado. Se trata de una iniciativa de ley que fija pautas para el pago de recompensas a testigos en el marco de una investigación por delitos penales.
En el artículo 1º de la iniciativa, además del monto a entregar, se menciona que la información deberá aportar “datos de conocimiento incorporados permitan la captura de los autores o partícipes que se encuentran fugados o en situación de rebeldía”.
El proyecto –en su artículo 8°– se refiere a la obligación de denunciar en caso de que “el Ministerio Público Fiscal tome conocimiento de la mendacidad de lo declarado por el testigo”. De ser así se “deberá denunciar la probable comisión del delito de falso testimonio ante la autoridad competente”.
No obstante, si el testigo ya hubiese percibido el pago de la recompensa, el Ministerio de Gobierno como autoridad de aplicación, “tiene la obligación de denunciar la comisión de un delito contra el patrimonio público, o en su caso, ampliar la denuncia ya formulada por el Ministerio Público Fiscal”.
Voces opuestas
Abogados del fuero penal consultados, por su parte, coinciden en que no necesariamente el ofrecimiento de una suma de dinero para que se aporte información acelere la pesquisa para esclarecer el hecho.
Uno de los casos en donde se evidenció lo contraproducente que significó ofrecer una recompensa fue cuando desapareció Fernanda Aguirre.
En ese sentido, un abogado señaló: “Ofrecer un monto dinerario entendiendo que así se agilizará un proceso no es correcto, es sólo una posibilidad. Sucede que la recompensa pasa a ser una disputa de gente que por ganarse el mango puede terminar entorpeciendo la investigación. Por algo en otros lugares no han avanzado proyectos de este tipo”.
Un antecedente a este proyecto es el Fondo Permanente de Recompensas en Buenos Aires, creado en 1998 por el entonces gobernador Eduardo Duhalde. La iniciativa del entonces mandatario bonaerense se había dado en el marco del asesinato del reportero gráfico, José Luis Cabezas. En su momento se ofrecieron 300 mil pesos para quien aportara datos para esclarecer el hecho, publicó El Diario.
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