Editorial

Femicidios

El Observatorio de Femicidio en la Argentina dio a conocer un relevamiento por el cual durante el año pasado se registraron 277 mujeres asesinadas en el país, lo que implicó que 330 personas se quedaron sin madre, de las cuales 200 son menores de edad.

En siete años la cifra se eleva a 1.808 mujeres asesinadas por su pareja, más allá de la condición legal de la misma.
En Entre Ríos, siguiendo siempre el mismo informe, se registraron quince casos y La Rioja es la única provincia que no presentó casos en esta materia.
El informe de prensa da cuenta que la provincia de Buenos Aires registra el mayor número de femicidios con 91 mujeres; Salta y Córdoba ocupan el segundo lugar con más víctimas fatales por violencia de género, con un total de 21 casos en cada una.
En el 56 por ciento de los casos el presunto femicida era pareja o ex pareja de la víctima; en el 20 por ciento, el agresor no tenía un vínculo aparente con la víctima; y en el siete por ciento, son otros familiares.
“La violencia de género no es un tema de mujeres, no es un tema políticamente correcto, es un tema de toda la sociedad, porque si no terminamos con esta situación y si no frenamos los femicidios, jamás alcanzaremos una verdadera igualdad”, se remarcó desde la ONG en la presentación del informe.
Más de la mitad de estas muertes fueron cometidos por la pareja de la víctima, lo que concluye que para ellas era más peligrosa la casa que la calle.
Cinco mujeres por semana, en promedio, fueron víctimas de femicidios en los últimos siete años en la Argentina. Ese dato debería por sí mismo hacer reflexionar a las autoridades y establecer políticas más activas con respecto a este flagelo.
Las ONG que trabajan en la temática vienen reclamando la sanción de una ley que quite automáticamente la patria potestad a los femicidas, además de garantizar el patrocinio jurídico gratuito especializado en el fuero Penal y Civil para las víctimas y la urgente implementación de un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.
Es cierto que si se comparan los femicidios ocurridos en 2013 con los del año pasado, se observará un leve descenso del seis por ciento. Pero hay que convenir que también es verdad que la cifra de cinco mujeres muertas por semana es demasiada alta como para hablar de un retroceso.
Otro dato que no es menor es que el 15,5 por ciento de las víctimas ya había hecho la denuncia contra quien luego la asesina, o había obtenido en la Justicia una medida de prohibición de acercamiento o de exclusión de hogar para el agresor. Esto también habla a las claras de que se requieren de mayores herramientas para garantizar protección y seguridad a quien denuncia.
Y lo que más espanta: el lugar más peligroso sigue resultando el propio hogar más que la vía pública para las víctimas de violencia de género.
Nadie puede permanecer indiferente ante esta radiografía. Es urgente articular mejores leyes y garantizar desde el Ejecutivo y desde el Poder Judicial mayor seguridad para quien esté atravesando una situación de violencia.


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