Editorial

Consolidar herramientas para el trabajo

El gobierno nacional implementará un plan de lucha contra la informalidad laboral. Para ello se darán incentivos a las empresas, según se anunció.

La idea es “que todas las empresas de menos de cinco trabajadores paguen un 50 por ciento menos de la contribución a modo de incentivo”. Es decir, se trata de una quita importante en materia de presión fiscal laboral.
Junto a ello se intensificarán los operativos de control del Ministerio de Trabajo sobre el empleo informal, lo que beneficiará a las provincias, que casi nunca cuentan con medios para realizar las inspecciones.
Se sabe que es en la actividad agropecuaria, en la construcción, en el turismo y el comercio donde se vivencias los mayores casos de trabajo no registrado.
Se trata de una medida oportuna, pero también hay que señalar que el propio gobierno provincial no colabora en el blanqueo de los salarios, puesto que todavía tiene varios códigos que los sigue abonando en “negro”.
De todos modos, son importantes estos anuncios, dado que la falta de trabajo es un mal a escala nacional que repercute primero en las economías locales. Aunque es justo también recordar que en estos últimos diez años, el gobierno nacional ha prometido muchas veces combatir estas malas prácticas y todo quedó en anuncios, en promesas que luego se fueron vaciando de contenido al no tener su correlato de acción clara y contundente en la realidad.
No obstante, es necesario comprender que el desempleo atenta contra la cohesión social, que es indispensable para planificar y sostener cualquier desarrollo, especialmente el familiar. El desempleo implica pérdida de calidad de vida, erosiona la confianza colectiva y aumenta la percepción de injusticia. Por eso sus tensiones no sólo se registran en niveles financieros o económicos, sino especialmente en lo cultural y familiar.
Y hay un dato que no se debe soslayar: entre los desocupados, el grupo más vulnerable son los jóvenes.
Y claro está, el gobierno puede hacer mucho para disminuir la presión fiscal en materia laboral, dado que es esa misma presión fiscal la que muchas veces impide la generación de nuevas fuentes laborales.
Y, tal como señala la Iglesia, la esclavitud moderna (que tiene los mismos vicios que la antigua) se experimenta mucho en el mundo del trabajo. Se trata de un flagelo colectivo, donde es imperiosa la presencia de un Estado fuerte y decidido a evitar que un ser humano sea considerado esclavo.
Hay mucha tarea por delante y se requiere de constancia y perseverancia. Es de esperar que estos anuncios tengan continuidad en el tiempo y que incluso se amplíen los horizontes de disminución de la presión fiscal a pequeñas y medianas empresas ya no de cinco trabajadores sino de muchísimos más.
Y lo otro que es necesario consolidar es que el Estado nacional, provincial y municipal, puedan articularse entre sí y hacer un frente común ante este flagelo. Y mantener informada a la comunidad sobre los casos detectados en cada localidad, justamente para que también la sociedad pueda actuar en consecuencia.
Por último, hay que recordar el concepto de que generar trabajo en negro y trabajo esclavo y no combatirlo, es la forma más intensa de atentar y erosionar con la cultura del esfuerzo.