Editorial

La Justicia provincial y el narcotráfico

El procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amílcar García, formuló ayer importantes declaraciones en referencia a articular mecanismos que permitan desde la Justicia provincial tener una actitud más proactiva frente al flagelo del narcotráfico y la venta de drogas en los barrios que es también conocida como “narcomenudeo”.

El jefe de los Fiscales sostuvo que “sería importante permitir que los jueces provinciales libren órdenes de allanamiento por drogas”. Y sostuvo este concepto teniendo en cuenta que la Justicia Federal está muy atareada por la cantidad de casos que se registran continuamente.
Incluso referenció que cuando la prueba del delito de tenencia se toma en el acto no hay demasiados obstáculos para el curso de una causa, pero cuando se pierde tiempo, todo se complica. Por eso propuso que es necesario “que se den órdenes de allanamiento inmediatas”.
Por otro lado, el ministro de Gobierno y Justicia, Adán Bahl, valoró el esfuerzo de la Policía de Entre Ríos en la lucha contra el narcotráfico y sostuvo que la inmensa mayoría de las causas –aún cuando se sustancien en la esfera federal- provienen de investigaciones realizadas por la policía entrerriana. Por eso –siguiendo la línea argumental del Procurador- es necesario que la Justicia provincial se pueda encargar de estos temas, máxime si se tiene en cuenta las demoras en la Justicia Federal.
El Procurador fue más lejos y sostuvo que la Justicia Provincial no debería actuar solamente en las llamadas causas por “narcomenudeo” sino también en las que están involucrados los grandes distribuidores de drogas.
Es oportuno recordar que el año pasado el Senado entrerriano elaboró una ley para contar con herramientas judiciales que permitan atacar los problemas que genera la venta de drogas a pequeñas escalas. Y fue el Superior Tribunal de Justicia quien nunca las aplicó de manera integral argumentando que les faltan recursos. Se trata de la Ley 9.783, norma que otorga facultades a la justicia provincial para actuar en el tema.
Es importante reflexionar sobre este tema y lo mucho que hay para hacer. Es necesario tomar conciencia de que en los barrios de las principales ciudades de la provincia, como en Gualeguaychú, la venta de drogas a baja escala genera estragos principalmente en la juventud y en la familia. Y no hay que desvalorizar la escala de “narcomenudeo”, porque si se la observa de manera integral se estará ante un comercio ilícito varias veces millonario.
Por eso la propuesta del Procurador debe inscribirse como un paso adelante, donde todas las áreas del Estado deben coordinar esfuerzos y eso implica articular una perspectiva de acción que sea conjunta y no presente fisuras.
El otro aspecto que es preciso tener presente, es que con el tema drogas se anexan otra clase de delitos conexos, lo que también está reflejado en los altos niveles de agresión y violencia que se experimenta en la sociedad.
Sería un paso alentador que todos los estamentos del Estado se ocupen del tema… es de esperar que ahora desde el Superior Tribunal de Justicia no pierdan el tiempo con excusas y sean conscientes que este tema no admite especulaciones sectoriales sino la contribución en la defensa de los intereses generales de la población.