Editorial

Otra vez los olvidos por UPM Botnia

El gobierno municipal, el provincial y el nacional se han expresado de manera institucional y pública respecto de que no hay otro camino para intentar una solución en la controversia por la presencia de la contaminante UPM Botnia, que recurrir de nuevo a la Corte Internacional de Justicia con asiento en La Haya.

De esa forma se expresó el canciller Héctor Timerman, el Honorable Concejo Deliberante, el gobernador Sergio Urribarri y la legislatura entrerriana e incluso hay varios proyectos en ese sentido presentado por legisladores entrerrianos a nivel nacional en el Congreso.
Muchas declaraciones, algunas altisonantes, pero pocas acciones; como ha sido una constante a lo largo de estos once largos años que lleva este conflicto.
La lucha ambiental que viene sosteniendo la Asamblea Ciudadana contra la presencia de UPM Botnia en la cuenca del río Uruguay, está quedando más que claro a esta altura de la historia que los gobiernos no han tenido vocación generacional sino una mezquina especulación electoral. No se ha pensado en términos generacionales sino apenas electorales partidarios. Por eso el conflicto sigue en un callejón sin salida, teniendo al pueblo prisionero de una controversia que a más de una década de existencia, hasta los propios gobiernos y funcionarios han perdido credibilidad y confianza en la materia.
No se trata solamente de la instancia jurídica a nivel internacional, tampoco han cumplido con la divulgación en tiempo y forma de los informes del monitoreo ambiental ni mucho menos con las prometidas instalaciones de aparatos que iban a indicar qué clase de aire se está respirando en la región.
No se trata solamente de una cuestión ambiental limitada a ese campo, sino que está en juego información sensible vinculada con la salud.
Como bien lo ha señalado la propia Asamblea en marcha al puente internacional, ambos gobiernos están violando de manera sistemática elementales derechos humanos y están inscribiendo sus nombres en la lista de ecocidas.
Hay que sacarse la venda de los ojos: ese conflicto –que ya lleva once largos años- ha recorrido todo el período kirchnerista y con la aprobación unilateral del gobierno uruguayo para aumentar la producción anual de pasta de celulosa (en dos oportunidades), quedará como “herencia” para la próxima gestión presidencial, gubernamental y municipal; porque los actuales mandatarios (todos con dos períodos de gobiernos) sólo han dilatado el tiempo, no han dado respuesta institucionales congruentes con la gravedad del conflicto y han sido funcionales (el municipio, la provincia como la Nación) a la política de los hechos consumados.
¿Qué pasó después de las altisonantes declaraciones legislativas en todos sus niveles? Nada. Ni siquiera las autoridades han recibido formalmente a los asambleístas, y mucho menos el canciller que hace más de tres años que debe responder un pedido de audiencia en ese sentido.
Y lo otro que hay que señalar para dar cuenta que no se trata solamente de los Poderes Ejecutivos y Legislativos, los fiscales ambientales son más una farsa que un instrumento a favor de los pueblos. ¿Dónde están los fiscales ambientales? Escondidos detrás de sus escritorios.
Así las cosas, queda claro una vez más que hay licencia para contaminar en la región. Un delito por donde se lo analice… pero que cuenta con la impunidad que otorgan aquellos que gobiernan de espaldas a su pueblo.