Editorial

Licencias truchas por enfermedad

El festival de irregularidad en torno a los abusos laborales que se generan por los certificados que ordenan licencia por enfermedad, vuelve a tener actualidad en la provincia, lo que también se puede traducir que se trata de un antiguo problema que no ha podido resolverse.

Esta vez fue el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria (PJ), Enrique Cresto, quien criticó al ministro de Salud, Hugo Cettour, por el tema de las licencias. “Que haya un ministro de Salud que sea médico, a veces termina siendo contraproducente porque termina decidiendo la corporación médica –afirmó Cresto-. De 1.200 millones que estamos pagando en la provincia de licencias que dan los médicos, muchas son truchas porque se otorgan por amiguismo o las venden, y genera que se esté pagando suplentes y eso genera muchos gastos”.
La expresión del senador es elocuente y amerita una lectura que en varias oportunidades fue abordada por esta misma columna Editorial. En el circuito de las licencias truchas por enfermedad interviene un trabajador desleal, pero también un profesional médico que “certifica” un diagnóstico que no se condice con la realidad. Pero también intervienen los gremios con una pasividad que llama mucho la atención, porque permiten que de un derecho se haga un abuso. E interviene un Estado ausente, que no alcanza a controlar algo tan elemental.
El senador Cresto fue más lejos aún y denunció que el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Miguel Pelandino, le reconoció que cuando ocurren estos abusos el gobierno no hace nada “porque muchos suplentes están protegidos políticamente”. Se calcula que en Entre Ríos se han solicitado alrededor de seis mil licencias y casi todas están sospechadas.
El legislador propuso que el Ministerio de Salud sea más celoso a la hora de controlar esta situación y agregó que sería oportuno que cuando se corrobore que un médico otorgó una licencia por enfermedad trucha, directamente se le saque la matrícula. Habrá que plantearlo en una ley, claro está, pero es evidente que se requieren de soluciones drásticas.
En momentos en que todos los gremios vinculados con el Estado están solicitando aumentos salariales, el gobierno argumenta que tal como están las finanzas eso es imposible. Sin embargo, con disminuir de manera ostensible estas suplencias truchas, podría aparecer una fuente de financiamiento para esos aumentos. Tan sólo en Educación se destinan casi el 40 por ciento del monto total de los sueldos de ese sector a licencias.
Y lo otro que hay que tener en cuenta es que este flagelo no sólo afecta al sector público, sino también al privado. Se trata de un festival de irregularidades que por el momento nadie ha podido ponerle un límite.
 


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