Editorial

Cámaras de seguridad

El oficialismo y la oposición, como así también el Poder Judicial y las autoridades policiales, coinciden que sería oportuno que en la ciudad se instalen las cámaras de seguridad porque la valoran como una herramienta importante en materia de prevención.

Incluso reconocen que si bien no evitará el delito, será disuasiva, pero lo más importante es que colaborará con la prevención, capturará imágenes que luego servirán como prueba en caso de necesitarse en un proceso judicial y además de colaborar con las seguridad vinculada con el delito será esencial para ayudar en cualquier clase de emergencias que requieren el auxilio de los servicios públicos como Salud o Bomberos Voluntarios, entre otros.
Pero del dicho al hecho hay un trecho que todavía no ha podido ser transitado. Es cierto que se prometió el sistema integral del número gratuito 911, pero también es verdad que por el momento no se perciben mayores logros para su concreción. Es más, en el caso del 911 habría que implementarlo pero sin los errores groseros que se cometieron cuando se habilitó el número gratuito 107 para emergencias en salud y que en la práctica no funciona como corresponde ni puede generar respuestas en tiempo y formas.
Gualeguaychú tiene hoy por hoy mayores oportunidades para incorporar esta clase de tecnología: en principio se cuenta con una ley provincial, pero también con la experiencia de otros municipios que están mucho más avanzados en esta materia y con los formidables resultados del sistema que se implementó entre la Sociedad Rural local, la Policía y la Justicia que indican que el faenamiento clandestino y el robo de ganado mayor ha disminuido de manera considerable.
Las cámaras de seguridad e incluso el sistema 911 no admiten mayores demoras. La seguridad en Gualeguaychú se encuentra muy debilitada y ante esta realidad no es inteligente ni práctico desaprovechar herramientas que han probado su eficacia contra el delito y también ante casos de emergencias.
Muchos vecinos o particulares se han organizado para contar con un sistema –aunque precario- de video vigilancia. Esto expresa también que el Estado está quedando muy atrás en satisfacer las necesidades de los ciudadanos en materia de seguridad.
Mientras la inseguridad se enseñorea por los distintos barrios de la ciudad, el gobierno sigue a la distancia como si fuera indiferente a esta realidad que golpea duro a las familias.
Está claro que los ciudadanos deben tener un espíritu colaborativo y preventivo con la seguridad, básicamente observando el cumpliendo de la ley y denunciando cuando alguien la quebranta. Pero el Estado no puede cifrar el mejoramiento de la seguridad ciudadana al aporte económico que cada vecino pueda realizar. Por eso se insiste con este sistema, porque por el momento hay una comunidad que sigue esperando respuestas por parte del Estado.


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