Editorial

¿Qué Justicia se quiere?

03/02/12 |En el 2012 se cumplirán 29 años desde la recuperación de la Democracia. Un tiempo excepcional para plantearse si realmente se ha avanzado en aquel precepto constitucional de “afianzar la Justicia”.

La primera respuesta es obvia como positiva, dado que sólo en democracia se puede generar justicia en el sentido constitucional del concepto, pero también en el sentir de la sociedad.
Además se ha dado progresos –con avances y retrocesos- y se ha mejorado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han afianzado las garantías en la defensa de los derechos humanos y se han consolidado nuevos derechos y garantías, incorporados a la Constitución en 1994. Ejemplo de ello son los derechos de las mujeres, de las minorías, de los consumidores y usuarios de servicios públicos, y de los derechos a la información y al ambiente.
No obstante hay muchos reclamos por parte del conjunto de la sociedad. Entre los más generalizados se encuentra que pese a los Consejos de la Magistratura (otro gran avance) no queda del todo claro –al menos siempre y en todos los casos- la transparencia a la hora de designar las ternas de los aspirantes a jueces.
Otro reclamo es la tardanza en la tramitación de los pleitos, el desequilibrio que existe en el mapa judicial dado que, por ejemplo, en Gualeguaychú, es evidente que faltan no sólo tribunales sino secretarías, empleados y recursos. Sin redundar en la estrecha infraestructura en la que deben desempeñarse quienes tienen la obligación de brindar el servicio de Justicia, tan esencial para vivir en sociedad. La otra falencia es que se trata del Poder del Estado que más debería servirse de la tecnología, pero es el que está más relegado.
En materia política, la Justicia no puede desplegar todo su rol porque son los propios órganos del gobierno quienes lo impiden, como el caso de la Anses y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero también existen jueces y fiscales que han favorecido a políticos o funcionarios de gobierno o han demorado el trámite o la investigación de graves delitos cometidos especialmente con temas vinculados con el mal desempeño y la corrupción.
La Justicia es la virtud que obliga a dar “a cada uno lo suyo”. El Preámbulo de la Constitución manda a “afianzar la justicia” y para ello no hay mejor camino que fortalecer la educación; justamente porque es el ámbito más adecuado para tomar conciencia sobre obligaciones y derechos y luego consolidarlos en el accionar diario en la sociedad.
La Justicia es todo un desafío para la democracia, dado que la democracia no se limita solamente a los actos eleccionarios de los ciudadanos para elegir a sus representantes y autoridades. ¿Funciona realmente como la sociedad espera una Justicia que vele por la honestidad? ¿Cuántos casos existen que la Justicia se convierte en desertora (por deficiente, por falta de medios, por temerosa, a veces hasta por cómplice) y no actúa de oficio ante evidentes hechos escandalosos?
Pero la mayor amenaza que padece la Justicia tal vez no provenga de factores externos sino internos y sea la de algunos jueces, que son expertos en divorciar la verdad de la sentencia o en todo caso de reducir la realidad a la medida de sus sentencias.