Causa Riganti: hubo pedido de excepción en la audiencia de elevación a juicio

Se realizó ayer por la tarde la audiencia de remisión a juicio la causa en la que se investiga penalmente al ex intendente de Larroque, Raúl Riganti y otros, por supuestas irregularidades en la realización de 14 cuadras de asfalto cuando estaba al frente de la Municipalidad y que se solventaron con fondos nacionales que se giraban directamente a la comuna a través de un programa específico. Se trata del Legajo Nº 2358/16 rotulado “Benedetti, Héctor Darío S/ Denuncia”.
La audiencia fue presidida por el juez de Garantías N° 1, Mario Figueroa; por el Ministerio Público Fiscal asistió Sergio Rondoni Caffa, quien lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria; en representación de la parte civil el abogado Sergio Avero; y por la defensa concurrieron Fabián Otarán (defensor de Norberto Marchesini, ex Secretario de Hacienda); Miguel Ángel Cullen y Julio Pedrotti (defensores de Néstor Hereñú, directivo de la empresa constructora IOC SA); y Daniel Garbino (defensor de Raúl Riganti y del exsecretario de Gobierno, Leonardo Hasell, y del exsecretario de Obras Pública Juan Carlos Rochelle).
La causa se inició por el actual intendente de Larroque, Darío Benedetti, quien emitió en mayo de 2016 un decreto por el que declaró lesiva a los intereses municipales la contratación realizada en 2015 con la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA), para la construcción de 14 cuadras de pavimento, financiadas por el gobierno nacional.
En su momento, Riganti acordó el pago de unos 21 millones de pesos para una obra de 14 cuadras de pavimento. Pero, la auditoría ordenada por Benedetti determinó que la obra costó poco más de cinco millones de pesos. La empresa había cobrado hasta entonces poco más de 8 millones de pesos; y el Departamento Ejecutivo destrabó la segunda parte del pago de la obra por unos 13 millones, que estaban acreditados en la cuenta del Municipio y los devolvió a la Nación.
Así, luego se presentó ante la fiscalía y denunció penalmente, para que se investigue un supuesto fraude a la administración pública por parte de la empresa y el incumplimiento de los deberes de funcionario público de parte de las autoridades de la anterior gestión.
Además, Benedetti se había comprometido a plantear esta vez en los tribunales de Paraná la demanda a la empresa para que devuelva los tres millones de pesos que supuestamente había cobrado de más, siempre según los cálculos de la auditoría que, en apretada síntesis, determinó que el proceso del concurso de precios N° 09/2015 “está plagado de irregularidades al inicio, durante su tramitación, en su adjudicación y en la realización de la obra”.

La audiencia

Como es de rito, el juez antes de dar la palabra a las partes para fundar la elevación a juicio, atendió cuestiones previas que se presentaron.
Así, el abogado Otarán planteó una medida de excepción de competencia jurisdiccional, sustentado en el precepto de los derechos y garantías constitucionales para ser juzgados por un juez natural. En ese marco, planteó que esta causa es de competencia federal, porque se está investigando un supuesto delito que afecta a las rentas nacionales, dado que los fondos para pavimentar las cuadras en Larroque provenían de manera directa al Municipio desde la Nación.
Además de citar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Otarán recordó que la Ordenanza 048/15 del Concejo Deliberante de Larroque (votada por unanimidad) habilitó al Departamento Ejecutivo la contratación directa.
Consideró que la investigación de la fiscalía “era subjetiva”, porque extrañamente no profundizó hacia las responsabilidades que pudieran derivarse de los funcionarios nacionales y de los propios concejales que autorizaron el convenio respectivo. E hizo reserva federal del caso.
A su turno, el fiscal Rondoni Caffa argumentó que no correspondía la actuación de la justicia Federal, porque más que un perjuicio a las rentas de la Nación se había perjudicado a la comuna de Larroque. Y recordó, como antecedente, el caso del exsenador Abelardo Félix Pacayut (ya fallecido) quien fue llevado a juicio por ser el encargado de gestionar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para la construcción del Puerto Ibicuy y, al mismo tiempo, se constituyó una asociación civil denominada Comisión de Fomento Pro-desarrollo del Puerto Ibicuy, sin personería jurídica ni sede social.
En ese horizonte también argumentó el abogado Avero (actor civil por parte de la actual gestión municipal de Larroque) quien se autorreferenció porque cuando era fiscal de Estado defendió que la causa de los ATN era de competencia ordinaria.
El abogado Cullen, quien planteó la nulidad de la remisión a juicio y el sobreseimiento de su defendido, sostuvo que es un derecho de toda persona saber qué juez lo juzgará y a quién se debe dirigir la defensa. E hizo observar que en el proceso entrerriano prevalece la oralidad, mientras que en el Federal el sistema es por escrito, casi inquisidor incluso y esa diferencia es sustancial al momento de diseñar una estrategia.
Pedrotti también reforzó el argumento de la competencia federal, al sostener que los fondos provenían de la Nación e incluso el Municipio no recibió los fondos de una sola vez, sino que debía certificar el avance de obra ante la Nación, para que ese nivel de gobierno libere parcialmente los pagos correspondientes. Y agregó que el municipio no tenía responsabilidad de pago aunque la obra estuviera concluida, ni tampoco responsabilidad en cuanto a  intereses por mora.

Los fueros

La otra presentación de excepción fue planteada por el doctor Garbino que defiende los intereses de Riganti.
En ese contexto puso de relieve la nueva condición de su defendido, quien asumió como diputado provincial en reemplazo del actual diputado nacional Juan José Bahillo; y pidió que la fiscalía antes de avanzar con la remisión a juicio, solicite a la Cámara de Diputados de la Provincia un pedido de desafuero.
La postura de Riganti siempre fue la de defenderse de las acusaciones y sostuvo públicamente en reiteradas oportunidades que no necesitaría de su cargo legislativo para eludir a la Justicia. “Si lo que les preocupa (a Cambiemos) es que me vaya a querer amparar en los fueros, se pueden quedar bien tranquilos porque no los necesito para defender la verdad”, afirmó Riganti.
Sin embargo Garbino hizo observar que más allá de ese deseo personal, hay cuestiones institucionales que se deben respetar como es el de los fueros, para no lesionar la actuación de un legislador elegido por el pueblo.
Garbino sostuvo que Riganti “acredita la existencia de fueros de origen legislativo, que –en el caso de una causa penal como ésta- le otorgan un derecho fundado en la Constitución normado en los Artículos 113º y 114º de la Carta Magna Provincial; a partir del cual la Ley Fundamental entrerriana erige en su derredor un obstáculo al libre accionar de jueces y fiscales, que impedirá que estos últimos no sólo lo interroguen y/o molesten por opiniones que emita en el desempeño de su mandato en la Legislatura entrerriana, sino y particularmente que lo acusen y/o detengan por cualquier causa (salvo flagrancia) y/o allanen su domicilio o despacho y/o lo requisen y/o vea interceptado su correo o sus teléfonos”.
También aclaró “que luego de intensas y extensas reuniones mantenidas durante diciembre con Riganti y su familia, he logrado finalmente convencerlo de agitar sus fueros a modo de legítimo valladar constitucional”.
“Es justo y oportuno decir que, a pesar del espeso clima judicial reinante en el país para exfuncionarios que gobernaran bajo el sello del Frente para la Victoria (un dato objetivo de la realidad), mi defendido sostuvo a rajatabla su postura de no ampararse en los fueros. Sin embargo, la comprobación fehaciente de algunos actos recientes protagonizados por integrantes del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, demostrativos de un siniestro grado de abuso de autoridad (nacido de la ignorancia o de la valentía ocasional o de la obtención de cucardas por la vía rápida), han persuadido a mi defendido sin el menor atisbo de duda de ampararse en sus fueros constitucionales, lejos de los vibrantes brazos del repicante odio que exhiben algunos funcionarios políticos que, torpes como siempre, en vez de aprovechar útilmente la esporádica pizca de poder que tienen la malgastan en causas que saben absurdas como ésta”.
El fiscal Rondoni Caffa no estuvo de acuerdo y sostuvo que no hay afectación a los fueros, porque no lesiona la libertad de quien debe legislar ni tampoco limita su opinión y en consecuencia se puede continuar con el proceso judicial. “La inmunidad es de arresto, pero no de proceso”, reiteró; y aclaró que si en su momento llega a ser condenado, recién ahí será la oportunidad para solicitar el desafuero.
Tanto Otarán como Cullen replicaron al sostener que corresponde el pedido de desafuero antes de continuar con la elevación a juicio, porque ese instituto fue diseñado para evitar presiones al legislador a la hora de plasmar su voluntad legislativa.

Cuarto intermedio

El juez Figueroa escuchó la postura de todas las partes y anunció que pasará a un cuarto intermedio para dilucidar ambas cuestiones: quién será el juez natural para juzgar esta causa y el asunto del desafuero del diputado Riganti.
Ese intervalo lo anunció en principio por 48 horas hábiles, que vencen el 2 de febrero atento a la feria judicial de enero. Sin embargo, los abogados presentes pidieron otra fecha por sus agendas de trabajo y de vacaciones y se acordó que en principio la audiencia continuará el miércoles 14 o viernes 16 de febrero a las 10 en los Tribunales locales.