Confirman que la Justicia Federal reactivó una causa contra la pastera BOTNIA
El juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Ramón Pimentel, le ordenó mediante una resolución firmada el 30 de abril a la Cancillería argentina y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que le remitan toda la documentación vinculada con las pruebas presentadas contra la ilegal Botnia-UPM en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La información fue confirmada a EL ARGENTINO por los abogados de la Asamblea Ciudadana Ambiental –que es querellante en la causa que se tramita en el Juzgado Federal-, dado que ellos fueron notificados de esa medida el 4 de mayo.
De esta forma, el juez Pimental reactivó la causa contra la ilegal Botnia y ordenó a la Cancillería argentina como a la Secretaría de Ambiente se le remitan “la totalidad de los dictámenes, informes, pericias y otros elementos que fueran presentados por Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, en relación a la controversia que mantiene el país con Uruguay por la empresa Botnia-UPM.
Por otro lado, la Asamblea insistirá en que a través de las vías que correspondan, el presidente oriental José Mujica permita que los exhortos de la Justicia Argentina lleguen a sus destinatarios y deje de alimentar la impunidad tal como lo propició su antecesor Tabaré Vázquez.
En ese marco, la Asamblea brega para que la República Oriental del Uruguay cumpla con sus obligaciones como Estado en relación al Protocolo de San Luis, que lo estaría violando al impedir la canalización de los exhortos e incluso por ese instrumento de cooperación sustantivo del Mercosur, está obligado a suministrar pruebas.
Por eso los asambleístas pedirán al juez Federal que vuelva a citar cuanto antes a los directivos de la pastera, para que declaren en la causa penal que se sustancia en el Juzgado de Concepción del Uruguay. Los directivos de la ilegal Botnia serán citados a declarar no como testigos sino como imputados por el delito de contaminación.
Por último y tal como lo dispuso la Corte Internacional de La Haya, aún los dos gobiernos nacionales no han dispuesto por el momento la aplicación del Artículo 44º del Estatuto de 1975, que permite a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) comenzar los estudios e investigaciones de los efluentes de la ilegal Botnia y en el río.
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