El caso Amarras ya está a despacho de la Corte Suprema

En diálogo con AIM, Majul recordó que “en dos oportunidades jueces de Gualeguaychú aceptaron la demanda entablada por más de 2.000 vecinos. Sin embargo, en las dos ocasiones, el Superior Tribunal entrerriano, por motivos de forma, ordenó rechazar los recursos de amparo”.
Los amparistas no cejaron en su postura y llegaron a la Corte Suprema, donde -al parecer- el reclamo ha tenido al menos tratamiento serio.
Al iniciar el proceso judicial, Majul se mostró optimista en que “la Corte va a hacer lo que el Superior no quiso, o sea impedir que el dinero sea más importante que el bienestar de la gente”.
El ex senador por Gualeguaychú dijo a AIM que es optimista sobre la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn) falle en contra de las trabas impuestas por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) para frenar la construcción del country Amarras de Gualeguaychú, que inundará los barrios más pobres de la ciudad ribereña, fomentará la segregación social y destruirá el ecosistema de la zona.
El recurso de queja, interpuesto por los vecinos de Gualeguaychú ante la decisión de la sala Constitucional del Stjer que dictaminó -sobre el caso del barrio privado Amarras-, está en la Vocalía 1 (de Ricardo Lorenzzetti) de la Csjn.
El STJ había provocado que el expediente volviera a Gualeguaychú y que se anulara todo lo que se había hecho, desde que el juez actuante comenzó el proceso aplicando una Ley derogada. Ahora, el Stjer deberá constituir un nuevo tribunal colegiado para evaluar la cuestión de fondo, por la que se pide que no se instale el barrio privado, que dañará el medio ambiente, producirá inundaciones y profundizará la segregación social.
En ese marco, el ex legislador aseguró a esta Agencia que es “muy optimista en cuanto a que esta Corte se preocupa, realmente, por los temas de defensa del ambiente y convalidará los dos fallos que hay de primera instancia impidiendo la construcción de este barrio”, ya que “aumentará los problemas sociales y agravará el riesgo de inundaciones, como pasó en Tigre (Buenos Aires)”, aunque aclaró que el juicio en sí está hecho “porque la empresa no cumplió nunca nada de las normas que se exigen para autorizar un barrio de estas características, es decir, es una cosa increíble, ya que hace seis años se está construyendo y no se cumplió ni una sola norma de las existentes sobre la protección del ambiente”.
Para el ex legislador “hay un gran poder atrás de este negociado”. En ese sentido cuestionó que “nunca nadie sabe quiénes son los dueños de este negocio que es ilícito completamente; es evidente que es gente de mucho dinero e influencia porque lo siguen construyendo pese a que hay una orden del gobernador Gustavo Bordet de que se paralicen las obras y la municipalidad de Gualeguaychú lo constata envía informes a gobernación y la provincia no hace nada, ni siquiera le cobra las multas casi cómicas que hay”.