Fiscal Béhéran: “Se aspira a requerir en breve la elevación a juicio” de la causa por los abusos de Gustavo Rivas

En ese marco, desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó que debido a la complejidad de la causa “en octubre se solicitó la prórroga (por tres meses) de la investigación, en la idea de que son en concreto ocho investigaciones particularizadas y otra investigación de carácter general porque no se descarta que puedan aparecer más víctimas”.

Béhéran informó que “se cuenta con material probatorio con carácter de evidencia” que “va a ser prueba y va a corroborar los dichos de las víctimas en un juicio oral” y especificó que se trata de “elementos documentales muy importantes: videos, fotografías, notas, anotaciones, correo electrónicos, que nos hacen pensar que el hecho delictivo existió y que la persona denunciada es responsable de los mismos”. Así, admitió que se aspira a poder requerir en breve la elevación a juicio.

Béhéran también valoró la política del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos para que las causas no prescriban y aseveró que “Entre Ríos ha sido pionera en varios institutos procesales que facilitaron el acceso a la víctima a los estrados judiciales” y que se pueda “tratarlos como damnificados y contenerlos para que pueda desarrollarse un juicio oral y arribar a una declaración de la justicia para que los autores de estos hechos terminen pagando y no se consagre la impunidad”.

 

El caso más trascendente

 

En declaraciones realizadas al programa televisivo “Fuera de Juego” (Somos Gualeguaychú) Béhéran indicó que “a lo largo del año hubo hechos muy importantes” en los que trabajaron desde la Fiscalía y entre ellos “el más trascendente es el caso en el cual aparece como acusado el doctor Gustavo Rivas en relación a la denuncia periodística de la revista Análisis y la actuación de oficio de Fiscalía donde se investiga la posible promoción de prostitución de menores y la promoción de corrupción de menores de edad”.

Agregó que “en ese caso la ley establece una pena determinada en aras de protección del menor, para que no se vea menoscaba en su integridad sexual por personas mayores, y no se requiere que el menor luego ejerza la prostitución sino que es una promoción que puede llevar al menor a la tentación de repetir estos actos más asiduamente”.

“Se trata de un delito de peligro porque más allá del acto en sí, el riesgo que implica para la personalidad del menor no requiere el resultado, no requiere que el menor luego se dedique a ejercer la prostitución. Con que la conducta sea idónea para que el menor luego lo haga asiduamente ya configura el hecho delictivo, por eso es promoción: es promocionar o facilitar la prostitución de menores”, ahondó.

Reveló que hasta la fecha “forman parte de la investigación ocho víctimas, que son personas que en su momento eran menores de edad en distintas épocas de tiempo y que de acuerdo a sus declaraciones podrían haber visto menoscabada su integridad sexual, y luego aparecen testigos que aportan distintos datos a la investigación corroborando –en mayor o menor grado- los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas”.

En el caso de los testigos, señaló que la fiscal que lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria, “la doctora (Martina) Cedrés recibe de manera semanal y a diario a personas que vienen a aportar datos, que son citados por la Fiscalía y comparecen a prestar declaración; en algunos casos colaboran y aportan datos y en otros no”.

Destacó que “fueron más de 50 personas las que aportaron datos y en el inicio de la investigación, por julio o agosto, se presentaban espontáneamente”.

 

Contexto y perspectivas

 

Respecto de otros casos similares, Béhéran sostuvo que en la Fiscalía “se llevan muchas causas relacionadas con abusos, pero en el caso de (el ex funcionario de la Municipalidad de Urdinarrain, condenado a 14 años de prisión) Javier Broggi, la particularidad y la similitud con el caso de Rivas es la posibilidad de la cantidad de víctimas”.

Puntualizó que “en el caso de Broggi fueron cuatro las personas que se animaron y pudieron contar lo que habían vivido, pero nos habíamos contactado con entre 30 y 40 personas que prefirieron no contar lo vivido y no accedieron a participar en la causa. Y en el caso de (Gustavo) Rivas relacionando el material probatorio con que cuenta la Fiscalía resulta evidente que habría muchas más personas que serían víctimas”.

Admitió que “no estábamos acostumbrados a investigaciones de estas características porque en lo particular no se presentaban denuncias de esta índole y fueron presentadas al medio de comunicación, han sido investigaciones periodísticas las que arrojaron estos conocimientos que después permiten investigar estos hechos”.

Así, estimó que “esto ha de pasar en muchos otros casos que deben suceder en otras partes del país donde hay muchos victimarios que han logrado el silencio de sus víctimas, lograron que el tiempo transcurra y que la gente tome la opción de no contarle nada a nadie”.

En este punto, valoró la política del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos para que las causas no prescriban porque “hemos visto numerosas causas de estas características que han salido a la luz y que han tenido resultado favorable para con las víctimas que son quienes aquí interesan”.

Béhéran remarcó que “en breve se realizará el juicio para el caso del sacerdote (Justo José) Ilarraz; ya fue encontrado culpable (el cura Juan Diego) Escobar Gaviria, el caso de Broggi que fue condenado el año pasado y hace poco se pidió en Casación que la sentencia quede firme y comience a cumplirse lo antes posible”.

En este aspecto aseveró que “Entre Ríos ha sido pionera en varios institutos procesales que facilitaron el acceso a la víctima a los estrados judiciales, algo difícil de lograr en años anteriores donde a la víctima le resultaba más dificultoso contar con un apoyo de parte de la institución judicial que permitiera arribar a resultados a su favor. Hoy contamos con distintos institutos y los aplicamos rigurosamente.

Esto nos permite contener a la víctima, tratarlos como damnificados, apoyarlos y llevar a cabo una contención para que pueda desarrollarse un juicio oral y arribar a una declaración de la Justicia y que los autores de estos hechos terminen pagando y no se consagre la impunidad”.

En cuanto a la forma de trabajo, remarcó que “se ha optado por tener paciencia, esperarlos y darle tiempo a las víctimas para que ellos puedan ir brindando datos para incorporar a la causa cuando ellos lo deseen, no se obliga a nadie porque es muy importante valorar el tiempo de cada víctima y es un valor que hay que tener en cuenta en las investigaciones penales y el fiscal y el juez lo deben tener muy presente”.

También resaltó que “además el hecho de presentar una denuncia e iniciar una investigación bajo la figura de identidad reservada ha colaborado mucho en que la gente se anime a denunciar; así como también los distintos medios de protección que se tienen para con las víctimas: prohibición de acercamiento y de contacto del posible autor con aquel que se anima a denunciar, lo cual ha colaborado y ha hecho que se incrementen las denuncias”.