Gobierno y campo esperan la decisión de la Justicia por el aumento del impuesto inmobiliario rural
La audiencia convocada para ayer por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, en la que los productores rurales y funcionarios provinciales fijaron sus posturas, se desarrolló en poco menos de dos horas y con normalidad.
El tribunal estuvo presidido por la Dra. Ana Clara Pauletti, a quien acompañaron la Dra. Valeria Barbiero y el Dr. Víctor Arakaki (subrogando al Dr. Guillermo Oscar Delrieux),
la Dra. Daniela Badaracco y la contadora del Poder judicial Diana Rossi, quienes escucharon a los productores rurales que presentaron un recurso de amparo el pasado 22 de abril contra el aumento del impuesto y los representantes del Gobierno provincial que lo defendieron.
Estuvieron presentes por el Gobierno provincial el ministro de Economía, Diego Valiero, el ministro de la Producción, Roberto Schunk y el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, entre otros funcionarios.
Por el sector rural, asistieron los titulares de las Asociaciones rurales de la provincia, los dirigentes de Federación Agraria Alfredo De Angeli y Alfredo Bel (quien junto a José Carlos Balsadúa -CRA- hizo el desglose de los puntos cuestionados del impuesto), el titular de la Sociedad Rural Gualeguaychú Javier Melchiori, Darío Carrazza y Leonardo Chessini, abogados de esta parte y el presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas agropecuarias de la provincia (Fedeco), Edelmiro Oertlin, entre otros.
Vale señalar que este miércoles, las Asociaciones rurales de la provincia que integran FARER realizaron una presentación de adhesión a la medida interpuesta por la Sociedad Rural de Gualeguaychú el domingo 22 de este mes, que originó la audiencia pública.
El reclamo está dirigido a que se revea el impuesto, tomando -como expresa la presentación- la Ley provincial 8672, cuyo artículo noveno establece el criterio de valuación de la tierra libre de mejoras, contemplado el inciso “C)”, para las parcelas rurales, un ajuste de las valuaciones “...teniendo en cuenta los rendimientos físicos y precios del último quinquenio inmediato anterior al que se disponga la vigencia de las valuaciones”.
Al término de la audiencia, luego que la Dra. Pauletti anunciara “cumplido el objeto de la audiencia”, agradeciera la asistencia y destacara la importancia de instancias como la de ayer “que permiten poner fin a un conflicto”, para agregar que se analizarán los elementos obtenidos ayer para el dictado de la sentencia, el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, Javier Melchiori (quien representó a la entidad y a las asociadas a la FARER) dijo a EL ARGENTINO “nos vamos muy bien, porque quedó claro y reconocido por el estado el punto neurálgico del amparo, que ellos tomaron un año para el cálculo del impuesto cuando sostenemos que debe ser un quinquenio. Vinimos a esto: a plantear una situación que fue reconocida por el estado. Creo que las cosas están muy claras, de manera que esperamos que se atienda la cuestión de fondo y se dé curso a nuestro reclamo”.
De esta forma aludió al pedido del sector de que se tome para el cálculo del impuesto un quinquenio, partiendo de la premisa establecida en la Ley Nº 8672, de que este tiempo otorga estabilidad y previsibilidad fiscal.
Por su parte, el director ejecutivo de la ATER, Marcelo Casaretto dijo a EL ARGENTINO “nos vamos muy optimistas porque hemos cumplido en el marco de la democracia con el requerimiento judicial. Se hizo la audiencia y se dio toda la información que se requirió y sólidamente, el accionar del Gobierno está respaldado en la Constitución y las leyes. Así hemos actuado y así seguiremos”.
“Nadie reconoció nada”, dijo con firmeza cuando EL ARGENTINO le planteó las afirmaciones hechas por los productores y sus letrados, respecto de que el Gobierno había reconocido que no se cumplió con la realización del cálculo tomando un quinquenio.
“Hay un criterio diferente en la interpretación de la Ley. Nosotros hemos calculado el impuesto como se ha calculado todos los años desde que la Ley existe y ellos consintieron el procedimiento que hoy cuestionan. No reconocemos incumplir nada. Reconocemos que cumplimos con la Ley como siempre. Como este año el impuesto les resulta más alto, ellos aparecen cuestionándolo”.
Casaretto agregó “se está ejerciendo el principio constitucional de igualdad ante la Ley y que cada uno debe pagar por lo que tiene. Hay una decisión política del impuesto que debe pagar cada sector de la sociedad. Fueron (los productores) al Ejecutivo y a la Legislatura y no tuvieron suerte. Ahora van a la Justicia a intentar cambiar una decisión política”.
“Hay que aplicar la Ley, no se puede consensuar cuánto debe pagarse, como no se lo hace para el impuesto inmobiliario urbano o el automotor. Es una decisión política del estado, eso es lo que hay que entender”, enfatizó, para agregar “si la Justicia fallara a favor de los productores, apelaríamos como manda la Constitución, ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero siempre acatamos la Ley”.
En tanto el ministro de la Producción, Roberto Schunk, dijo a EL ARGENTINO respecto las dos visiones contrapuestas y en su calidad de interlocutor con los productores “una visión es la que viene aplicando el Poder Ejecutivo provincial hace muchísimos años y con el mismo personal y que nunca fue objetada. Me voy con el deber cumplido porque soy un funcionario del estado que defiende los intereses de éste”.
“Estoy convencido -agregó- que hemos hecho las cosas correctamente, como lo hemos hecho durante años, por eso llama la atención que ahora se plantee esta disyuntiva, cuando venimos trabajando con el mismo procedimiento. Es una cuestión técnica, pero nosotros no cambiamos el criterio. Esta cuestión la dirimirá la Justicia”.
Tras esto destacó “la buena voluntad del Gobierno es tal que no cambiamos la tasa de capitalización, que el Ejecutivo puede establecerla entre el 3,5 y el 6%. Dejamos el 6% que es la más beneficiosa para los productores. Esto muestra la honestidad con la que hemos trabajado y no creo que esto (el recurso presentado y la audiencia de ayer) resienta las relaciones, porque esto lo determinará la Justicia. Seguiremos trabajando con las distintas organizaciones, sentándonos a una mesa cuando los problemas nos convoquen, porque el 2008 nos ha dado una gran enseñanza a todos, a los productores y quienes somos circunstanciales funcionarios”.
“Más allá de la situación de este momento -afirmó- en nada cambiará la relación y seguiremos trabajando para ver cómo hacemos para que el productor se convierta en empresario, que agregue valor en origen, algo que todos los productores están deseando”.
Acerca del cuestionamiento a que se haya tomado un año para establecer el impuesto y no un quinquenio, Schunk dijo “estamos definiendo, como dice la norma, el costo de oportunidad. Estamos convencidos técnicamente que hicimos las cosas correctamente, comos se viene haciendo porque las personas que han trabajado (en la elaboración del gravamen) lo hacen bajo la misma lógica”.
Otro actor de ayer fue Alfredo De Angeli, que afirmó “venimos a buscar la justicia. Es lamentable a lo que debimos llegar, porque varias veces pedimos al Gobierno provincial la mesa de debate y discusión para tratar este tema, porque sostenemos que está equivocado el procedimiento matemático. Ahora, confiamos en se haga justicia”.
la Dra. Daniela Badaracco y la contadora del Poder judicial Diana Rossi, quienes escucharon a los productores rurales que presentaron un recurso de amparo el pasado 22 de abril contra el aumento del impuesto y los representantes del Gobierno provincial que lo defendieron.
Estuvieron presentes por el Gobierno provincial el ministro de Economía, Diego Valiero, el ministro de la Producción, Roberto Schunk y el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, entre otros funcionarios.
Por el sector rural, asistieron los titulares de las Asociaciones rurales de la provincia, los dirigentes de Federación Agraria Alfredo De Angeli y Alfredo Bel (quien junto a José Carlos Balsadúa -CRA- hizo el desglose de los puntos cuestionados del impuesto), el titular de la Sociedad Rural Gualeguaychú Javier Melchiori, Darío Carrazza y Leonardo Chessini, abogados de esta parte y el presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas agropecuarias de la provincia (Fedeco), Edelmiro Oertlin, entre otros.
Vale señalar que este miércoles, las Asociaciones rurales de la provincia que integran FARER realizaron una presentación de adhesión a la medida interpuesta por la Sociedad Rural de Gualeguaychú el domingo 22 de este mes, que originó la audiencia pública.
El reclamo está dirigido a que se revea el impuesto, tomando -como expresa la presentación- la Ley provincial 8672, cuyo artículo noveno establece el criterio de valuación de la tierra libre de mejoras, contemplado el inciso “C)”, para las parcelas rurales, un ajuste de las valuaciones “...teniendo en cuenta los rendimientos físicos y precios del último quinquenio inmediato anterior al que se disponga la vigencia de las valuaciones”.
Al término de la audiencia, luego que la Dra. Pauletti anunciara “cumplido el objeto de la audiencia”, agradeciera la asistencia y destacara la importancia de instancias como la de ayer “que permiten poner fin a un conflicto”, para agregar que se analizarán los elementos obtenidos ayer para el dictado de la sentencia, el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, Javier Melchiori (quien representó a la entidad y a las asociadas a la FARER) dijo a EL ARGENTINO “nos vamos muy bien, porque quedó claro y reconocido por el estado el punto neurálgico del amparo, que ellos tomaron un año para el cálculo del impuesto cuando sostenemos que debe ser un quinquenio. Vinimos a esto: a plantear una situación que fue reconocida por el estado. Creo que las cosas están muy claras, de manera que esperamos que se atienda la cuestión de fondo y se dé curso a nuestro reclamo”.
De esta forma aludió al pedido del sector de que se tome para el cálculo del impuesto un quinquenio, partiendo de la premisa establecida en la Ley Nº 8672, de que este tiempo otorga estabilidad y previsibilidad fiscal.
Por su parte, el director ejecutivo de la ATER, Marcelo Casaretto dijo a EL ARGENTINO “nos vamos muy optimistas porque hemos cumplido en el marco de la democracia con el requerimiento judicial. Se hizo la audiencia y se dio toda la información que se requirió y sólidamente, el accionar del Gobierno está respaldado en la Constitución y las leyes. Así hemos actuado y así seguiremos”.
“Nadie reconoció nada”, dijo con firmeza cuando EL ARGENTINO le planteó las afirmaciones hechas por los productores y sus letrados, respecto de que el Gobierno había reconocido que no se cumplió con la realización del cálculo tomando un quinquenio.
“Hay un criterio diferente en la interpretación de la Ley. Nosotros hemos calculado el impuesto como se ha calculado todos los años desde que la Ley existe y ellos consintieron el procedimiento que hoy cuestionan. No reconocemos incumplir nada. Reconocemos que cumplimos con la Ley como siempre. Como este año el impuesto les resulta más alto, ellos aparecen cuestionándolo”.
Casaretto agregó “se está ejerciendo el principio constitucional de igualdad ante la Ley y que cada uno debe pagar por lo que tiene. Hay una decisión política del impuesto que debe pagar cada sector de la sociedad. Fueron (los productores) al Ejecutivo y a la Legislatura y no tuvieron suerte. Ahora van a la Justicia a intentar cambiar una decisión política”.
“Hay que aplicar la Ley, no se puede consensuar cuánto debe pagarse, como no se lo hace para el impuesto inmobiliario urbano o el automotor. Es una decisión política del estado, eso es lo que hay que entender”, enfatizó, para agregar “si la Justicia fallara a favor de los productores, apelaríamos como manda la Constitución, ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero siempre acatamos la Ley”.
En tanto el ministro de la Producción, Roberto Schunk, dijo a EL ARGENTINO respecto las dos visiones contrapuestas y en su calidad de interlocutor con los productores “una visión es la que viene aplicando el Poder Ejecutivo provincial hace muchísimos años y con el mismo personal y que nunca fue objetada. Me voy con el deber cumplido porque soy un funcionario del estado que defiende los intereses de éste”.
“Estoy convencido -agregó- que hemos hecho las cosas correctamente, como lo hemos hecho durante años, por eso llama la atención que ahora se plantee esta disyuntiva, cuando venimos trabajando con el mismo procedimiento. Es una cuestión técnica, pero nosotros no cambiamos el criterio. Esta cuestión la dirimirá la Justicia”.
Tras esto destacó “la buena voluntad del Gobierno es tal que no cambiamos la tasa de capitalización, que el Ejecutivo puede establecerla entre el 3,5 y el 6%. Dejamos el 6% que es la más beneficiosa para los productores. Esto muestra la honestidad con la que hemos trabajado y no creo que esto (el recurso presentado y la audiencia de ayer) resienta las relaciones, porque esto lo determinará la Justicia. Seguiremos trabajando con las distintas organizaciones, sentándonos a una mesa cuando los problemas nos convoquen, porque el 2008 nos ha dado una gran enseñanza a todos, a los productores y quienes somos circunstanciales funcionarios”.
“Más allá de la situación de este momento -afirmó- en nada cambiará la relación y seguiremos trabajando para ver cómo hacemos para que el productor se convierta en empresario, que agregue valor en origen, algo que todos los productores están deseando”.
Acerca del cuestionamiento a que se haya tomado un año para establecer el impuesto y no un quinquenio, Schunk dijo “estamos definiendo, como dice la norma, el costo de oportunidad. Estamos convencidos técnicamente que hicimos las cosas correctamente, comos se viene haciendo porque las personas que han trabajado (en la elaboración del gravamen) lo hacen bajo la misma lógica”.
Otro actor de ayer fue Alfredo De Angeli, que afirmó “venimos a buscar la justicia. Es lamentable a lo que debimos llegar, porque varias veces pedimos al Gobierno provincial la mesa de debate y discusión para tratar este tema, porque sostenemos que está equivocado el procedimiento matemático. Ahora, confiamos en se haga justicia”.
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