La Asamblea advierte que la Ley de la Madera está en la cuerda floja

Como respuesta, Bordet se excusó de hacerlo ese día pero se comprometió a recibirlos en el transcurso de la semana que pasó, remarcándose al asambleísta: “quédese tranquilo, que mi gobierno no va a hacer nada que beneficie a industrias contaminantes y cuidamos el ambiente”.
La semana pasó y este lunes, Javier Pretto, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, recordó a EL ARGENTINO que “la Ley de la Madera fue presentada por Osvaldo Fernández (por entonces diputado radical y hoy director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) y el jueves 23 de marzo, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de Ley que crea en el territorio provincial el denominado Plan Maderero Entrerriano, que entre otras cosas, deroga la Ley Nº 9.759, que prohíbe venderle rollizos de madera a las pasteras. Nosotros pedimos a los diputados que deberán dar su dictamen, que no deroguen la llamada Ley de la Madera, que no nos den un cachetazo”.
“El gobernador prometió recibirnos en el transcurso de la semana que pasó, pero esperamos que nos convocaran y nunca llegó esta invitación”, informó Pretto, destacando que “el jueves supimos que habían aprobado en el Senado el proyecto que modifica la Ley 9.759 y creemos que finalmente su derogación será una realidad. Entiendo que se están superponiendo intereses económicos empresariales a los de la provincia, porque sabemos que cuando estos empresarios entran a un lugar, el negocio lo hacen ellos, no los productores ni la provincia. Ellos vienen, se instalan, compran tierras, hacen sus plantaciones y cortan su propia madera. Y cuando los aserraderos acceden a vender, compran sus producciones completas, haciéndolos cautivos y pagando precios irrisorios”.
En este punto, EL ARGENTINO recordó la realización del Festival Hello Wood, que durante la semana del 4 al 12 de marzo reunió en una estancia de Ceibas a profesionales de arquitectura, diseñadores y estudiantes para desarrollar proyectos de construcciones con esta materia prima, partiendo del cambio que está operándose respecto de la valoración de la madera como elemento a utilizar, tras demostrarse que resulta superior a los materiales tradicionales.
En consecuencia, no se entiende que se quiera fomentar como único destino su venta a celulosas. “Aquí debe haber algo que no conocemos, porque esto no tiene explicación”, dijo Pretto, para agregar: “Entre Ríos es la provincia de la Mesopotamia que mejor tiene distribuida y mejor aprovecha la forestación. Y con la Ley de la Madera, se intentó darle valor agregado para que haya mano de obra entrerriana”.
En cuanto a lo que podrían determinar los diputados que representan Gualeguaychú, Juan José Bahillo y Leticia Angerosa, Pretto dijo que la Asamblea Ciudadana no sabe cómo votarán, pero que de hacerlo de manera positiva, estarán condenando a la desaparición a una parte de la industria de la madera de Entre Ríos”.
Al finalizar, consideró “es una contradicción, porque luego de firmarse el convenio para poner en funcionamiento la estación de medición de aire -para establecer si hay contaminación transfronteriza desde Botnia- que hoy está en el Ñandubaysal, llevándola a la escuela Del Pericón de Costa Uruguay Sur, están derogando una ley que impide venderle madera a la mega planta”.
“¿Qué autoridad tendremos si algún día se encuentra contaminación? ¿Diremos ante un Tribunal internacional, que nosotros le vendemos madera?”, preguntó al finalizar la charla.
Cabe recordar que el 8 de marzo de 2007 la Legislatura entrerriana aprobó la Ley Nº 9.759 o de la Madera. La normativa se dictó a fin de “preservar los derechos ciudadanos a gozar de un ambiente en condiciones adecuadas de salubridad” y entre sus puntos principales se estableció la prohibición de “venta y salida de madera destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminante radicadas o a radicarse en la República Oriental del Uruguay”. Ahora, la incitativa impulsada por el gobernador Gustavo Bordet, intenta su modificación o derogación.