La Caru y UPM Botnia reanudaron sus agresiones hacia Gualeguaychú
Por estas horas la palabra “rea-nudación” aparece vinculada con la continuidad de la producción de la pastera UPM Botnia, luego de parada obligada de mantenimiento.
Junto con esta situación, lo que también se reanuda es la agresión constante que recibe la comunidad de Gualeguaychú por parte de la pastera pero también de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru).
La agresión en las coordenadas del tiempo: 1) la comunidad de Gualeguaychú vive hace once largos años una diaria agresión con la presencia del proyecto Orion, más conocido como la pastera contaminante UPM (ex Botnia). 2) Pero también, desde hace cinco años acusa otra artera agresión por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), que lejos de implementar un monitoreo, fijar pautas o linea-mientos para la defensa del ambiente, contribuye con su pasividad a uno de los ecocidios y saqueos de bienes naturales más importantes de la región.
Así, tanto UPM como la Caru ejercen una actitud de asociatividad, cuya consecuencia inmediata es la agresión de los vecinos ribereños.
En estos días el tema volvió a tener actualidad (siempre estuvo vigente por parte de la sociedad) a raíz de la percepción de olores nauseabundos provenientes de la pastera, aunque por el momento ninguna autoridad de salud pública (sobre éste y todos los demás episodios) salió a aclarar a la comunidad cuál es la calidad del aire que se respira. Lo que sí se sabe, por la experimentación de varios vecinos, es que esto genera irritación en las vías respiratorias, en la vista, además de causar náuseas e incluso vómitos, entre otros males, tal como se han comprobado cada vez que se está ante una situación semejante. Y que hasta la llegada de UPM Botnia nunca se habían percibido.
En este contexto, es oportuno recordar el acuerdo entre Argentina y Uruguay, que se celebró el lunes 30 de agosto de 2010, luego del intercambio de notas reversales directivas para el monitoreo conjunto de UPM Botnia y el río Uruguay.
Allí se estableció de manera textual que: “El objetivo común de estos monitoreos es poder alertar en forma temprana en caso de apartamientos de las normativas que sean de aplicación, ya sea en las condiciones de los efluentes o en las resultantes en el Río Uruguay, a fin de que las Autoridades Competentes adopten las medidas pertinentes”.
Y el canciller argentino, Héctor Timerman, con su par de entonces de la República Oriental del Uruguay, Luis Almagro Lemes, firmaron en el Palacio Santos de Montevideo, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, que “la información que se obtenga de este monitoreo será pública, respetando los tiempos científicos”. Cinco años después de esa aseveración, está claro que la ausencia de información es una de las agresiones más evidentes del organismo binacional.
El antecedente institucional que tuvo este acuerdo remite a la sentencia del 20 de abril de 2010 por parte de la Corte Internacional de Justicia cuando abordó el “caso de las plantas de celulosas sobre el río Uruguay”, y las instrucciones presidenciales impartidas el 2 de junio de 2010 en Anchorena, Uruguay; y el 28 de julio en Olivos, Argentina.
Es más, en aquella oportunidad se aseguró (hace cinco años atrás) que las “delegaciones de Argentina y Uruguay han acordado las directivas que a continuación se desarrollan para la constitución y funcionamiento del Comité Científico creado en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) por el Acuerdo Presidencial de Olivos mencionado precedentemente con el fin de monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencia”. Nada de esto se ha hecho… y el no haberlo hecho constituye otra acción violenta contra la defensa del ambiente y la salud de la población ribereña.
En ese acuerdo se estableció que el Comité Científico, que depende de la pasiva Caru, estará integrado por cuatro personas (dos por cada país). “En todos los casos los resultados y conclusiones obtenidos por el Comité Científico serán elevados por éste a la Caru, la cual a su vez los trasladará al Estado parte correspondiente a los fines de que implemente las acciones que resulten pertinentes”. De esto nada se ha informado; nada se sabe que se ha hecho, a pesar de haber pasado cinco años de su articulación.
En la documentación a la que accedió EL ARGENTINO, también se especifica (siempre en base al acuerdo del lunes 30 de agosto de 2010) lo siguiente: “Sobre la base de los resultados de los seguimientos a realizar, el Comité Científico podrá proponer a la Caru, o a través de ésta al Estado parte que corresponda, medidas adicionales a las ya dispuestas para la prevención de la contaminación en el río Uruguay”. De esto tampoco se ha informado, a pesar del paso del tiempo. Otra agresión más, que tiene –a esta altura de los acontecimientos- como consecuencia darle a la pastera un blindaje para que continúe contaminando.
También se sostiene en ese documento que “el objetivo común de estos monitoreos es poder alertar en forma temprana en caso de apartamientos de las normativas que sean de aplicación, ya sea en las condiciones de los efluentes o en las resultantes en el río Uruguay, a fin de que las Autoridades Competentes adopten las medidas pertinentes”. Tampoco nada de esto se ha hecho.
Si bien todas estas “promesas” incumplidas son graves, tal vez la que más conmoción causa es la que sostiene que “la información que se obtenga de este monitoreo será pública, respetando los tiempos científicos” y que fue rubricada por ambos cancilleres.
Más agresiones
En ese acuerdo también se encomendó al Comité Científico que eleve a la Caru un Proyecto de Plan que permita:
1) Que la Caru disponga de un diagnóstico permanente del estado de situación del sistema acuático del río Uruguay, con identificación de problemas de contaminación actuales y potenciales.
2) Implementar metas ambientales para el río Uruguay y las acciones que aseguren el cumplimiento de aquellas y su ajuste periódico.
3) Obtener información y resultados relevantes para la prevención y mitigación de problemas ambientales en el río Uruguay y sus áreas de influencia.
4) Relacionarlo con las otras actividades de monitoreo que la Caru realiza, interpretar los resultados que de aquellos surjan y orientar la elección de zonas o establecimientos o afluentes a incorporar en esos monitoreos de la Caru.
5) Realizar un balance de contaminantes en el río Uruguay, de modo tal que la Caru disponga de la información necesaria para conocer con precisión los flujos de contaminantes que ingresan al río Uruguay en el tramo definido como Río en el Estatuto del Río Uruguay y egresan del Río Uruguay en el paralelo de Punta Gorda.
Incluso se sostuvo que para la elaboración y desarrollo de este Plan de Monitoreo, el Comité Científico deberá contemplar que “tenga un enfoque sistémico”. Y algo que es muy importante (y que constituye otra agresión a Gualeguaychú) que “comprenda la implementación de un sistema de difusión al público y usuarios sobre las metas ambientales que la Caru adopte, y de la conveniencia y necesidad de prevenir la contaminación y proteger y preservar el medio acuático y su equilibrio ecológico”.
Desde que nació este conflicto por la presencia de la pastera, tanto UPM como la Caru han tenido como actitud una agresión permanente a elementales como sensibles derechos humanos, tal como es el derecho a vivir en un ambiente sano.
Ahora vuelve a planearse un interrogante vinculado con la paciencia de la comunidad: ¿hasta cuándo una sociedad tolerará recibir estas agresiones?
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
La agresión en las coordenadas del tiempo: 1) la comunidad de Gualeguaychú vive hace once largos años una diaria agresión con la presencia del proyecto Orion, más conocido como la pastera contaminante UPM (ex Botnia). 2) Pero también, desde hace cinco años acusa otra artera agresión por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), que lejos de implementar un monitoreo, fijar pautas o linea-mientos para la defensa del ambiente, contribuye con su pasividad a uno de los ecocidios y saqueos de bienes naturales más importantes de la región.
Así, tanto UPM como la Caru ejercen una actitud de asociatividad, cuya consecuencia inmediata es la agresión de los vecinos ribereños.
En estos días el tema volvió a tener actualidad (siempre estuvo vigente por parte de la sociedad) a raíz de la percepción de olores nauseabundos provenientes de la pastera, aunque por el momento ninguna autoridad de salud pública (sobre éste y todos los demás episodios) salió a aclarar a la comunidad cuál es la calidad del aire que se respira. Lo que sí se sabe, por la experimentación de varios vecinos, es que esto genera irritación en las vías respiratorias, en la vista, además de causar náuseas e incluso vómitos, entre otros males, tal como se han comprobado cada vez que se está ante una situación semejante. Y que hasta la llegada de UPM Botnia nunca se habían percibido.
En este contexto, es oportuno recordar el acuerdo entre Argentina y Uruguay, que se celebró el lunes 30 de agosto de 2010, luego del intercambio de notas reversales directivas para el monitoreo conjunto de UPM Botnia y el río Uruguay.
Allí se estableció de manera textual que: “El objetivo común de estos monitoreos es poder alertar en forma temprana en caso de apartamientos de las normativas que sean de aplicación, ya sea en las condiciones de los efluentes o en las resultantes en el Río Uruguay, a fin de que las Autoridades Competentes adopten las medidas pertinentes”.
Y el canciller argentino, Héctor Timerman, con su par de entonces de la República Oriental del Uruguay, Luis Almagro Lemes, firmaron en el Palacio Santos de Montevideo, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, que “la información que se obtenga de este monitoreo será pública, respetando los tiempos científicos”. Cinco años después de esa aseveración, está claro que la ausencia de información es una de las agresiones más evidentes del organismo binacional.
El antecedente institucional que tuvo este acuerdo remite a la sentencia del 20 de abril de 2010 por parte de la Corte Internacional de Justicia cuando abordó el “caso de las plantas de celulosas sobre el río Uruguay”, y las instrucciones presidenciales impartidas el 2 de junio de 2010 en Anchorena, Uruguay; y el 28 de julio en Olivos, Argentina.
Es más, en aquella oportunidad se aseguró (hace cinco años atrás) que las “delegaciones de Argentina y Uruguay han acordado las directivas que a continuación se desarrollan para la constitución y funcionamiento del Comité Científico creado en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) por el Acuerdo Presidencial de Olivos mencionado precedentemente con el fin de monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencia”. Nada de esto se ha hecho… y el no haberlo hecho constituye otra acción violenta contra la defensa del ambiente y la salud de la población ribereña.
En ese acuerdo se estableció que el Comité Científico, que depende de la pasiva Caru, estará integrado por cuatro personas (dos por cada país). “En todos los casos los resultados y conclusiones obtenidos por el Comité Científico serán elevados por éste a la Caru, la cual a su vez los trasladará al Estado parte correspondiente a los fines de que implemente las acciones que resulten pertinentes”. De esto nada se ha informado; nada se sabe que se ha hecho, a pesar de haber pasado cinco años de su articulación.
En la documentación a la que accedió EL ARGENTINO, también se especifica (siempre en base al acuerdo del lunes 30 de agosto de 2010) lo siguiente: “Sobre la base de los resultados de los seguimientos a realizar, el Comité Científico podrá proponer a la Caru, o a través de ésta al Estado parte que corresponda, medidas adicionales a las ya dispuestas para la prevención de la contaminación en el río Uruguay”. De esto tampoco se ha informado, a pesar del paso del tiempo. Otra agresión más, que tiene –a esta altura de los acontecimientos- como consecuencia darle a la pastera un blindaje para que continúe contaminando.
También se sostiene en ese documento que “el objetivo común de estos monitoreos es poder alertar en forma temprana en caso de apartamientos de las normativas que sean de aplicación, ya sea en las condiciones de los efluentes o en las resultantes en el río Uruguay, a fin de que las Autoridades Competentes adopten las medidas pertinentes”. Tampoco nada de esto se ha hecho.
Si bien todas estas “promesas” incumplidas son graves, tal vez la que más conmoción causa es la que sostiene que “la información que se obtenga de este monitoreo será pública, respetando los tiempos científicos” y que fue rubricada por ambos cancilleres.
Más agresiones
En ese acuerdo también se encomendó al Comité Científico que eleve a la Caru un Proyecto de Plan que permita:
1) Que la Caru disponga de un diagnóstico permanente del estado de situación del sistema acuático del río Uruguay, con identificación de problemas de contaminación actuales y potenciales.
2) Implementar metas ambientales para el río Uruguay y las acciones que aseguren el cumplimiento de aquellas y su ajuste periódico.
3) Obtener información y resultados relevantes para la prevención y mitigación de problemas ambientales en el río Uruguay y sus áreas de influencia.
4) Relacionarlo con las otras actividades de monitoreo que la Caru realiza, interpretar los resultados que de aquellos surjan y orientar la elección de zonas o establecimientos o afluentes a incorporar en esos monitoreos de la Caru.
5) Realizar un balance de contaminantes en el río Uruguay, de modo tal que la Caru disponga de la información necesaria para conocer con precisión los flujos de contaminantes que ingresan al río Uruguay en el tramo definido como Río en el Estatuto del Río Uruguay y egresan del Río Uruguay en el paralelo de Punta Gorda.
Incluso se sostuvo que para la elaboración y desarrollo de este Plan de Monitoreo, el Comité Científico deberá contemplar que “tenga un enfoque sistémico”. Y algo que es muy importante (y que constituye otra agresión a Gualeguaychú) que “comprenda la implementación de un sistema de difusión al público y usuarios sobre las metas ambientales que la Caru adopte, y de la conveniencia y necesidad de prevenir la contaminación y proteger y preservar el medio acuático y su equilibrio ecológico”.
Desde que nació este conflicto por la presencia de la pastera, tanto UPM como la Caru han tenido como actitud una agresión permanente a elementales como sensibles derechos humanos, tal como es el derecho a vivir en un ambiente sano.
Ahora vuelve a planearse un interrogante vinculado con la paciencia de la comunidad: ¿hasta cuándo una sociedad tolerará recibir estas agresiones?
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
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