La querella y el fiscal encontraron responsable a Giménez por el desfalco en el área de Tesorería

Este acto de corrupción fue acompañado por la fiscalía en la misma figura penal, pero se diferenció de la querella al sostener que se trata de 91 hechos que comportan un único delito de peculado y no seis modalidades diferentes en concurso real calificado. Por eso pidió una pena de prisión efectiva de nueva años y seis meses más la inhabilitación perpetua y los cargos de costas y demás accesorias.
La perspectiva a la hora de calificar la figura no es menor y hace al debate penal de fondo que se sustancia en la Cámara del Crimen de Gualeguay en torno al mayor hecho de corrupción que se ha elevado a juicio en la historia de Gualeguaychú.
En cuanto a los otros tres imputados: Daniel Irigoyen y Néstor Pérez (peculado culposo) y Pedro Pomés (falta a sus obligaciones como funcionario, delito doloso), la querella levantó toda acusación penal y civil y destacó la honorabilidad de los tres involucrados.
La fiscalía también destacó la honorabilidad de los tres acusados y subrayó que quedó claro que no tuvieron ninguna relación directa con el faltante del dinero, aunque igualmente solicitó condenas menores.
Para el caso de Irigoyen y Pérez, solicitó una multa del 20 por ciento sobre el total de los hechos que pesaban sobre ellos y expresamente explicó que no correspondía solicitar la inhabilitación para ocupar cargos públicos. La multa para Irigoyen asciende a valores históricos a 172 mil pesos y para Pérez 295 mil pesos.
En cuanto a Pomés, le mantuvo la figura dolosa, pidió la inhabilitación por un año y una multa de ocho mil pesos (sic).
Llamó mucho la atención que la fiscalía pidiera multas tan dispares, teniendo en cuenta la figura “culposa” y “dolosa”, pero más sorprendió su postura de que en el caso de Giménez se estaba ante un único delito continuado en el tiempo a pesar de los 91 hechos, las seis modalidades diferentes para la apropiación de dinero ajeno y el daño patrimonial a la Municipalidad calculado en 2005 en casi tres millones de pesos, lo que representaba casi el diez por ciento del total del presupuesto de la comuna.
En la audiencia de ayer quedó claro que la tesorería fue tomada por “asalto”, pero no en la teoría esgrimida por Giménez y que responde a una confabulación colectiva; sino por el propio ex tesorero que se aprovechó de su conocimiento integral sobre el funcionamiento de las finanzas para apoderarse de manera ilegítima de aquello mismo que le fue confiado para su custodia.
Hoy es el turno de los alegatos de la defensa de Giménez y de Irigoyen.
La del ex tesorero será la de mantener su teoría de que el desfalco no existió o que en todo caso hay que buscarlo en una serie de irregularidades administrativas, que esta es una causa armada contra Giménez en el que intervinieron una docena de altos funcionarios, cajeros de bancos y otras personas.

La de Irigoyen será la de demostrar que Giménez lo engañó al aprovecharse por su conocimiento superior sobre los controles internos de la municipalidad y que el ex intendente no facilitó estos hechos sino que se constituyó desde el primer día en su denunciante y principal interesado en su esclarecimiento integral.

Con dos miradas divergentes en materia penal, la querella configuró el delito de peculado doloso en concurso real calificado bajo seis modalidades en 91 hechos contra el ex tesorero municipal, Ángel José Giménez, y en consecuencia pidió una pena de 14 años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación perpetua más las costas y accesorias del juicio.

Con respecto a los otros tres imputados, el ex intendente Daniel Irigoyen y el ex secretario de Hacienda, Néstor Pérez (ambos acusados de peculado culposo reiterado); y el ex contador municipal, Pedro Pomés (acusado de violación de deberes de funcionario), levantó las acusaciones que había formulado en su momento.

El fiscal coincidió con la querella que el ex tesorero Giménez incurrió en la figura penal de peculado doloso, pero a diferencia, sostuvo que se trató de un único delito sostenido en el tiempo a través de 91 hechos, y solicitó la pena de prisión efectiva de nueve años y seis meses, inhabilitación perpetua más las costas y accesorias del juicio.
Con respecto a Irigoyen y Pérez, el fiscal solicitó una pena consistente en la aplicación de una multa del 20 por ciento (cuyos valores históricos son de 172 mil pesos para Irigoyen y 295 mil pesos para Pérez) y para ambos aclaró que no iba a solicitar la inhabilitación. Para Pomés pidió una inhabilitación por un año y una multa de ocho mil pesos.
Esta es la síntesis de la primera audiencia de alegatos que se desarrolló ayer en la Cámara del Crimen de Gualeguay y que entre ambas exposiciones insumieron poco más de siete horas.

Una clase magistral

El primero en brindar su alegato fue la querella a cargo del doctor Julio Federik que representa los intereses penales y civiles de la Municipalidad.
Su exposición fue valorada por las partes como una clase magistral, por su alto contenido pedagógico, su clara adhesión a la sana crítica y a una contextualización de los hechos y las responsabilidades que fue catalogada como relevante y magnífica.
La querella inició su alegato pasadas las 10:25 y Federik dio cuenta de las 19 audiencias que se realizaron con la ronda de testigos, “todas en un marco de absoluta normalidad, conducidas con mucho respeto hacia todas las partes” por parte del Tribunal.
También subrayó “el conocimiento puntual del Tribunal y del fiscal”, los que consideró “cosa infrecuente en causas complejas como el presente”.
También rescató la importancia del juicio oral, aunque criticó que este juicio no se haya realizado en la comunidad donde ocurrieron los hechos. Dado que eso hubiera permitido tener a la sociedad un mayor control social y republicano sobre hechos que la han afectado colectivamente.
Destacó que muchos testigos se emocionaron, lloraron, otros dudaron, balbucearon… y todas esas características son difíciles sino imposibles de plasmar en un expediente, pero que en un sistema oral son fácilmente percibidas y permiten una mejor contextualización acerca de la verdad o cuando se está faltando a la misma.
En ese marco, reprochó que no se pueden tardar siete años para resolver judicialmente esta situación.
Federik consideró que Giménez es el único responsable del faltante de dinero por casi tres millones de pesos.
“No hay margen de duda de cómo ocurrieron los hechos, y de quién es el único y verdadero responsable”, alegó en un tono seguro para pasar luego a describir cómo se realizaron los 91 hechos bajo seis modalidades distintas.
También atacó el argumento de la defensa de Giménez que sostenía “que esta causa estaba armada”.
“El juicio oral lo desmiente de manera irrefutable. Todo el espectro probatorio también lo desmiente de manera contundente”. En ese orden, descartó que se hayan destruidos y/o alterados documentales y que sobran pruebas directas y convergentes “y que eso en un sistema basado en la sana crítica racional se llama certeza”.
También reprochó que se haya justificado la actitud de Giménez en la falta de controles. “Qué tiene que ver eso cuando alguien se lleva lo que es suyo”, dijo y ejemplificó que “Giménez se valió de esa situación para llevarse lo que no era propio de él y máxime cuando él mismo era el custodio (como tesorero) del dinero”.
“Existían los controles. Pero él sabía cómo vulnerarlos”, fue otra de sus lapidarias conclusiones.
Con respecto a que si se sabían de irregularidades antes del 30 de junio de 2005, Federik también contextualizó el inicio de esta causa al recordar que fue la empleada de tesorería que tenía que hacer las conciliaciones bancarias (por Mariela Watter) quien en marzo detectó que algo no anda bien. Que fue el propio Giménez quien le pidió que no lo denunciara y que iba a reponer lo sacado, además que contemplara que estaba bajo presión por supuestas amenazas. Y finalmente, en junio de ese año se realizó la denuncia.

Más certezas

La querella también sostuvo que este proceso oral cuenta con confesiones por parte de Giménez. La que le formuló a la propia Watter; la que expresó el 1° de julio de 2005 al intendente Daniel Irigoyen y la otra empleada municipal, Marta Garciarena y otro tanto a Oscar Pirovani, a quienes les pidió disculpas y perdón por todo lo que iban a tener que atravesar. También Giménez confesó ante el asesor legal de la municipalidad, Mariano Fiorotto. Todos ellos valorados como testigos directos, porque también incorporó como testigo referencial a los dichos del ex secretario de Gobierno, Sergio Delcanto, quien contó similares episodios de arrepentimientos.
Con respecto a los 91 hechos, Federik los agrupó en seis modalidades diferentes para sostener su teoría de que se está frente al delito penal de peculado doloso en concurso real calificado.
Los depósitos de caja, las transferencias electrónicas, el cobro de cheques, las notas de débito, las boletas de extracciones y lo sucedido con las boletas de la coparticipación de impuestos provinciales.
Es más, Federik no dejó pasar la oportunidad con respecto a las transferencias electrónicas, cuyos “beneficiarios” fueron familiares de Giménez, personas ajenas a la Municipalidad.
Con respecto al cobro de cheques, recordó que Giménez había plantado la duda que los pudo haber cobrado el cadete de Tesorería de apellido Reyes.
Federik destacó la honorabilidad de Reyes. “Es un hombre de honor, a diferencia de Giménez”.
En ese marco, sostuvo que la inteligencia del ex tesorero para cometer estos hechos no eran la elogiosa de un matemático, “sino la de un jugador de pócker”.
Esta causa, para tener un contexto, habla de un faltante de casi tres millones de pesos a valores del año 2005.
Si se tiene en cuenta que el presupuesto municipal de ese entonces ascendía a poco más de treinta millones de pesos, eso quiere decir que esta causa habla de un dolo del diez por ciento del presupuesto de la ciudad de Gualeguaychú. Una magnitud enorme, con un daño colectivo superlativo.
Por eso a la hora de pedir la pena, la querella valoró no sólo el cargo de tesorero (custodio de la hacienda pública) sino también el daño social del hecho de corrupción. Y expresó como concepto que en esta clase de delitos no hay nivel de reproche mayor que el daño social: he ahí su gran importancia.
“Gualeguaychú fue una sociedad conmovida por estos hechos” dijo Federik y maduró su idea al sostener: “Una sociedad que también sufrió el oportunismo de visiones parciales sobre este peculado doloso en 91 hechos perpetrado bajo seis modalidades diferentes”. En síntesis, pidió 14 años y seis meses de prisión efectiva para Giménez, inhabilitación perpetua y demás accesorias legales.
En cuanto a Pomés, la querella tuvo en cuenta que Tesorería no depende de la Contaduría y que no existía una norma expresa para el contador municipal. “Por eso esta querella levanta la acusación contra Pomés, tanto en lo penal como en lo civil y aclara que no es culpable de nada”.
Con respecto a Irigoyen y Pérez, también levantó toda acusación y destacó que en todo caso “fueron engañados por Giménez y no se puede condenar a alguien que ha sido engañado en su buena fe”.
La hora en la sala marcaba las 12:50 y el silencio prevalecía. Es que todos tenían la íntima percepción que además de una exposición de alegatos se estaba asistiendo a una clase magistral de cómo se debe entender la Justicia.

Alegato del fiscal

El fiscal de Cámara, Dardo Tortul, antes de iniciar su alegato confesó que debió pedir instrucciones al Procurador General de la Provincia. Y que su mayor desvelo lo interpelaba por seguir la teoría del fiscal en la etapa de Instrucción, Rubén Chaia, quien procesó a Irigoyen, a Pérez y a Pomés; o la del entonces juez de Instrucción y actual vocal de la Cámara del Crimen de Gualeguay, Roberto Javier Cadenas. Dos personas a las que calificó –tal vez en un exceso de elogio- de grandes juristas.
Coincidió con la querella al sostener la perspectiva que se estaba ante un peculado doloso por parte de Giménez, que existió una defraudación al conjunto social, que el ex tesorero actuó solo y que utilizó para cometer esos delitos a actores no dolosos.
Pero se diferenció de la querella al sostener que los 91 hechos por casi tres millones de pesos son un único delito continuado en el tiempo y no un concurso real calificado.
Por eso solicitó para Giménez la pena de prisión efectiva de nueve años y seis meses, la inhabilitación perpetua más las accesorias y costas.
Con respecto a Irigoyen, Pérez y Pomés, también se diferenció de la querella. A los tres imputados les reconoció en varias oportunidades su honestidad y que siempre estuvieron ajenos a las maniobras de Giménez.
Si bien aclaró que no iba a pedir para Irigoyen ni para Pérez la inhabilitación, en cambio pidió una multa del 20 por ciento del monto de las acusaciones que pesaban contra ellos bajo la figura de culposa (172 mil pesos para el ex intendente y 295 mil pesos para el ex secretario de Hacienda), al sostener “que debieron ejercer un plus” extra a los límites de las propias normativas, especialmente al momento de firmar los cheques.
En cuanto a Pomés, le sostuvo la figura dolosa y solicitó la inhabilitación por un año y una multa de ocho mil pesos.
Así finalizaron los alegatos en la jornada de ayer.
Hoy será el turno de escuchar a la defensa de Ángel Giménez y en segundo término la de Daniel Irigoyen, para finalizar esta etapa mañana con los alegatos de las defensas de Pérez y Pómes. Luego, el Tribunal pasará a deliberar y se estima que antes de fin de mes se conocerá la sentencia.

Por Nahuel Maciel

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