Muerte en el ascensor: el caso que puso en agenda la falta de controles en la ciudad

Por Luciano Peralta 

Las muertes son siempre dolorosas. Y, aunque resulta necesario explicar el contexto en que falleció Héctor Fabián Boari (54), el objetivo de esta nota no es detenernos en el caso particular. Estas líneas pretenden darle voz a los profesionales de la ingeniería que se expresaron tras el hecho y, lógicamente, a la Municipalidad, la autoridad de control.

Según lo que se sabe hasta ahora, tras la autopsia del martes último, Boari sufrió una “muerte traumática accidental” en el ascensor de la residencia para adultos mayores San Joaquín, paradójicamente, la única de este tipo habilitada tanto por el Municipio como por el gobierno de Entre Ríos. 

“Ahora, lo que falta es la realización de la pericia sobre el ascensor para determinar cuál fue la falla y, a partir de ello, determinar responsabilidades”, adelantó EL ARGENTINO. Se acudirá a “un especialista de la Dirección de Criminalística de la Policía de Paraná para la realización de esta pericia, ya que dentro de la fuerza en Gualeguaychú no hay funcionarios que hagan este procedimiento. En caso de no avanzar, de no contar con quién pueda hacer esta pericia, se solicitará a un privado para que realice el informe”, detalla la misma nota. Y cierra con un dato que debe resultar inquietante para quienes tienen responsabilidad sobre lo sucedido: “De esta pericia podrían desprenderse modificaciones en la carátula de la causa. Actualmente la investigación apunta a una averiguación sobre la causa de muerte, pero aún no se puede descartar la posibilidad de un giro hacia un homicidio culposo y determinar responsabilidades”.

¿Quiénes son responsables?

Sobre ese interrogante, se expresó el ingeniero Juan Carlos Isola, quien es parte de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Regional Gualeguaychú del Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (Cieer). “¿Quién les explica a los familiares de las victimas que su muerte se podría haber evitado?, tituló el texto que hizo circular días atrás. En el mismo, expresó que “el funcionamiento de los ascensores y montacargas en nuestra ciudad está regulado por la Ordenanza Nº11071/2007, pero es evidente que el faltan controles y mantenimiento”. Y aclaró que “el control por parte de la Municipalidad debería estar ejercido por profesionales matriculados. Pero desde un tiempo a esta parte se han desmantelado los organismos de control de profesionales y la forma de contratación de los mismos es de manera precarizada”.

Una primera salvedad: como muchas ordenanzas aprobadas, no resulta sencillo saber si la misma se encuentra vigente. De hecho, autoridades consultadas no sabían de su existencia. Lo que responde por sí sólo a la consulta por su vigencia o aplicación. Respecto a este punto, desde la presidencia del órgano legislativo se informó que se está trabajando en un digesto para poner en orden este tema, una cuenta pendiente y de larga data. 

En principio, tenemos que la ordenanza Nº11071/2007, a la cual se puede acceder desde la página web de la Municipalidad, estaría en vigencia. La norma crea un “Código para el mantenimiento y conservación de Ascensores y Montacargas”, que en la actualidad no existe. Por otro lado, el Artículo N°8 explicita que “el propietario o consorcio que cuente con máquinas de elevación del tipo que son objeto de esta norma, es responsable de que se mantenga en perfecto estado de mantenimiento, así como impedir su utilización cuando no ofrezca las debidas garantías de seguridad para las personas y/o bienes”. Y el Artículo N°10 detalla las responsabilidades ante hechos como los que motivaron el presente artículo periodístico: “Queda perfectamente aclarado que ante cualquier tipo de accidente a las personas o cosas que estos sistemas mecánicos transporten, el único y total responsable es el representante legal o aquel que tenga la misma jerarquía, conjuntamente con el profesional interviniente a cargo del mantenimiento, exceptuándose de toda responsabilidad civil al Municipio”.

Dicha norma también establece el control de la Municipalidad. Esta es una de las grandes falencias, del presente y del pasado, a las que se refirió Aníbal García, presidente de la Regional Sureste del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos (Cpicer).

“El problema de los ascensores pasa mucho por el tema del mantenimiento. Acá existe otro problema: vos ejecutás una obra, por ejemplo, un edificio, y no hay ningún inspector que te recorra el edificio, ni de la parte eléctrica, ni de la parte estructural. Los únicos que tienen inspección es Gas Nea. Eso es una locura, porque estamos hablando de obras grandes”, expresó García. Al tiempo que aseguró que, en ciudades como Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, “a medida que vas ejecutando la obra, se van haciendo inspecciones”. 

“El Municipio necesita más inspectores que sean profesionales matriculados, no puede ser que las obras las aprueben personas que no estén en esa condición, por más idóneas que sean. Hay vidas en juego en estos casos, por eso es tan importante la figura del director de obra. De hecho, en derrumbes de casas para hacer edificios se ha muerto gente acá, en Gualeguaychú”, manifestó García. Y agregó: “El Municipio tiene el poder de policía y es solidariamente responsable de esas obras mal ejecutadas. No puede mirar para otro lado, debe exigirle al dueño de la obra que tenga un director de obra”.

Delfino reconoce que este problema no es nuevo, ni de esta gestión. De hecho, contó que, días pasados, firmaron un convenio marco con la Municipalidad de Gualeguaychú para trabajar conjuntamente con el Colegio que representa. 

Por su parte, Jorge Spoturno, director de Inspección General, también dialogó con EL ARGENTINO sobre el tema. “En este caso en particular tenemos la ordenanza N°12.748 -Adhesión a la Ley Provincial de Residencias Gerontológicas de Larga Estadía (RGLE) y Casas de Cuidad de Personas Mayores (CCPM)- que es la que se está aplicando actualmente”.

“Cuando la Municipalidad habilita es porque ese establecimiento reúne las condiciones generales de seguridad, higiene y mantenimiento”, aclaró el funcionario. Quien, por un lado, reconoció que la ordenanza aprobada en 2007 no viene siendo aplicada, y, por otro, limitó las obligaciones de la dirección que tiene a cargo: “Inspección General tiene la facultad de controlar la habilitación, es para lo que están facultados los inspectores”. Es decir: se controla la habilitación municipal del comercio o establecimiento, los ascensores no son inspeccionados.