Pacto de impunidad

El oficialismo en la Cámara de Diputados no pudo disimular la percepción generalizada de una especie de pacto de impunidad que gozan algunos legisladores con encumbrados magistrados.
Que el oficialismo haya “salvado” a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak del juicio político parece una moneda de intercambio a futuro, cuando los propios legisladores deban responder ante la Justicia por las denuncias de corrupción que pesan sobre ellos.
Esta es la primera sensación que queda luego de una sesión que se pareció más a un destino prefijado que a la evaluación responsable y serena que la transparencia institucional hubiera ameritado.
Y así como el oficialismo se disciplinó para “salvar” a Mizawak, la oposición que encarna el bloque de Cambiemos anticipó que en el Senado, su bloque “salvará” al vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, quien enfrenta un juicio por las mismas acusaciones que no dieron curso contra la presidenta del alto tribunal.
De ocurrir esta situación, ambas bancadas legislativas harán un papelón monumental y habrán consolidado la piedra fundamental para la impunidad en Entre Ríos.
De todos modos algo está claro: ni la actual legislatura ni el STJ saldrán indemne, porque sobre ellos ya pesa un manto de sospecha porque no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Los cargos, es evidente, le han quedado demasiado grandes.
En el caso del STJ, a pesar del favor del oficialismo (que alguna vez se cobrará, seguramente), la descripción del desmanejo que quedó patentizada en estas instancias ha sido de tal magnitud y gravedad que no podrá sobreponerse para mejorar la imagen del servicio de Justicia, excepto cuando sus miembros sean reemplazados por otros. Y aún así, habrá que evaluar el comportamiento de “esos otros”, porque también es cierto que hay cansancio moral de ciertos cambios que no cambian nada.
Con respecto a la legislatura, se sabe que es una cueva donde se refugian con fueros para no dar respuestas al pueblo que deberían representar con mayor transparencia y sentido republicano. La legislatura en este período es apenas eso, una cueva donde se refugian con fueros… pero no mucho más.
Está claro por otro lado que este proceso no debe medirse a la luz de un proceso penal. Se trata de espacios políticos. Y la política se ha expresado más para el lado de la impunidad que de la justicia. Ha preferido generar situaciones acomodaticias que avanzar en una real y descarnada rendición por las responsabilidades públicas.
“Del análisis de la totalidad de la prueba aportada y producida en esta investigación, la que por su cuantía no reconoce antecedentes en ningún pedido de juicio político llevado a cabo en nuestra Provincia de Entre Ríos, estamos en condiciones de afirmar que ninguno de los hechos denunciados y endilgados a la actual Presidenta del Superior Tribunal de Justicia poseen asidero fáctico y probatorio que nos permitan siquiera presumir la existencia de conductas irregulares o dudosas atribuibles a la doctora Claudia Mizawak, que puedan ser considerados además como causales de mal desempeño en su función”, concluyó –con cierto cinismo- el oficialismo.
Hay que insistir: ni los legisladores ni los altos magistrados han sabido estar a la altura de las circunstancias, de acuerdo al cúmulo de hechos probados que se han ventilado en este proceso.
Mientras los tribunales en el interior de la provincia se caen a pedazos por su pobreza en infraestructura, mientras se niegan nombramiento de equipos profesionales por falta de presupuesto en juzgados atiborrados de causas… en el STJ hay un festival casi industrial de viáticos y otros gastos que es un verdadero escándalo.
Así las cosas, la república -como la res publica- ha perdido un round en la sesión de la Cámara de Diputados y está a punto de perder otro en la de Senadores si la oposición mantiene la postura de “salvar” a Chiara Díaz como una moneda de intercambio ante el salvataje que se le dio a Mizawak en la Cámara Baja.
La credibilidad de la legislatura está en crisis, de la misma manera que la credibilidad del STJ. Esta desconfianza lesiona a la democracia y a las instituciones del Estado. Y la pérdida de autoridad moral incluso erosiona las decisiones que en ambos Poderes se puedan llegar a adoptar. Ha llegado el momento de que muchos altos magistrados, con o sin juicio político, comiencen a dar el paso al costado, tan necesario como vital si aún queremos seguir respirando algo de democracia. El paso al costado sería el mejor servicio a la democracia y a la justicia que podrían ofrecer.