¿Por qué la justicia no actúa más rápido?: Limitaciones legales y falta de inversión

En este contexto, Lisandro Beherán coordinador de fiscales, dialogó con EL ARGENTINO sobre cuáles son los problemas que enfrentan a la hora de dar respuestas a los vecinos.

“Nosotros contamos constitucionalmente con una regla fundamental que es que la persona que se priva de algún derecho, como la libertad, debe ser en virtud de una condena firme”, explica el fiscal.

“Cuando uno comienza una investigación, hace que la fiscalía tenga 24 horas, más 24 horas más para tener una persona detenida y tomarle declaración como imputada. Pero para poder hacerlo hay que tener determinados elementos de prueba. Esto hace un total de 48 horas judiciales en que podemos tener a alguien detenido”. 

Luego la investigación continúa, y la persona recibe una liberación legal, pero no judicial. Si la fiscalía no libera a un imputado dentro de este período de tiempo, puede enfrentar una sanción por detención ilegal.

 “De hecho, hace poco se habían contado mal las horas, porque parecía que se estaba excediendo de tiempo y el abogado de la persona ya quería presentar una demanda”, resalta Beherán.

“Si vos lo llevas a lo que los vecinos quieren, se pueden presentar problemas legales. No es como piensa la gente, que la autoridad puede tener detenida a la persona todo el tiempo que quiera, la cuestión es legal, porque si no es abuso de función”.

Luego viene la instancia de investigación, que puede llevar de 2 a 3 meses, después el tribunal debe señalar la fecha del juicio, que tarda entre 4 y 6 meses. Además, la justicia en Entre Ríos, desde el año 2014, tiene una segunda instancia de apelación de la condena.

En ese sentido, el coordinador de fiscales señala: “Si el sujeto es condenado, el recurso para que se confirme tarda de 6 a 8 meses, y si el abogado logra ir a tercera instancia que es ante el Superior Tribunal, puede ser un año o más. Por lo que una sentencia firme demanda mucho tiempo, porque el legislador creó esas instancias, pero no los suficientes tribunales para abordarlo”.

En tanto, Beherán reconoce que la gente precisa la aplicación de una ley más flexible y más rápida. “A quien se le encuentra cometiendo un delito, la gente necesita una detención más prolongada”. 

“Yo tengo una persona con problemas de venta de droga, condenada en octubre de 2021, hubo que esperar hasta mediados del 2022 para que confirme la sentencia Concordia y ahora estamos esperando que confirme el Superior Tribunal de Justicia”, ejemplifica el fiscal. 

En este contexto, Beherán menciona que hay dos formas para que las condenas se resuelvan más rápido: Una es flexibilizar la ley y la otra es invertir en organismos que puedan cumplir con los parámetros de la ley. 

“Si dice que tiene 2 instancias de apelación, deberían poner más de 2 tribunales para resolver esta cuestión y con más personal. Eso es invertir en funcionarios. Y si no se quiere invertir, que sea más flexible, que en vez de revisar dos veces la condena solo sea una, o que podamos tener a las personas detenidas durante todo el proceso de investigación”. 

“La legislatura es la que tiene la potestad de flexibilizar la normativa, que es provincial, no es el Código Penal. No sé porque no se hace, por ahí los organismo judiciales pecamos de no salir a hablar, eso hace que la crítica  siempre sea para la administración, y no hacia un organismo que hace leyes para que haga una ley mejor”. 

A pesar de las limitaciones, Beherán informa que Gualeguaychú tiene muy buen promedio en tramites finalizados y condenas, “es la ciudad donde más juicio de narcomenudeo, y juicios por Jurados, condenas de violencia de género, y de abuso sexuales hubo en la provincia”.