Trabajadores del Casino extienden la medida de fuerza hasta el domingo
Los trabajadores de los Casinos que dependen del Instituto de Ayuda Financiera a la Asistencia Social (IAFAS) mantienen una medida de fuerza desde el 2 de enero y ayer confirmaron que se extenderá hasta el domingo, de no mediar la derogación de las resoluciones del gobierno que son interpretadas como favorecedoras de la privatización del juego.
En diálogo con EL ARGENTINO, el delegado gremial de los empleados del Casino de Gualeguaychú, Hugo Acosta, aclaró que si bien la ley de creación del IAFAS impide privatizar el juego, las resoluciones del gobierno alientan la concesión de las mesas de paño al sector privado, especialmente en el Casino de Victoria y temen que eso se extienda a toda la provincia.
El Casino Gualeguaychú tiene actualmente 166 trabajadores, de los cuales aproximadamente 150 trabajan en la ciudad y otros 16 están afectados a las salas de juego de Rosario del Tala y Gualeguay.
“Los Casinos y las salas de juego están paralizadas. Nuestra lucha no es salarial sino para evitar que se privatice el juego de azar en la provincia. Es más, salarialmente nos perjudicamos mucho, porque nuestro sueldo se completa de manera sensible porque todos trabajamos bajo el sistema de productividad”, aclaró el dirigente gremial que tiene 23 años en el Casino.
“Los trabajadores estamos en asamblea permanente desde el 2 de enero y mantendremos esta medida al menos hasta el domingo que viene. Curiosamente el presidente del IAFAS, José Espinelli, está de vacaciones a pesar de que se está ante uno de los conflictos gremiales más importantes para el organismo”, criticó Acosta.
“Nuestro objetivo es claro y por el momento va en contra de lo que pretende el gobierno de (Sergio) Urribarri”, sostuvo y ejemplificó: “El Estado debería pensar en cómo sacar a la gente de los Casinos y no en atraer más clientes”. Además, criticó los controles laxos por parte del gobierno, “porque hay que tener en cuenta que el sistema del juego hace que éste sea el único negocio donde no se pide explicaciones por el dinero, ni nadie tiene que justificar nada. Y eso es muy peligroso”, sostuvo.
Los trabajadores del Casino comenzaron con la medida de fuerza el 2 de enero y se fue extendiendo ante la falta de respuesta del gobierno provincial y ayer se decidió extender las asambleas y el paro hasta el domingo. “La medida continuará hasta el domingo y sólo si derogan las resoluciones estaríamos en condiciones de levantar el paro”, indicó en clara referencia a las Resoluciones 1150 y 1151, emitidas por el IAFAS, luego de que un decreto del Ejecutivo Provincial declaró de interés turístico emprendimientos en el Casino de Victoria y en la sala de tragamonedas de Concepción del Uruguay.
Por su parte, los diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, Jaime Benedetti y José Antonio Artusi, se reunieron con empleados del casino de Gualeguaychú, y del encuentro también formaron parte el diputado Juan Alberto Bettendorff y el senador departamental Osvaldo Chesini.
Los legisladores se manifestaron claramente contra la privatización del juego en Entre Ríos y afirmaron que “en manos privadas, el juego actúa como una gigantesca aspiradora que se lleva recursos de la provincia, empobrece a los conciudadanos y facilita el lavado de dinero, entre otras lacras”.
Artusi recordó que “desde el bloque radical alertamos en su momento que la Ley de Turismo era sólo una pantalla para permitir la privatización del juego en la provincia”.
“Lo dijimos públicamente en su momento, lo ratificamos en el recinto en la sesión del 15 de diciembre de 2009, y nuestros temores se han convertido en realidad”, en alusión al Artículo 3º de la Ley 9.946, los decretos del Poder Ejecutivo declarando de “interés turístico provincial” sendas propuestas de empresarios privados en Victoria y en Concepción del Uruguay, y las resoluciones respectivas del IAFAS declarando factibles tales propuestas.
Benedetti y Artusi ratificaron ante los empleados del IAFAS su oposición terminante a todo intento de privatización del juego, valoraron la prédica constante y coherente de la Iglesia Católica en esta materia, y denunciaron que “estos emprendimientos tendrán efectos perniciosos no sólo sobre los trabajadores sino para el conjunto de la sociedad”.
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