Tránsito acumula ya mil motos retenidas en las cámaras del ex Frigorífico
El municipio sigue almacenando motos en las viejas cámaras de frío del ex Frigorífico Gualeguaychú y durante el 2015 tuvo que ampliar la capacidad de almacenamiento con el fin de seguir recibiendo rodados incautados en distintos procedimientos realizados por la Policía y Tránsito Municipal.
En las que alguna vez fueron cámaras frigoríficas del viejo complejo industrial, hoy sirven de cochera para guardar allí unas mil motos, que mantener tal cantidad representa un costo importante para el municipio, que debe disponer de serenos para el cuidado de todos esos vehículos, además de tener que acondicionar la instalación eléctrica, con el fin de seguir habilitando más espacio de almacenamiento.
Pese a que la ley 10.295, que establece el régimen de disposición final de vehículos o motos secuestradas depositadas en dependencias municipales o de la provincia, por infracciones de tránsito y transporte, ya fue promulgada y el municipio adhirió, aún no pudo ser puesta en práctica al tener algunas imprecisiones.
Se trata de una ley que habilita a la provincia y municipios “a optar entre la venta de dichos bienes, mediante remate público, y la disposición administrativa del mismo”.
La ley intenta ser aplicable a todo vehículo o motovehículo secuestrado que se deposite en dependencias de municipios o de la provincia, a causa de infracciones de tránsito y de transporte, aunque quedarán excluidos los bienes secuestrados por disposición del Poder Judicial.
La autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo Provincial o el Departamento Ejecutivo Municipal, según sea la autoridad que haya dispuesto el secuestro.
Además, el Ejecutivo puede proceder a la venta en remate público de los bienes secuestrados a causa de infracciones de tránsito, en la forma, procedimientos y plazos establecidos en la ley.
Los bienes secuestrados se enajenarán mediante subasta pública, la que deberá llevarse a cabo si en el término de seis meses, contados desde la fecha del acta de secuestro, el titular registral o la persona denunciada por éste como adquirente o terceros interesados, no se presenta a retirar el vehículo secuestrado respetándose las formas, procedimientos y plazos previstos por la ley.
Sin embargo la ley todavía no fue reglamentada por el Ejecutivo Provincial, y esto hace que la municipalidad de Gualeguaychú tenga miles de pesos inmovilizados en ese sector del Frigorífico, que de poder ser rematados esos rodados, el dinero podría emplearse para mejorar el equipamiento de Tránsito Municipal o financiar programas de educación vial.
El secretario Jefe de Gabinete y Gobierno, Ignacio Farfán, explicó que: “El HCD anterior sancionó una ordenanza que posibilita a la municipalidad a realizar convenios con el infractor, que puede entregar la moto como forma de pago de la multa y así el municipio podrá hacer uso de ese vehículo”.
En este sentido recordó que: “tuvimos algunos convenios con algunos infractores, pero fueron muy pocos. No obstante el Estado no perdona la deuda, en caso que a la persona que entrega la moto, para cubrir la multa, no le alcanza para cancelar la totalidad de la deuda, tendrá que pagar el saldo que le quede. Luego esa moto es utilizada en Tránsito o en Inspección General”, explicó Farfán.
Consideró que: “tenemos otra ordenanza que no puede entrar en vigencia hasta que no se reglamente la ley provincial que habilita los trámites con el fin de poder llevar todas esas motos a remate”.
Pese a que la ley 10.295, que establece el régimen de disposición final de vehículos o motos secuestradas depositadas en dependencias municipales o de la provincia, por infracciones de tránsito y transporte, ya fue promulgada y el municipio adhirió, aún no pudo ser puesta en práctica al tener algunas imprecisiones.
Se trata de una ley que habilita a la provincia y municipios “a optar entre la venta de dichos bienes, mediante remate público, y la disposición administrativa del mismo”.
La ley intenta ser aplicable a todo vehículo o motovehículo secuestrado que se deposite en dependencias de municipios o de la provincia, a causa de infracciones de tránsito y de transporte, aunque quedarán excluidos los bienes secuestrados por disposición del Poder Judicial.
La autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo Provincial o el Departamento Ejecutivo Municipal, según sea la autoridad que haya dispuesto el secuestro.
Además, el Ejecutivo puede proceder a la venta en remate público de los bienes secuestrados a causa de infracciones de tránsito, en la forma, procedimientos y plazos establecidos en la ley.
Los bienes secuestrados se enajenarán mediante subasta pública, la que deberá llevarse a cabo si en el término de seis meses, contados desde la fecha del acta de secuestro, el titular registral o la persona denunciada por éste como adquirente o terceros interesados, no se presenta a retirar el vehículo secuestrado respetándose las formas, procedimientos y plazos previstos por la ley.
Sin embargo la ley todavía no fue reglamentada por el Ejecutivo Provincial, y esto hace que la municipalidad de Gualeguaychú tenga miles de pesos inmovilizados en ese sector del Frigorífico, que de poder ser rematados esos rodados, el dinero podría emplearse para mejorar el equipamiento de Tránsito Municipal o financiar programas de educación vial.
El secretario Jefe de Gabinete y Gobierno, Ignacio Farfán, explicó que: “El HCD anterior sancionó una ordenanza que posibilita a la municipalidad a realizar convenios con el infractor, que puede entregar la moto como forma de pago de la multa y así el municipio podrá hacer uso de ese vehículo”.
En este sentido recordó que: “tuvimos algunos convenios con algunos infractores, pero fueron muy pocos. No obstante el Estado no perdona la deuda, en caso que a la persona que entrega la moto, para cubrir la multa, no le alcanza para cancelar la totalidad de la deuda, tendrá que pagar el saldo que le quede. Luego esa moto es utilizada en Tránsito o en Inspección General”, explicó Farfán.
Consideró que: “tenemos otra ordenanza que no puede entrar en vigencia hasta que no se reglamente la ley provincial que habilita los trámites con el fin de poder llevar todas esas motos a remate”.
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