Barras de Patronato que agredieron a un grupo de niños no podrán ir a la cancha, al menos, cuatro años

Así se resolvió el último miércoles, aunque se conoció en las últimas horas, respecto del acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de la provincia en relación a las penas, que igualmente deberá ser homologado por el juez de Garantías Mauricio Mayer, el 6 de febrero próximo.

La visita de los menores del club Strobel, de entre 10 y 15 años, se dio en el programa social “Los gurises van a la cancha” que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos.

Tras las agresiones, ocho chicos tuvieron que ser asistidos en el Hospital de Niños San Roque de Paraná y uno de los adultos acompañantes debió ser derivado al Hospital San Martín.

Los delitos por los cuales se los imputó a los barras -que estuvieron apenas un puñado de días detenidos y luego fueron excarcelados- son coacciones, lesiones y robo, agravados en un contexto de espectáculo deportivo.

Según se informó oficialmente, quienes presentaron un acuerdo fueron Claudio Villagra, considerado el actual jefe de la barra brava; Cristian Follonier, Gustavo Ríos, Héctor Burgos, Exequiel y Jorge Luna.

El resto de los imputados esperará un juicio oral para dirimir su situación ante la Justicia: Sandro Godoy, Carlos Bravo, Enzo Martínez, Facundo Altamirano, Maximiliano Altamirano, Cristian Ruhl, Diego Martínez.

Si el juez Mayer no objeta el acuerdo, los seis hinchas no podrán ingresar al estadio Presbítero Bartolomé Grella durante el doble del tiempo que dure la condena, ni acercarse a la institución a menos de 200 metros.

Además, los barras deberán realizar tareas comunitarias durante 24 meses en una dependencia estatal que fijará la Oficina de Medios Alternativos (OMA).

Para Villagra, Exequiel Luna y Follonier las partes acordaron una pena de tres años condicional; para Ríos, Jorge Luna y Burgos dos años y seis meses.

"Lo acordado surgió como reflexión conjunta, forjada a partir de tomar conciencia de la trascendencia social que tuvo el hecho y de que no podía tener otra respuesta que no fuera punitiva, fundamentalmente para dejar en claro que este tipo de acontecimientos en nuestra comunidad no puede volver a suceder", informó la Fiscalía.