Acceso a la información
Hay una imagen simbólica de la Justicia que la muestra con los ojos vendados. El significado es claro: determina Justicia sin mirar a quién, lo que también es interpretado como una igualdad ciudadana ante ella.
Pero hay otra clase de vendaje en los ojos y es la ceguera institucional que es distinto. En este caso la ceguera del Superior Tribunal de Justicia está determinada en no permitir alumbrar mejor a la cultura republicana, especialmente en términos de acceso a la información.
Es cierto que en el Superior Tribunal existe un área de prensa y comunicación, pero hay que convenir que se requiere de un área similar en cada jurisdicción judicial, puesto que la celeridad para acceder a la información difiere en uno y en otro territorio. Además, pretender que la información judicial que se genera en Gualeguaychú dependa de una oficina en Paraná es de un neto corte medieval, casi predemocrático.
La Justicia jurisdiccional de Gualeguaychú, junto con organizaciones como el Centro de Estudios Penales y Sociales (Cepes), el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, vienen impulsado una serie de actividades para mejorar la calidad del acceso de los ciudadanos a la Justicia. Pero es esfuerzo no es compartido por las máximas autoridades del Superior Tribunal. Se trata de un esfuerzo casi en soledad en términos institucionales.
En 2013, a nivel local se generó un fecundo espacio de capacitación que fue abierto a todo el público y tuvo como objetivo brindar herramientas para comprender mejor los cambios operados en el sistema judicial a partir de febrero de ese año con la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal. Luego, continuaron con la conformación de una mesa de diálogo con distintos medios periodísticos y periodistas donde se valoró la necesidad de que el Poder Judicial a nivel local cuente con un vocero para la prensa y de ese modo garantizar el acceso a la información como un bien de todos. Junto con ello, se bregó para que los tratamientos informativos vinculados con la Justicia (especialmente en materia Penal) tengan la responsabilidad y el límite que la propia Constitución ilumina, justamente para evitar “juicios paralelos”, “confusiones”, “desinformaciones” y/o trivializar situaciones que son esenciales para la vida en comunidad.
La iniciativa de generar un área de Prensa dentro de la Justicia local quedó evidenciada teniendo en cuenta que además se cuenta con un tribunal de Juicios y Apelaciones.
Pero, por el momento nadie pudo avanzar más que en la expresión de buenas voluntades; porque es evidente que la ceguera del Superior Tribunal impide descentralizar y democratizar el acceso a la información en la provincia.
El STJ esgrime argumentos presupuestarios para una iniciativa que permita la descentralización de la información judicial. Pero es una grave contradicción que la propia Justicia se ampare en cuestiones materiales o de presupuesto para que la sociedad pueda tener el pleno ejercicio de sus derechos.
Es cierto que en el Superior Tribunal existe un área de prensa y comunicación, pero hay que convenir que se requiere de un área similar en cada jurisdicción judicial, puesto que la celeridad para acceder a la información difiere en uno y en otro territorio. Además, pretender que la información judicial que se genera en Gualeguaychú dependa de una oficina en Paraná es de un neto corte medieval, casi predemocrático.
La Justicia jurisdiccional de Gualeguaychú, junto con organizaciones como el Centro de Estudios Penales y Sociales (Cepes), el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, vienen impulsado una serie de actividades para mejorar la calidad del acceso de los ciudadanos a la Justicia. Pero es esfuerzo no es compartido por las máximas autoridades del Superior Tribunal. Se trata de un esfuerzo casi en soledad en términos institucionales.
En 2013, a nivel local se generó un fecundo espacio de capacitación que fue abierto a todo el público y tuvo como objetivo brindar herramientas para comprender mejor los cambios operados en el sistema judicial a partir de febrero de ese año con la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal. Luego, continuaron con la conformación de una mesa de diálogo con distintos medios periodísticos y periodistas donde se valoró la necesidad de que el Poder Judicial a nivel local cuente con un vocero para la prensa y de ese modo garantizar el acceso a la información como un bien de todos. Junto con ello, se bregó para que los tratamientos informativos vinculados con la Justicia (especialmente en materia Penal) tengan la responsabilidad y el límite que la propia Constitución ilumina, justamente para evitar “juicios paralelos”, “confusiones”, “desinformaciones” y/o trivializar situaciones que son esenciales para la vida en comunidad.
La iniciativa de generar un área de Prensa dentro de la Justicia local quedó evidenciada teniendo en cuenta que además se cuenta con un tribunal de Juicios y Apelaciones.
Pero, por el momento nadie pudo avanzar más que en la expresión de buenas voluntades; porque es evidente que la ceguera del Superior Tribunal impide descentralizar y democratizar el acceso a la información en la provincia.
El STJ esgrime argumentos presupuestarios para una iniciativa que permita la descentralización de la información judicial. Pero es una grave contradicción que la propia Justicia se ampare en cuestiones materiales o de presupuesto para que la sociedad pueda tener el pleno ejercicio de sus derechos.
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