Acceso a la información pública
Se realizaron ayer las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), un instrumento electoral que permite democratizar mejor a los partidos políticos.
Se trata de una buena experiencia, pero es insuficiente. La reforma política adeuda varios temas.
Tal vez no sea el principal, pero sí uno de los más sensible: la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, de modo de saber no sólo el destino de esos fondos sino principalmente su origen. Este tema está pendiente en la legislatura nacional, que el 27 de octubre renovará a gran parte de sus bancas.
Hay otros temas pendientes como el voto electrónico o eliminar la lista sábana.
En otro orden, también aparece como prioritario trabajar en una ley que permita el democrático acceso a la información pública.
En este punto, hay que señalar que Argentina es uno de los países más atrasados del continente vinculado con el acceso a la información.
En Argentina no existe una ley nacional al respecto, aunque en algunas pocas provincias e incluso en algunos municipios se ha regulado ese derecho.
Esta ausencia de ley no es por falta de iniciativas, porque tomando tan sólo el 2009 a la fecha se han presentado en el Congreso al menos veinte proyectos de ley. Catorce en la Cámara de Diputados y seis en la de Senadores.
Son muchos los proyectos presentados para una misma temática: el acceso a la información. Esto expresa al menos dos cosas: por un lado el interés de los legisladores en sancionar esta ley, pero por el otro, la poca vocación por lograr un resultado positivo.
¿Por qué es importante acceder a la información pública? Porque se trata de un derecho esencial para que la ciudadanía pueda ejercer efectivamente la participación en los asuntos públicos. Además –algo que no es menor- se trata del derecho que tienen las personas de buscar, solicitar y recibir información y que se encuentra en manos de los diferentes órganos y entes que conforman al Estado e incluso de empresas privadas pero que tienen directa vinculación con los fondos públicos o por funciones delegada o autorizada por la administración pública.
¿Para qué sirve? En principio para ejercer otros derechos, puesto que sin información no se puede gozar de los servicios de salud, educación o expresarse libremente, entre otros aspectos. Y además, porque contribuye a fortalecer a la democracia misma, dado que transparentan las decisiones de las instituciones y simultáneamente facilita la participación ciudadana. Y también implica nada menos que responder al mandato de la Constitución Nacional y a diversas declaraciones y tratados de internacionales. Por eso es inexplicable este vacío legal que existe en el país.
El acceso a la información pública hace al modelo democrático, fortalece el sistema republicano, permite controlar mejor los destinos de los recursos públicos y garantiza que los ciudadanos puedan incidir en la definición de la calidad de vida colectiva. Es una tarea pendiente. Puede ser que luego del 27 de octubre, se pueda avanzar en estos temas pendientes y que no son los únicos.
Tal vez no sea el principal, pero sí uno de los más sensible: la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, de modo de saber no sólo el destino de esos fondos sino principalmente su origen. Este tema está pendiente en la legislatura nacional, que el 27 de octubre renovará a gran parte de sus bancas.
Hay otros temas pendientes como el voto electrónico o eliminar la lista sábana.
En otro orden, también aparece como prioritario trabajar en una ley que permita el democrático acceso a la información pública.
En este punto, hay que señalar que Argentina es uno de los países más atrasados del continente vinculado con el acceso a la información.
En Argentina no existe una ley nacional al respecto, aunque en algunas pocas provincias e incluso en algunos municipios se ha regulado ese derecho.
Esta ausencia de ley no es por falta de iniciativas, porque tomando tan sólo el 2009 a la fecha se han presentado en el Congreso al menos veinte proyectos de ley. Catorce en la Cámara de Diputados y seis en la de Senadores.
Son muchos los proyectos presentados para una misma temática: el acceso a la información. Esto expresa al menos dos cosas: por un lado el interés de los legisladores en sancionar esta ley, pero por el otro, la poca vocación por lograr un resultado positivo.
¿Por qué es importante acceder a la información pública? Porque se trata de un derecho esencial para que la ciudadanía pueda ejercer efectivamente la participación en los asuntos públicos. Además –algo que no es menor- se trata del derecho que tienen las personas de buscar, solicitar y recibir información y que se encuentra en manos de los diferentes órganos y entes que conforman al Estado e incluso de empresas privadas pero que tienen directa vinculación con los fondos públicos o por funciones delegada o autorizada por la administración pública.
¿Para qué sirve? En principio para ejercer otros derechos, puesto que sin información no se puede gozar de los servicios de salud, educación o expresarse libremente, entre otros aspectos. Y además, porque contribuye a fortalecer a la democracia misma, dado que transparentan las decisiones de las instituciones y simultáneamente facilita la participación ciudadana. Y también implica nada menos que responder al mandato de la Constitución Nacional y a diversas declaraciones y tratados de internacionales. Por eso es inexplicable este vacío legal que existe en el país.
El acceso a la información pública hace al modelo democrático, fortalece el sistema republicano, permite controlar mejor los destinos de los recursos públicos y garantiza que los ciudadanos puedan incidir en la definición de la calidad de vida colectiva. Es una tarea pendiente. Puede ser que luego del 27 de octubre, se pueda avanzar en estos temas pendientes y que no son los únicos.
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