La CARU es el escudo protector de Botnia

En 2010 se comenzó con los monitoreos ambientales a la planta y a la desembocadura del río Gualeguaychú en el Uruguay, momento en que ambas cancillerías se comprometieron a que esa información iba a estar disponible para las poblaciones ribereñas a más tardar al mes de iniciado el primer ingreso a la pastera. A febrero de 2013 se han realizado por lo menos casi veinte monitoreos a la planta y al río, pero hasta el momento nada se ha informado y todo se mantiene en un hermetismo que además de infantil es irresponsable.
Es infantil porque ambas delegaciones en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), dice que una de las partes se niega a informar y así se pasan las acusaciones cruzadas. Y es irresponsable porque la falta de acceso a la información, además de ofender la más elemental cultura republicana, atañe una falta grave porque se trata de una información que está íntima y directamente relacionada con la salud humana y el ambiente.
La CARU, que en teoría es la autoridad máxima sobre el río, carece de autoridad o está sometida a las decisiones de los gerentes de la pastera. Esto es así porque ambas Repúblicas se han arrodillado perdiendo soberanía política sobre el emprendimiento.
Son los propios Estados a través de la CARU quienes le brindan a Botnia ese escudo protector, que por sentido contrario implica desproteger a sus ciudadanos, al punto de saber que su salud está en riesgo, que el ambiente está sufriendo consecuencias irreversibles y encima no informar absolutamente nada de lo que está ocurriendo.
La pérdida de la autoridad administrativa de la CARU también es notoria con las decisiones que se toman en la represa de Salto Grande, muchas de las cuales deberían ser de consulta obligatoria para el organismo binacional y se adoptan de manera autónoma sin importar lo que ocurre aguas debajo del emprendimiento hidroeléctrico.
Un cipayo es un término que se utiliza en español de manera despreciativa para referirse a quienes tienen actitudes funcionales a los intereses colonialistas. En Argentina, fue el escritor y político Arturo Jauretche quien lo utilizó en ese sentido y hoy se aplica para quienes otorgan la impunidad a una empresa como Botnia que ni siquiera rinde cuenta a la Justicia, dado que los exhortos enviados a sus gerentes denunciados por contaminación son frenados por la diplomacia, violando nuevamente otros tratados como el Protocolo de San Luis del Mercosur que establece la asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre las autoridades competentes de los Estados Partes.
Así las cosas, el río es tierra de nadie; justamente porque los Estados han renunciado a tener su potestad sobre ese curso de agua.