La evaluación

El nuevo texto, que modificó aquél que estuvo setenta años sin ser reformado, incorporó algunas novedades que ameritan que, a cinco años de su sanción, sean evaluadas.
Hace exactamente un lustro, se juraba en Concepción del Uruguay, la nueva Constitución provincial. Los medios destacaban en octubre de 2008 que los cuarenta y cinco convencionales constituyentes habían introducido “bondades” tales como el capítulo dedicado al ambiente, los nuevos procesos constitucionales, los concursos como única forma de acceso al empleo público, la distribución equitativa de la publicidad oficial y el acceso irrestricto a la información pública, entre otras.
Si de evaluar se trata, correspondería preguntarse si el gobierno provincial ha impulsado las leyes que deberían reglamentar las nuevas cláusulas constitucionales. Es de imaginar que el impulso republicano, con la necesaria publicidad de los actos de gobierno, se haya plasmado en una ley que distribuya equitativamente la publicidad oficial, o que haya legislado sobre el acceso a la información pública, o que haya establecido concursos para que se concrete aquél anhelo de la Constitución Nacional que habla de igualdad y admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Pues no. Lo real y concreto es que ninguna de esas leyes se ha dictado, y puede afirmarse que lo ha sido por falta de interés del propio gobierno provincial. Un gobierno que tiene, en esta gestión, mayoría en cámara de diputados y unanimidad en el senado, si no sanciona una ley es simplemente porque no le interesa.
Según la Constitución de 2008, el Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. ¿Realmente se esmera el Estado provincial en cumplir el mandato constitucional? De acuerdo a lo que manda la Constitución, ¿promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes, las prácticas disponibles más avanzadas y seguras, una gestión integral de los residuos y su eventual reutilización y reciclaje? ¿Fomenta la incorporación de fuentes de energías renovables y limpias? ¿Establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental?
El acceso a la información pública, tema siempre espinoso para todos los gobiernos, requiere de una ley provincial que establezca la forma más ágil de obtener ese bien tan preciado en cualquier República. Sin información, otros derechos no pueden ser ejercidos. Sin información, el Estado no es transparente. La cosa pública, la res pública, deja de ser pública para ser de unos pocos. Esa ley, tampoco está.
El acceso al empleo público a través de concursos en los que se tenga en cuenta sólo la idoneidad, sigue siendo una cuenta pendiente en la mayor parte de los organismos estatales. La necesidad de contar con una herramienta que permita el acceso de todos, en igualdad de condiciones, pone al gobierno en falta ante el sistema republicano. E insistimos, no hay ley, porque no interesa que haya ley.
En estos tiempos en los que se blande con frecuencia el estandarte de los principios republicanos podríamos evaluar el convencimiento que fogonea esa ostentación. Y nada mejor que evaluarlo a través de sus frutos, de lo que han producido, de lo que han hecho. Nada mejor entonces que tener presente aquélla bíblica ecuación que nos ayuda a evaluar: “por sus frutos los conocerán”.