La llamada “ruta del dinero K”

En principio, las audiencias que iban a ser a puertas cerradas ahora podrán ser públicas. Y la segunda, es que los medios de comunicación podrán acceder –aunque parcialmente- a la divulgación de extractos de la declaración que realizó Carmen Amunategui, la testigo que comprometió seriamente a Báez y López a través de sus presuntas 123 empresas.
Los abogados de Báez como de López no quieren la presencia de periodistas, especialmente de Argentina, porque argumentan que “darán por cierto” cualquier declaración allí vertida sin considerar si es o no verdad lo que se dice y con ello provocarán un daño irreparable.
Esta causa se abrió en Nevada por un fondo buitre, que en rigor persigue el objetivo de cobrar de cualquier modo y para ello argumenta que se trata de dineros provenientes de la corrupción del Estado argentino.
Esta posibilidad de acceso a la información judicial –aunque restringida- se adoptó casi de manera simultánea con otra que tomó el Ministerio Público de la Confederación Suiza (MPC), que mantiene bloqueados quince millones de euros “del clan Báez”, supuestamente administrados por la fiduciaria “Vistra” de Ginebra.
Este Ministerio admitió en estas horas haber recibido pruebas documentales solicitadas al juez argentino Sebastián Casanello, de acuerdo a la portavoz del MPC, Jeannette Balmer. Esos fondos pertenecerían a una fundación familiar de Lázaro Báez, que además está integrada por sus cuatro hijos, y que está bajo la lupa de la Justicia suiza por la sospecha de que se ha utilizado para blanquear esos capitales. Por eso ahora se trata de saber si esos dineros millonarios tienen un origen lícito o no, y de acuerdo a eso proceder a su confiscación o restitución a los titulares de los mismos. ¿Serán suficientes y solventes las pruebas aportadas por Casanello? ¿Y si no lo fueran?
En ambas instancias (en Nevada y en Suiza) se está muy cerca de conocer la verdad sobre la denominada “ruta del dinero K” por su supuesto vínculo con la familia presidencial.
Es cuestión de tiempo acceder a esa información y así comenzar a tener un poco más de luz sobre uno de los temas más oscuros de la última década política en el país.
No todo lo que alguien diga en un juicio hay que darlo por cierto, sino que incluso hay que esperar que la propia Justicia así lo compruebe. “Juicios parciales” o análisis apresurados no hacen otra cosa que dilatar más un tema que ya lleva demasiado tiempo en las sombras y que es preciso iluminar con la verdad, sea cual sea ella.
Que un juez investigue una denuncia por corrupción, en nada indica que se pueda decir que la corrupción está probada. Son dos hechos diferentes aunque hacen a un mismo tema. De ahí la prudencia para opinar y la virtud que hay que tener para tomar una u otra posición. ¿Qué pasaría en la Argentina si ambas Justicias logran comprobar la corrupción? Y al revés: ¿qué pasaría en el país si ambas Justicias sostienen que no hay delito comprobado? En uno y otro caso, ¿qué pasaría con los denunciantes y los denunciados? La respuesta está cada vez más cerca.