Muchos proyectos, poca definiciones

Es urgente que Argentina tenga una mejor política de acceso a la información, porque es indispensable que se respeten los estándares internacionales y se garanticen el derecho a solicitar y recibir información de organismos de los tres poderes del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal, o privados que manejan recursos públicos.
Este derecho es vital porque permite ejercer otros derechos que dependen de una información oportuna, completa, adecuada y gratuita. Además, permitiría a los funcionarios desarrollar mejor sus políticas públicas. Y, obviamente, se brindaría más transparencia y control. Así se fortalecería la democracia e incluso la participación ciudadana.
Por la falta de este compromiso, Argentina padece dos flagelos que tarde o temprano atentan contra la democracia. No logra hacer retroceder a la corrupción ligada al sector público y privado; y carece de una ley de acceso a la información pública.
La organización Transparencia Internacional presenta los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción, en base a 175 países de acuerdo a cómo es percibida la corrupción en el sector público.
Para ello se fija una escala que va de 0 a 100, siendo los países que están más cerca del 0 los percibidos con mayor corrupción, y aquellos que están más cerca del 100 como los países con menos corrupción. Argentina califica con 35 puntos, ubicándose en el puesto número 102 en el ranking. Es decir, con una alta percepción de corrupción. No es casual este aplazo que golpea en el centro del gobierno nacional, pero que también involucra a los gobiernos provinciales y municipales del país. En rigor, para que la corrupción siga enseñoreándose se requiere que el acceso a la información sea limitado o tenga obstáculos. Ambos se alimentan para deteriorar la democracia.
Desde Transparencia Internacional se advierte que hay que avanzar en normas más efectivas contra el lobby y el financiamiento político, la contratación y el gasto público, la rendición de cuentas de organismos y el acceso a la información.
Es evidente que Argentina no muestra un compromiso real en la lucha contra la corrupción. La ausencia de normas como una ley de acceso a la información pública, y la debilidad en la que se encuentran la mayoría de los organismos de control, entre otras cosas, alientan las prácticas irregulares.
Con respecto al acceso a la información pública, a pesar de que es un derecho constitucional, hay que señalar que Argentina no tiene una ley nacional que lo reglamente y de esa forma que sea ejercido (ese derecho) de manera plena. Además, hay muy pocas normas provinciales o municipales en la materia. En Entre Ríos, por ejemplo, solamente Paraná y Crespo tienen Ordenanzas al respecto. El resto es un lamentable silencio.