No hay defensa ambiental

Si algo caracterizó al gobierno nacional en esta larga década fue ser funcional a los hechos consumados que le permiten al gobierno uruguayo y a la pastera continuar generando contaminación.
Acuerdos y contratos cuya letra chica siempre se desconoce, leyes que garantizan la impunidad de las empresas que se radican en el territorio, información ambiental que ha estado guardada a pesar de su directa relación con la salud de las poblaciones ribereñas, situación de contaminación evidente en ambas orillas y ningún plan para remediarlo, contradicciones que pone en evidencia las distintas formas de actuar de los organismos nacionales y amenazas de endurecer la postura pero que finalmente suena más a especulaciones electorales que a convicciones de políticas de Estado, es el cuadro de situación que mejor refleja la genuflexión y sumisión de la cancillería argentina. Si hasta pareciera que es la gerencia de UPM Botnia la que marca las decisiones en el Palacio San Martín en lugar de un equipo de trabajo para robustecer la política exterior del país.
Aunque parezca extraño, nada menos que las cancillerías de ambos países son los que menos han comprendido el origen y el desarrollo de este conflicto que se manifiesta en un paso fronterizo. La cartera que debe dominar la política exterior ha sido funcional a los intereses de la otra orilla y quienes deben velar por la tutela de los intereses nacionales han quedado siempre postrados a los intereses de UPM Botnia.
La única constante que hoy puede exhibir el gobierno nacional en torno a este conflicto es su incoherencia.
Así las cosas, la comunidad de Gualeguaychú vuelve a quedar sola, a pesar de las declamaciones que por estas horas –dominadas por la campaña electoral- suenan de manera constante.
La pastera no sólo que ha quedado en evidencia en su rol contaminador, sino que también se le permitió de manera unilateral aumentar su producción… y aquí nada ha pasado; excepto la falta de defensa de los intereses nacionales.
Las comunidades ribereñas quedan esclavas de esta situación, es evidente que pierden espacios de libertad y encima pareciera que deben someterse a vivir en un ambiente contaminado sin poder hacer otra cosa que expresarlo a los gritos.
En materia ambiental los gobiernos de la región han expresado su vocación por ejecutar lo que el llamado neoliberalismo apenas se atrevió a anunciar. Así, se han convertido en ejecutores y gendarmes y han favorecido a lo largo y ancho de todo el territorio nacional la expoliación y han facilitado las actividades extractivas en detrimento de sus propios pueblos.
Más que defender el interés general han defendido el afán de lucro de la pastera, pero también de las empresas ligadas con la minería a cielo abierto, con los grandes pool de soja que han hecho estragos en las provincias, nunca han desarrollado una política de defensa del agua dulce de manera integral y encima han criminalizado y judicializado a quienes se atrevieron a señalar estas incongruencias.
Pareciera que las cancillerías se han convertido en expertas en esto de aniquilar la esperanza de los pueblos, favoreciendo los ecocidios, no informando en tiempo y forma y lo que es peor aún: simular diferencias para luego abrazarse en el mismo sumidero por donde se filtra la contaminación.