Nuevo sistema procesal penal provincial
A principio de febrero de este año se implementó en Gualeguaychú el nuevo sistema procesal penal provincial, que ya rige también para las jurisdicciones de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguay y está próximo a implementarse en Paraná.
En primer lugar hay que señalar que desde entonces hasta la fecha, el cambio ha sido muy positivo, porque además permitió capitalizar la experiencia de otras jurisdicciones (como Concordia) donde ya se había implementado con anterioridad a Gualeguaychú.
Quien haya seguido de cerca este proceso, observará que el sistema de audiencias prácticamente ha prescindido del expediente, dado que los jueces resuelven en el juicio oral y público, es decir, de cara a los implicados.
Otro cambio significativo ha sido que ahora los fiscales tienen el rol protagónico de la investigación y el antiguo juez de Instrucción ejerce el rol de velar por las garantías constitucionales.
Si hay que señalar una crítica, tal vez un poco forzada, es que se requiere de una mayor práctica de publicidad e información por parte de la propia Justicia. Esto dicho en la necesidad de intensificar campañas más pedagógicas que permitan por ejemplo, que los ciudadanos participen más en las salas de audiencias. Para ello es indispensable que la Justicia elabore programas para llegar a las escuelas y a los propios ciudadanos, de modo que la comunidad se sienta partícipe de la experiencia de un juicio oral y público y simultáneamente ejerza mejor un rol de controlador del servicio de Justicia.
Junto con este cambio que, se insiste, es muy positivo, hay que señalar otro: el jueves 15 de agosto se creó por Resolución Nº 72, del Procurador General del Poder Judicial de Entre Ríos el denominado Consejo de Fiscales.
Se trata de un órgano colegiado, que fue creado justamente por la puesta en funcionamiento del nuevo sistema procesal adversarial.
De acuerdo a esa Resolución, este Consejo tendrá como objetivos o funciones “asesorar y colaborar con el Procurador General en su gestión”.
Se trata de una herramienta importante, porque estará integrado por todos los fiscales generales de coordinación de cada jurisdicción, que serán quienes solventarán la formulación de políticas vinculadas con la persecución penal. Además, deberán monitorear y cumplir con los lineamientos de la política-criminal en cada jurisdicción.
Esto no es otra cosa que abonar en los cambios procedimentales e incluso culturales para tener herramientas de solución de calidad para los conflictos penales. El otro punto a favor es que se podrá trabajar de manera más coordinada y coherente, porque las distintas jurisdicciones judiciales dejarían de ser compartimentos estancos y la solución de la conflictividad penal no quedaría atrapa en una burocracia tan lenta como innecesaria.
Tanto el nuevo sistema procesal penal provincial como la creación del Consejo de Fiscales, generan importantes expectativas vinculadas con la calidad del servicio de Justicia, y comienza a saldar una deuda que tenía el Estado entrerriano con sus ciudadanos.
Quien haya seguido de cerca este proceso, observará que el sistema de audiencias prácticamente ha prescindido del expediente, dado que los jueces resuelven en el juicio oral y público, es decir, de cara a los implicados.
Otro cambio significativo ha sido que ahora los fiscales tienen el rol protagónico de la investigación y el antiguo juez de Instrucción ejerce el rol de velar por las garantías constitucionales.
Si hay que señalar una crítica, tal vez un poco forzada, es que se requiere de una mayor práctica de publicidad e información por parte de la propia Justicia. Esto dicho en la necesidad de intensificar campañas más pedagógicas que permitan por ejemplo, que los ciudadanos participen más en las salas de audiencias. Para ello es indispensable que la Justicia elabore programas para llegar a las escuelas y a los propios ciudadanos, de modo que la comunidad se sienta partícipe de la experiencia de un juicio oral y público y simultáneamente ejerza mejor un rol de controlador del servicio de Justicia.
Junto con este cambio que, se insiste, es muy positivo, hay que señalar otro: el jueves 15 de agosto se creó por Resolución Nº 72, del Procurador General del Poder Judicial de Entre Ríos el denominado Consejo de Fiscales.
Se trata de un órgano colegiado, que fue creado justamente por la puesta en funcionamiento del nuevo sistema procesal adversarial.
De acuerdo a esa Resolución, este Consejo tendrá como objetivos o funciones “asesorar y colaborar con el Procurador General en su gestión”.
Se trata de una herramienta importante, porque estará integrado por todos los fiscales generales de coordinación de cada jurisdicción, que serán quienes solventarán la formulación de políticas vinculadas con la persecución penal. Además, deberán monitorear y cumplir con los lineamientos de la política-criminal en cada jurisdicción.
Esto no es otra cosa que abonar en los cambios procedimentales e incluso culturales para tener herramientas de solución de calidad para los conflictos penales. El otro punto a favor es que se podrá trabajar de manera más coordinada y coherente, porque las distintas jurisdicciones judiciales dejarían de ser compartimentos estancos y la solución de la conflictividad penal no quedaría atrapa en una burocracia tan lenta como innecesaria.
Tanto el nuevo sistema procesal penal provincial como la creación del Consejo de Fiscales, generan importantes expectativas vinculadas con la calidad del servicio de Justicia, y comienza a saldar una deuda que tenía el Estado entrerriano con sus ciudadanos.
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